Controversia en torno a la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel

La reciente detención de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, ha suscitado un profundo debate sobre la legalidad y los fundamentos de las acusaciones en su contra. Fernando Gómez Mont, abogado de Ruffo, sostiene que las pruebas presentadas por la fiscalía son inconsistentes y carecen de sustento.

Acusaciones cuestionadas

En una entrevista con MILENIO Televisión, Gómez Mont enfatizó que las fechas de las acusaciones no coinciden y que no existe evidencia que vincule a Ruffo con el crimen organizado. Según él, el expediente se basa mayoritariamente en inspecciones que indican la presencia de combustible en ferrotanques, sin ofrecer claridad sobre la logística involucrada.

“Poco se habla del trámite administrativo”, afirmó Gómez Mont. “No se explica quién introdujo ese material al país ni cómo se realizó el transporte, lo que es fundamental para entender si había alguna operación delictiva.”

Falta de pruebas concretas

El abogado criticó duramente el proceso, señalando que muchos de los datos utilizados para implicar a Ruffo son previos a las acusaciones. “No hay una sola prueba que demuestre que estuvo en contacto con los otros acusados para facilitar actividades ilícitas”, subrayó, añadiendo que la fiscalía ha tenido más de un año para encontrar evidencia concreta sin éxito.

“Si van a tratar de vincular hechos de esta manera, todos podrían ser acusados. Es una detención arbitraria y caprichosa”, sentenció el abogado.

Un acto político discutible

Gómez Mont también calificó la decisión de enviar a Ruffo y otros exfuncionarios al penal de máxima seguridad de Almoloya como “una canallada”. Según él, esta medida refleja un abuso de poder y una radicalización de la política de delincuencia organizada.

“No hay un solo antecedente que justifique una acción de esta magnitud. Se están utilizando tácticas que pueden resultar perjudiciales para el sistema de justicia”, manifestó.

Llamado a la racionalidad

El abogado instó a las autoridades a reconsiderar la situación y a proporcionar pruebas más claras sobre las acusaciones. “La historia nos enseña que aquellos que abusan del poder, eventualmente, enfrentan las consecuencias de su arbitrariedad”, concluyó, instando a que Ruffo no permanezca en Almoloya, ya que este penal debe ser reservado para los delincuentes más peligrosos.

El futuro de esta controversia dependerá del avance de las investigaciones y de la respuesta del sistema judicial ante las acusaciones de abuso de poder y falta de evidencia concreta.