Catorce mexicanos han fallecido en el contexto de la ofensiva migratoria del gobierno de Trump, cuatro de ellos en el centro de procesamiento de Adelanto, en California.
En la mañana del 16 de marzo, Rogelio Pérez Jiménez, conocido como Royer, fue encontrado sin vida en una habitación del Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida. Tenía 20 años, era originario de San Juan Chamula, una comunidad indígena de Chiapas, y había emigrado a Estados Unidos cuando tenía 15. Era el mayor de cinco hermanos y trabajaba en un restaurante. Según la organización Detention Watch Network, es la persona más joven en morir en un centro de detención migratorio desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025. La causa oficial de su muerte sigue bajo investigación.
Días después se confirmó la muerte de José Guadalupe Ramos Solano, de 52 años, originario de Guanajuato. Fue encontrado inconsciente el 25 de marzo en el centro de procesamiento de Adelanto, en California, operado por la empresa privada GEO Group, y murió en un hospital de Victorville al que fue trasladado. La causa oficial tampoco ha sido determinada.
Con Ramos Solano, el conteo llega a 14 mexicanos fallecidos desde el inicio del segundo mandato de Trump: 11 bajo custodia del ICE, dos durante operativos migratorios y uno más por un tiroteo en una instalación del ICE en Dallas. Cuatro de esas muertes ocurrieron en Adelanto, lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores calificó como un patrón persistente de deficiencias estructurales.
Qué decidió el gobierno mexicano
El 30 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció en su conferencia mañanera un cambio de estrategia: México ya no se limitará al envío de notas diplomáticas. El gobierno participará en una demanda colectiva contra el ICE, llevará los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sostendrá reuniones con las familias de las víctimas.
La frase que usó para anunciarlo: “Nada justifica las condiciones de procesamiento y detención migratoria que deriven en la muerte.”
El mecanismo legal específico es la figura del amicus curiae, traducido del latín como amigo de la corte. Permite que un tercero ajeno al litigio aporte argumentos, información y elementos jurídicos relevantes ante el juez, sin formar parte directa de la demanda y a discreción del tribunal.
La demanda a la que se suma México
La acción colectiva se llama L.T. Sevak Mesrobian et al vs ICE y fue presentada el 26 de enero de 2026 ante la Corte de Distrito Central de California por cuatro personas detenidas en Adelanto, con el apoyo del despacho Public Counsel, una firma de abogados sin fines de lucro enfocada en derechos civiles y justicia social con base en Los Ángeles.
La demanda describe el centro de Adelanto, ubicado en medio del desierto de Mojave en el condado de San Bernardino, como un lugar donde los migrantes son maltratados y su dignidad humana básica les es negada. Según el documento legal, en sus instalaciones las enfermedades e infecciones son generalizadas, hay moho en las paredes y se niega a los detenidos alimentación suficiente, agua potable, atención médica adecuada y consideraciones para personas con discapacidad.
Entre los demandantes está un hombre hemipléjico con un tumor en la columna vertebral que no recibe atención médica, y otro con epilepsia al que no siempre le suministran los medicamentos necesarios, lo que le provoca crisis. En una de ellas, fue esposado de brazo y pierna a la cama durante cinco días mientras estaba hospitalizado en condición crítica.
La demanda busca representar a todas las personas detenidas actualmente en Adelanto o que pudieran ser recluidas ahí, y tiene como objetivo terminar con las condiciones que considera ilegales e inconstitucionales.
Qué puede hacer México como amicus curiae y qué no
La figura del amicus curiae no convierte a México en parte demandante. El gobierno puede presentar un escrito con argumentos, información sobre el impacto en sus nacionales y elementos jurídicos que ayuden al tribunal a comprender el alcance del caso. Su participación depende de que el juez la acepte.
No es la primera vez que México recurre a esta figura. En marzo de 2024, bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, la entonces canciller Alicia Bárcena presentó un amicus curiae ante el Tribunal del Quinto Circuito en Nueva Orleáns contra la ley SB4 de Texas, que permitía a autoridades estatales detener y deportar migrantes.
Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la SRE, que encabezó el anuncio desde California, explicó que con esta acción México busca garantizar trato digno, acceso oportuno a evaluaciones médicas, alimentación adecuada, condiciones de higiene suficientes y atención inmediata a problemas de salud para los detenidos. Advirtió además que el gobierno agotará todas las instancias jurídicas, diplomáticas y multilaterales disponibles.
El perfil de los detenidos
Entre junio de 2025 y marzo de 2026, el Consulado General de México en Los Ángeles entrevistó a mil 809 personas detenidas por el ICE. El promedio de estancia en Estados Unidos de esas personas es de más de diez años. El 36 por ciento tiene hijos nacidos en ese país. El cónsul general, Carlos González Gutiérrez, describió a estos migrantes como contribuyentes activos a la prosperidad de la sociedad y miembros integrados a la comunidad de la que han formado parte por décadas.
También señaló su preocupación por la subcontratación de los centros de detención a empresas privadas como GEO Group, a quien opera Adelanto.
Lo que sigue
México planea llevar los casos ante la CIDH en lo que sería la primera vez que el gobierno mexicano eleva esta situación a esa instancia internacional. El ICE no ha respondido públicamente al anuncio de México. La causa de muerte de José Guadalupe Ramos Solano sigue sin ser determinada oficialmente.
