Lo que le pasa a Sinaloa no puede leerse sin Chihuahua, y ninguno de los dos puede leerse sin la historia
La bomba que llegó a Cancillería
El martes 28 de abril, a las seis de la tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México recibió de la Embajada de Estados Unidos una solicitud de detención provisional con fines de extradición contra diez personas, entre ellas el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza. Hasta ahí, el procedimiento era formalmente correcto. Lo que vino después no lo fue.
Pocas horas más tarde, antes de que México pudiera siquiera analizar la documentación recibida, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo pública la acusación formal. La noticia explotó en medios de comunicación de ambos países al mediodía del miércoles 29. México se enteró del contenido de la solicitud que le habían enviado la noche anterior por los canales de prensa estadounidenses, no por los canales diplomáticos.
La Cancillería mexicana fue explícita en su respuesta: los tratados vigentes establecen con claridad que este tipo de información es confidencial. Por esa razón, la SRE anunció que enviaría un extrañamiento formal a la Embajada de Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer el caso. No es un detalle menor de protocolo. Es una señal de que Washington decidió deliberadamente saltarse las formas, hacer el anuncio en público y colocar a México ante un hecho consumado frente a la opinión internacional.
Esa decisión de hacer el escándalo antes que la diplomacia dice tanto sobre las intenciones de Estados Unidos como la acusación misma.
Chihuahua primero: el detonante
Para entender por qué llegamos aquí, hay que retroceder apenas dos semanas. A mediados de abril, el gobierno de Chihuahua fue sacudido por la revelación de que agentes de la CIA habían participado en un operativo contra un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara, conocido como “El Pinal”. En el operativo murieron cuatro personas: dos funcionarios de seguridad del estado y dos ciudadanos estadounidenses identificados como agentes de la agencia de inteligencia. Viajaban con pasaporte diplomático y visa de turista.
La gobernadora Maru Campos, del PAN, dijo no haber sabido del operativo. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó esa versión. El gobierno federal sostuvo que no tenía conocimiento de esa colaboración y envió una nota de protesta al embajador estadounidense Ron Johnson, señalando que la presencia de agentes extranjeros sin notificación federal constituía una vulneración de la Ley de Seguridad Nacional.
Desde el bloque de Morena en el Senado se exigió la comparecencia de Campos y se advirtió que los hechos podrían configurar el delito de traición a la patria. Campos se negó a comparecer. El PAN cerró filas con ella. El oficialismo hizo del caso Chihuahua un emblema de la entrega de la oposición a Washington. Esa narrativa tuvo apenas dos semanas de vida antes de que llegara la acusación formal contra Rocha Moya y le cambiara por completo el signo político al debate.
Dentro del propio gobierno federal hay quienes leen los dos episodios como una secuencia, no como una coincidencia. La acusación contra Rocha habría sido, al menos en parte, una respuesta de Washington al escándalo de Chihuahua: una forma de decirle a México que la presión va en los dos sentidos, y que Estados Unidos tiene sus propias cartas para jugar.
Dos tipos de gobernadores, una sola crisis de Estado
Lo que el mapa político de México reveló en estas dos semanas es una realidad que incomoda a todos los bandos: hoy el país tiene dos tipos de gobernadores igualmente problemáticos. Los que abren la puerta a agencias de inteligencia extranjeras sin informar al gobierno federal, y los que están infiltrados hasta la estructura por el crimen organizado. Ambos perfiles representan una claudicación del Estado, aunque de naturaleza muy distinta.
Chihuahua representa la entrega del territorio al aliado incómodo: una agencia extranjera que opera en suelo nacional sin control federal, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. Sinaloa representa algo más grave: la presunta captura del Estado por el crimen. No la convivencia tolerada, no la omisión estratégica, sino la colusión activa, documentada y cronológicamente trazada.
El error político del oficialismo fue construir su narrativa sobre soberanía exclusivamente sobre el caso Chihuahua, sin advertir que el mismo argumento que usaban contra Maru Campos aplicaba, con mayor intensidad, contra un gobernador de su propio movimiento. Cuando la Fiscalía de Nueva York hizo pública la acusación, la narrativa oficialista no colapsó sola: fue colapsada por la lógica de sus propios argumentos.
El pretexto cambia, la lógica no
Para leer con honestidad lo que está ocurriendo, hay que ser capaces de sostener dos verdades al mismo tiempo. La primera: las acusaciones contra Rocha Moya son graves, están documentadas con un nivel de detalle que va mucho más allá de la retórica política, y merecen un proceso judicial serio. La segunda: la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de México no es nueva, no es neutral, y no puede leerse sin su historia.
Hace aproximadamente seis décadas, entre 1956 y 1969, el jefe de la estación de la CIA en México fue Winston Scott, quien desde una posición oficial de fachada en la embajada estadounidense tejió una red de informantes que llegaba hasta Los Pinos. Tres presidentes consecutivos —Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría— fueron activos del programa LITEMPO, el nombre en clave con que la CIA clasificaba sus operaciones en México. Fue el propio López Mateos quien propuso en 1958 la operación conjunta de espionaje conocida como LIENVOY, que monitoreaba las embajadas cubana y soviética en la Ciudad de México, y que también tenía entre sus objetivos a disidentes internos: el expresidente Lázaro Cárdenas y el muralista David Alfaro Siqueiros tuvieron sus teléfonos intervenidos.
El pretexto entonces era el comunismo. La CIA armó a la Dirección Federal de Seguridad, formó cuadros militares en la Escuela de las Américas, infiltró revistas intelectuales y reclutó escritores para distribuir propaganda anticomunista en América Latina. Documentos de la CIA recientemente desclasificados en el marco de los archivos sobre el asesinato de John F. Kennedy confirman que esa colaboración se prolongó al menos hasta 1994.
El pretexto hoy es el narco. La lógica de fondo es la misma: Estados Unidos opera en territorio mexicano cuando le conviene, con la complicidad parcial o total de actores mexicanos, y usa esa presencia o esa información para ejercer presión política cuando le resulta útil. Eso no convierte a Rocha Moya en inocente. Pero sí obliga a leer la acusación formal con todos sus contextos encima.
Lo que dice la acusación
La acusación presentada por el fiscal Jay Clayton tiene 34 páginas. No es un documento político: es una acusación formal con fotografías de listas de sobornos escritas a mano, nombres en clave, montos exactos y una línea cronológica que arranca en 2012, cuando Rocha era candidato. Es decir, la acusación sostiene que llevaba al menos una década vinculado a la estructura del Cártel de Sinaloa antes de convertirse en gobernador.
Los cargos incluyen conspiración para exportar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; y conspiración en lavado de dinero. Según la acusación, Los Chapitos —la facción del Cártel liderada por los hijos del Chapo Guzmán— apoyaron la candidatura de Rocha a cambio de control total sobre la Policía Estatal de Sinaloa. El expediente narra que antes de las elecciones de 2021, funcionarios del gabinete entregaron a los líderes del cártel listas con nombres y domicilios de adversarios políticos del candidato para intimidarlos y obligarlos a retirarse. El día de las elecciones, sicarios del cártel robaron urnas y papeletas en varios municipios; la Policía Estatal tenía instrucciones precisas de no intervenir en ninguna casilla.
Entre los casos más graves que documenta el expediente está el de octubre de 2023, cuando elementos de la Policía Municipal de Culiacán usaron patrullas oficiales para detener y entregar a sicarios del cártel a una fuente confidencial de la DEA y a sus familiares. Entre las víctimas había un menor de 13 años. Todos fueron torturados y asesinados como represalia por haber hablado con autoridades estadounidenses.
Vale subrayarlo: desde México, las denuncias sobre la relación de Rocha con el crimen organizado no son nuevas. Periodistas locales y organizaciones civiles en Sinaloa las venían documentando desde hace años. El problema no era la falta de información. Era la falta de voluntad institucional para actuar sobre ella.
La decisión más difícil
La acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos no va dirigida contra Claudia Sheinbaum. No hay un solo nombre de su gabinete en los cargos presentados. Eso es el punto de partida para pensar con claridad qué le corresponde hacer a la presidenta.
Sheinbaum fue enfática en señalar que bajo ningún motivo se permitirá la injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le corresponden al pueblo de México. Tiene razón en el principio. El problema es que ese principio, aplicado de manera absoluta, puede convertirse en escudo de impunidad. La soberanía ha sido invocada en la historia de México con más frecuencia para proteger a los poderosos que para defender al pueblo.
Sheinbaum enfrenta aquí una de las decisiones más complejas de su gobierno. Si las acusaciones son graves, si hay documentación que las sostiene, si desde México se venían conociendo indicios en la misma dirección, ¿cuál es el argumento para no actuar? La soberanía no puede ser la respuesta cuando lo que se está protegiendo es la presunta colusión de un gobernador con una estructura criminal.
Al mismo tiempo, sería ingenuo ignorar que Estados Unidos no actúa por altruismo. La acusación llega en un contexto de máxima presión bilateral: aranceles, amenazas de intervención militar, designaciones de cárteles como organizaciones terroristas y una relación que se ha deteriorado significativamente desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. La pregunta que México debe hacerse no es solo si las acusaciones son verdaderas, sino también por qué ahora, por qué en esta forma, y qué espera Washington a cambio.
Esas dos preguntas no se cancelan mutuamente. Rocha Moya puede ser culpable y la acusación puede ser también una palanca de presión política. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Y es exactamente ahí donde se encuentra el dilema real de la presidenta: cómo actuar con firmeza frente a la corrupción en sus propias filas sin convertirse en instrumento de los intereses de Washington.
La acusación no es contra ella. Pero la decisión que tome sí la define. Permitir que las investigaciones avancen con independencia, no blindar a quien deba ser procesado, y al mismo tiempo no ceder la soberanía jurídica del país a una fiscalía extranjera que no rinde cuentas ante los ciudadanos mexicanos: eso no es una contradicción. Es lo que se espera de alguien que gobierna de verdad.
Es una decisión difícil. Políticamente difícil y personalmente difícil. Pero precisamente para eso se llega a la presidencia.
Nota: Este análisis se basa en información pública disponible al 30 de abril de 2026, incluyendo el comunicado de la SRE, la acusación formal de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, declaraciones públicas del gabinete de seguridad y documentos desclasificados de la CIA sobre operaciones en México durante la Guerra Fría.
