Transparencia en Crisis: Tres Estados Ignoran el Nuevo Modelo Nacional
En un panorama preocupante, Chihuahua, Querétaro y Nuevo León se mantienen al margen de la reforma de transparencia que debe entrar en vigor en marzo de 2025. A pesar de ser estados con gobiernos de oposición, su inacción contrasta con los esfuerzos realizados en otras partes del país para adaptarse al nuevo marco legal que busca aumentar la rendición de cuentas.
Implicaciones de la Reforma de Transparencia
Según datos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), de los 32 estados mexicanos, solo estos tres no han realizado las modificaciones necesarias en sus constituciones locales. La reforma, aprobada en diciembre de 2024, eliminó los organismos autónomos de transparencia y centralizó el acceso a la información en los poderes ejecutivos, tanto federal como estatales.
Aunque siete estados, como el Estado de México y Jalisco, han comenzado la armonización, aún carecen de leyes secundarias que complementen la nueva legislación. Esto plantea serias dudas sobre la eficacia del nuevo modelo, que tiene como objetivo garantizar un acceso más efectivo a la información pública.
Avances en la Ejecución de la Reforma
En los restantes 22 estados, los cambios ya se han implementado, incluyendo enmiendas a constituciones locales y la creación de leyes secundarias específicas. A nivel nacional, la Ley General de Transparencia dio paso a la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), dejando en su lugar el nuevo organismo llamado Transparencia para el Pueblo.
Este flip de modelo fue diseñado para mantener la supervisión a través de diferentes autoridades, cada una bajo la jurisdicción de sus respectivos poderes. La ley también estableció un plazo hasta junio de 2025 para que todos los estados ajustaran sus normativas.
La Resistencia de Estados Opuestos
El estancamiento en Chihuahua, Querétaro y Nuevo León, gobernados por el PAN y Movimiento Ciudadano, ha generado críticas por su falta de compromiso. Sus legislaturas, con mayoría panista y priista, aún no han cumplido con la obligación de homologar su marco jurídico, complicando aún más el acceso a la información.
Esta resistencia se convierte en un desafío para la transparencia en la administración pública, dificultando que los ciudadanos ejerzan su derecho a conocer cómo se utilizan los recursos públicos en sus estados.
Resultados Positivos en Otros Estados
A pesar de las dificultades que enfrentan los estados opositores, el nuevo modelo ha comenzado a operar exitosamente en al menos diez estados, incluyendo Coahuila y Veracruz. Estos estados han establecido sistemas robustos que aseguran la transparencia administrativa, lo que ilustra que es posible implementar eficazmente la reforma.
Sin embargo, en entidades como Nayarit y Yucatán, se observa que aún hay integración pendiente en sus subsistemas locales de transparencia, lo que evidencia que, aunque hay avances, cada región enfrenta diferentes retos.
Mientras el país avanza hacia un modelo de mayor transparencia, la renuencia de algunos estados emblemáticos de la oposición anuncia un futuro incierto para la rendición de cuentas en México.
