Esta semana, la controversia y la política se mezclaron de una forma poco común, involucrando a Baja California, a Televisa, al periodista Enrique Acevedo, a un senador de Morena que antes militaba en el PAN y a una senadora que busca convertirse en la próxima gobernadora del estado. Aquí te contamos todo lo que pasó.
El contexto: Baja California, un estado clave para 2027
Baja California será uno de los estados más competidos en las elecciones del próximo año y uno de los más importantes para los partidos políticos, por dos razones. La primera es que se trata de un estado fronterizo, con una de las fronteras más relevantes del país. La segunda es que el actual gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda ha estado envuelto en distintas polémicas, lo que abre la puerta a una contienda especialmente competida.
Por eso, al estilo de las corcholatas que Morena usó para elegir a su candidata presidencial, el PAN ya presentó a sus aspirantes a competir por la gubernatura. Morena, en cambio, todavía no anuncia quién será su coordinador o coordinadora estatal para la Defensa de la Cuarta Transformación en Baja California, es decir, su candidato o candidata.
Uno de los nombres que más suena es el de Julieta Ramírez, senadora de Morena con licencia y aspirante a esa candidatura.
Y fue justamente Ramírez quien esta semana quedó en el centro de la polémica.
La investigación de N+
Una investigación de N+, presentada en el noticiario estelar de Enrique Acevedo, señaló que Ramírez estaría siendo investigada por el gobierno de Estados Unidos y que actualmente buscaría convertirse en testigo colaborador del Departamento de Justicia de ese país.
De acuerdo con la nota, firmada por los periodistas Alejandra Barriguete y Luis Villegas, de la unidad de investigación N+ Focus, tuvieron acceso a lo que se conoce como un proffer agreement entre la Oficina del Condado de San Diego del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la senadora morenista.
Este tipo de acuerdo es un contrato escrito entre un fiscal y la parte investigada, o un testigo colaborador, que permite entregar información sobre un delito a cambio de que esa declaración no se use directamente en su contra durante un juicio.
Según el reportaje, Ramírez habría acordado reunirse con personal del Departamento de Justicia estadounidense para que las autoridades determinaran si la información que podía aportar era confiable, a cambio de algún beneficio legal.
La respuesta de Julieta Ramírez
A través de sus redes sociales, Julieta Ramírez negó por completo la versión difundida por N+.
Se refirió a los señalamientos como “mitote” y descalificó el trabajo periodístico, argumentando que no se había presentado ninguna prueba concreta. Desafió públicamente a la empresa a mostrar el documento que, según el reportaje, tendría su nombre y firma, y publicó reels en tono de burla sobre el tema.
Ramírez enmarcó todo el caso como parte de un ataque contra el movimiento de Morena, no solo contra su persona. Aseguró que todo lo publicado forma parte de una campaña de desprestigio contra el movimiento al que pertenece y cuestionó el manejo periodístico de las acusaciones, señalando que le parecía lamentable que algunos medios y opinadores se prestaran a ser voceros de esos ataques sin corroborar la existencia y veracidad de las acusaciones y los documentos presentados.
La dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel, también calificó como falsos los señalamientos, y Montiel declaró en conferencia de prensa que le cree a Julieta, describiéndola como una joven muy responsable.
La amenaza que escaló el conflicto
Pero, como dice el dicho, no faltó quien empeorara la situación.
El senador de Morena Luis Fernando Salazar salió en defensa de Ramírez y acusó que el reportaje contenía información no suficientemente acreditada.
El miércoles publicó un mensaje en sus redes sociales, posteriormente eliminado, en el que le decía directamente al periodista Enrique Acevedo que iban a ir tras de él por “vulgar mentiroso”, calificándolo de “corriente” y diciéndole que le debería dar vergüenza.
Enrique Acevedo denunció públicamente haber recibido esa amenaza tras la publicación del reportaje, y numerosos periodistas se solidarizaron con él.
El senador Salazar borró después su publicación y aseguró que sus palabras se referían únicamente a la intención de emprender acciones legales por presunta difamación.
Este jueves, Salazar se disculpó públicamente por el mensaje.
Un momento políticamente sensible
Todo este señalamiento ocurre en un momento particularmente relevante para Julieta Ramírez, quien solicitó licencia al Senado precisamente para participar en la disputa interna por la candidatura de Morena a la gubernatura de Baja California en 2027.
La legisladora mantiene además una relación política cercana con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda: antes de llegar al Congreso de la Unión, Ramírez se desempeñó como secretaria particular de Ávila durante su gestión como presidenta municipal de Mexicali.
No es la primera vez que Ramírez enfrenta señalamientos de este tipo.
Desde enero de 2026 circularon rumores de que le habrían revocado la visa para cruzar a Estados Unidos. El 19 de enero, ella misma decidió desmentir esas versiones cruzando la garita de Mexicali hacia Calexico, donde acudió a una tienda de descuento y compró una hamburguesa en un restaurante de comida rápida como forma de demostrar públicamente que podía ingresar sin problema al país vecino.
