Propuesta en el Congreso capitalino abre debate sobre propiedad privada, regulación urbana y el papel del gobierno en el uso del patrimonio
En el Congreso de la Ciudad de México comenzó a discutirse una iniciativa que podría redefinir algo fundamental: qué tanto puede el gobierno decidir sobre el uso de la propiedad privada.
La propuesta fue presentada por la diputada local Diana Sánchez Barrios, y plantea reformas a varias leyes de la capital —entre ellas la de Turismo, Vivienda y Establecimientos Mercantiles— con el argumento de combatir fenómenos como la gentrificación y el crecimiento de los hospedajes temporales.
Pero más allá del diagnóstico, el contenido de la iniciativa ha encendido críticas porque limitaría directamente la forma en que los propietarios pueden usar sus inmuebles.
Las restricciones que propone
El punto más polémico es claro: los nuevos desarrollos habitacionales ya no podrían destinarse a hospedaje de corta estancia, es decir, no podrían ofrecerse en plataformas de renta temporal.
La iniciativa también plantea que quienes quieran rentar su vivienda en estas plataformas deberán cumplir nuevas condiciones:
- Vivir en el inmueble que ofrecen.
- Registrar únicamente una vivienda para este tipo de hospedaje.
- Garantizar que el uso de suelo sea habitacional.
En la práctica, esto implicaría que muchos propietarios que hoy rentan departamentos como inversión o segunda vivienda quedarían fuera de este modelo de negocio.
Para sus críticos, el problema no es solo el turismo o las plataformas digitales.
El debate de fondo es otro: si el Estado debe decidir qué puede o no hacer una persona con su propio patrimonio.
Un debate que va más allá del turismo
Desde la oposición, legisladores han señalado que la propuesta podría representar una intervención excesiva del gobierno en la propiedad privada.
El diputado local del PAN, Diego Garrido, sostuvo que impedir que propietarios renten sus departamentos en plataformas digitales —especialmente en inmuebles nuevos— podría incluso abrir la puerta a controversias constitucionales.
Especialistas en derecho administrativo advierten que el tema no es menor.
Las ciudades del mundo han intentado regular el hospedaje temporal para atender problemas de vivienda, pero esas políticas suelen abrir tensiones entre regulación urbana y derechos de propiedad.
La pregunta es si la propuesta presentada en el Congreso capitalino equilibra esos intereses o simplemente traslada el problema al terreno de las restricciones legales.
La figura detrás de la iniciativa
La discusión también ha puesto nuevamente bajo los reflectores a Diana Sánchez Barrios, una legisladora cuya trayectoria política ha estado marcada por el activismo, pero también por polémicas y procesos legales.
Originaria del Centro Histórico de la Ciudad de México, inició su carrera pública vinculada a la defensa de derechos de la diversidad sexual y al comercio en la zona.
Con el paso de los años ha transitado por distintos partidos políticos y proyectos electorales.
En 2021 fue detenida por la Fiscalía de la Ciudad de México bajo acusaciones de extorsión y robo en pandilla, cargos que ella calificó públicamente como parte de una persecución política.
Su figura también ha estado envuelta en controversias recientes en redes sociales y en el debate político capitalino.
Ese historial hace que, para algunos sectores, la credibilidad de la iniciativa también esté en discusión.
El fondo del debate
La regulación del hospedaje temporal no es un tema nuevo. Ciudades como Nueva York, Barcelona o Ámsterdam han impuesto restricciones para intentar contener el impacto del turismo en el mercado inmobiliario.
Pero el caso de la Ciudad de México abre otra discusión.
No solo se trata de regular plataformas digitales.
Se trata de definir hasta dónde puede llegar el gobierno cuando decide cómo deben usarse los bienes privados.
Porque cuando el debate pasa de regular una actividad a limitar directamente el uso del patrimonio, la discusión deja de ser turística o urbana.
Y se convierte en un tema de libertades.
