Cambios en el Calendario del Código Procedimental Civil y Familiar de la CDMX
Ciudad de México – Con el objetivo de optimizar la justicia en la capital, el Congreso de la Ciudad de México ha anunciado ajustes en el calendario de implementación del nuevo Código Procedimental Civil y Familiar. Esta decisión busca responder de manera efectiva a las necesidades de la ciudadanía.
Nueva Fecha de Implementación
Durante una reciente conferencia de prensa, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Rafael Guerra Álvarez, y el titular de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, confirmaron que la nueva fecha para la entrada en vigor del Código será el 1° de abril de 2027. Esta prórroga es resultado de una solicitud realizada el 29 de mayo de 2025 para modificar la vigencia del Código, permitiendo así consolidar los resultados de la primera etapa de implementación.
“Hemos decidido avanzar con pasos certeros y sin prisa”, afirmó Guerra Álvarez, enfatizando la importancia de homologar los procedimientos y acercar la justicia a quienes más la necesitan.
Proceso de Revisión Legislativa
El congresista de la bancada de Morena, Alberto Martínez Urincho, subrayó que la comisión que lidera continuará revisando las adecuaciones legislativas necesarias. Aseguró que estos cambios redundarán en una atención más eficiente para la ciudadanía, marcando un avance significativo en la implementación del nuevo Código.
Aspectos Clave del Nuevo Código
- Homologación de Procedimientos: El nuevo sistema judicial busca uniformar procesos para mejorar el acceso a la justicia.
- Fortalecimiento de la Justicia: Con los recientes ajustes en la fecha, se podrá asegurar una mejor preparación y capacitación del personal involucrado.
- Atención Eficaz: Se espera que la consolidación del servicio tenga un impacto positivo en la rapidez y eficacia de la atención hacia los ciudadanos.
Conclusiones
La prórroga en la implementación del Código Procedimental Civil y Familiar de la Ciudad de México es un paso crucial hacia la mejora del sistema de justicia. La colaboración entre el Tribunal Superior de Justicia y el Congreso es fundamental para que estos cambios se materialicen y beneficien a la población.
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