El Paquete Económico 2027, entregado al Congreso el 8 de septiembre, incluye una nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, cuyo objetivo declarado es reducir gradualmente el uso de efectivo en México, con plazos específicos y sin subir impuestos.
La medida busca ampliar la base contributiva combatiendo la informalidad, no por decreto, sino incentivando la migración hacia pagos que dejan rastro.
Qué propone exactamente México
El objetivo declarado del gobierno es ampliar la base de contribuyentes combatiendo la informalidad y la evasión fiscal, sin crear nuevos impuestos.
La nueva ley establecería obligaciones de registro, información, seguridad, trazabilidad e interoperabilidad para fintechs, proveedores de servicios de pago y plataformas digitales.
No se trata de una prohibición general del efectivo, sino de una reducción sectorial: se prevé que la Secretaría de Hacienda pueda determinar, sector por sector, que el pago electrónico sea la única opción aceptada en lo que se han llamado sectores estratégicos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que la transición vendrá con tiempos específicos, es decir, de forma gradual y no como un corte abrupto.
El argumento oficial tiene dos caras. Por un lado, se habla de ahorro en comisiones bancarias y mayor seguridad para el ciudadano. Por otro, más explícito en boca del secretario de Hacienda, Édgar Amador, se trata de combatir a las llamadas factureras, la evasión y la elusión fiscal.
Como medida de acompañamiento, se contempla una reforma al Régimen Simplificado de Confianza para que las micro y pequeñas empresas puedan elegir entre el régimen actual o un esquema simplificado, buscando suavizar la transición para el segmento más informal de la economía.
Un dato importante para entender el punto de partida de México es que el país no tiene únicamente un problema de infraestructura.
El SPEI permite transferencias prácticamente inmediatas y México cuenta con una infraestructura bancaria y de pagos digitales mucho más desarrollada que varios de los países que intentaron transiciones similares.
Pero el efectivo sigue dominando una parte importante de las compras cotidianas.
La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 muestra que, incluso en compras superiores a 500 pesos, el efectivo continúa siendo el medio de pago más frecuente para alrededor de dos terceras partes de la población.
Eso cambia el tipo de política que puede funcionar: no se trata solamente de construir más infraestructura digital, sino de dar una razón real para dejar de utilizar el efectivo.
Por qué la prohibición abrupta no funciona
La experiencia internacional es clara en un punto: prohibir o retirar el efectivo de golpe puede provocar efectos económicos importantes sin garantizar que desaparezcan la informalidad o la evasión.
En India, en noviembre de 2016, el gobierno de Narendra Modi anuló de la noche a la mañana los billetes de 500 y mil rupias, argumentando un combate al dinero negro.
El resultado fue que prácticamente todo el dinero retirado terminó regresando al sistema bancario.
La medida golpeó especialmente al enorme sector informal y provocó disrupciones económicas, sin conseguir eliminar de manera definitiva la evasión o la corrupción.
Paradójicamente, India terminaría convirtiéndose años después en uno de los mayores ejemplos mundiales de digitalización de pagos, pero no gracias a la eliminación forzada del efectivo.
En Nigeria, entre 2022 y 2023, el banco central redujo drásticamente el efectivo disponible durante un proceso de rediseño de billetes y estableció un periodo corto para cambiar las denominaciones antiguas.
La combinación de escasez de nuevos billetes, limitada inclusión financiera y una infraestructura digital insuficiente provocó una crisis de efectivo que afectó especialmente a trabajadores y pequeños comercios.
La Suprema Corte del país terminó interviniendo y obligó a extender la vigencia de los billetes anteriores.
Incluso sin que exista una prohibición estatal, la velocidad del cambio también puede generar problemas.
En Suecia fue el propio mercado, bancos y comercios, el que empujó rápidamente hacia los pagos digitales.
Para 2022, apenas el 8 por ciento de los suecos había utilizado efectivo en su compra más reciente en una tienda física, frente a cerca del 40 por ciento en 2010.
La transición llevó al banco central sueco a advertir que el efectivo sigue siendo necesario para determinados grupos y también como mecanismo de respaldo en situaciones de crisis o fallas del sistema digital.
Lo que sí ha funcionado: incentivo, no prohibición
Uno de los casos más interesantes para México es el de Corea del Sur.
Desde finales de la década de 1990, el país comenzó a utilizar incentivos fiscales para lograr que consumidores y comercios registraran cada vez más operaciones.
El mecanismo combinó deducciones fiscales para pagos con tarjeta, sistemas de comprobantes electrónicos y obligaciones para determinados negocios.
La lógica era sencilla: si el consumidor tenía un beneficio por solicitar un comprobante o pagar electrónicamente, también aumentaba la presión sobre el comercio para declarar la operación.
Un estudio del Korea Development Institute encontró que la deducción fiscal por consumo con tarjeta introducida en 1999 tuvo un efecto estadísticamente significativo sobre la recaudación del IVA.
Corea mostró que una política de pagos digitales puede convertirse también en una herramienta para ampliar la base fiscal cuando existen incentivos claros para el consumidor.
Uruguay siguió una lógica similar con su Ley de Inclusión Financiera de 2014.
La reforma combinó bancarización de salarios y prestaciones con reducciones del IVA para determinados pagos electrónicos.
La política produjo un fuerte crecimiento en el uso de tarjetas.
Pero el caso uruguayo deja también una advertencia importante.
Un estudio publicado en 2025 en el American Economic Journal: Economic Policy encontró que la devolución del IVA generó un aumento inmediato de alrededor de 50 por ciento en el número de operaciones con tarjeta, pero no encontró un aumento equivalente en el cumplimiento tributario de las empresas.
Es decir: digitalizar pagos sí puede cambiar rápidamente el comportamiento del consumidor, pero eso no significa automáticamente que vaya a eliminar la evasión fiscal.
India: del fracaso de la desmonetización al éxito de UPI
El contraste más llamativo probablemente sea el propio caso de India.
El mismo país que en 2016 sufrió enormes problemas intentando sacar efectivo de circulación construyó posteriormente uno de los sistemas de pagos digitales más exitosos del mundo.
La clave fue UPI, una infraestructura que permite transferencias instantáneas desde aplicaciones y cuentas bancarias de manera sencilla y con costos mínimos para el usuario.
En agosto de 2026, UPI procesó alrededor de 24 mil 500 millones de transacciones en un solo mes, más del doble de las 12 mil millones mensuales que registraba apenas unos años antes.
La lección es relevante: India avanzó mucho más hacia una economía digital cuando hizo que pagar electrónicamente fuera fácil, inmediato y barato que cuando intentó reducir el efectivo mediante un shock.
M-PESA en Kenia muestra una lógica parecida.
El sistema permitió que millones de personas utilizaran teléfonos celulares para realizar pagos y transferencias incluso sin contar con acceso a la banca tradicional.
Su éxito no surgió de prohibir el efectivo, sino de ofrecer una herramienta que para una parte importante de la población resultaba más accesible que el propio sistema bancario.
El contraste que explica por qué un buen incentivo puede fracasar
Uno de los hallazgos más útiles de esta comparación internacional es que no basta con crear un incentivo: también importa cómo se diseña.
Italia lanzó entre 2020 y 2022 el programa Piano Italia Cashless, que incluía reembolsos para pagos electrónicos y una lotería vinculada con comprobantes fiscales.
Sobre el papel, la lógica se parecía a estrategias utilizadas en otros países: premiar al consumidor por dejar rastro digital de sus compras.
Pero el programa enfrentó problemas de costo, complejidad y participación.
Para recibir determinados beneficios, los usuarios tenían que registrarse previamente y asociar sus medios de pago, mientras que la participación de los comercios tenía limitaciones importantes.
La experiencia terminó mostrando que un incentivo atractivo puede perder efectividad si genera demasiada fricción para quien debe utilizarlo o si resulta excesivamente costoso para el Estado.
La diferencia respecto de Corea del Sur no estuvo solamente en la existencia de un incentivo, sino en todo el ecosistema construido alrededor del mismo: facilidad para el usuario, obligaciones del lado del comercio e integración del pago con el sistema fiscal.
Argentina: cuando el incentivo pierde valor
Argentina ofrece otra lección.
El país ha utilizado en distintos momentos programas de devolución de impuestos vinculados al pago con tarjeta de débito.
En 2023, por ejemplo, lanzó el programa Compre sin IVA, que devolvía parte del impuesto a determinados consumidores que realizaran sus compras con medios electrónicos.
El problema de este tipo de programas aparece cuando los montos máximos o beneficios no se actualizan al mismo ritmo que los precios.
En una economía con inflación elevada, un incentivo fiscal que inicialmente puede resultar relevante termina perdiendo rápidamente capacidad para cambiar el comportamiento del consumidor.
La lección es distinta a la de India o Nigeria: incluso una política bien orientada puede dejar de funcionar si el incentivo se vuelve demasiado pequeño para influir en la decisión cotidiana de pago.
Dónde queda México en esta comparación
El diseño que México plantea hasta ahora, sectorial, gradual y con plazos específicos, se aleja del modelo de shock aplicado en India o Nigeria y evita, al menos en el papel, algunos de los errores más evidentes de esos casos.
Sin embargo, existe una diferencia importante respecto de experiencias como Corea del Sur o Uruguay.
Hasta el momento no se ha anunciado un incentivo económico directo de gran alcance para que el consumidor prefiera voluntariamente el pago electrónico, como una reducción del IVA, una deducción fiscal o una devolución automática.
La propuesta mexicana se apoya principalmente en regulación, trazabilidad y en la posibilidad de establecer pagos electrónicos obligatorios en determinados sectores.
La experiencia internacional sugiere que ese será uno de los puntos más importantes para observar.
Obligar a aceptar o utilizar pagos digitales puede aumentar la trazabilidad, pero un incentivo económico puede cambiar algo todavía más difícil: el hábito del consumidor.
También existe otra advertencia.
Una transición hacia menos efectivo debe considerar específicamente a adultos mayores, pequeños comercios, trabajadores informales y comunidades con problemas de conectividad.
Suecia demuestra que incluso una economía altamente digitalizada necesita conservar alternativas para quienes no pueden utilizar fácilmente el sistema electrónico y para situaciones en las que la infraestructura digital falla.
México parte de una posición distinta.
Tiene una infraestructura de pagos suficientemente desarrollada para acelerar la transición, pero también una economía informal enorme y una población que continúa utilizando efectivo incluso cuando dispone de otras opciones.
Por eso, la pregunta central no es únicamente si México puede reducir el uso de efectivo.
Es cómo conseguir que millones de personas quieran dejar de utilizarlo.
La experiencia internacional ofrece una pista: los países que intentaron quitar el efectivo rápidamente enfrentaron resistencia y disrupciones; los que hicieron que el pago digital fuera más fácil, más barato o económicamente conveniente consiguieron cambios mucho más duraderos.
La pregunta que queda abierta de cara a los próximos meses es si la nueva Ley de Economía Digital vendrá acompañada de algún incentivo económico real para consumidores y comercios, o si México apostará principalmente por la obligatoriedad sectorial que hasta ahora se ha planteado.
FAQs
¿México va a prohibir el efectivo?
No. La iniciativa presentada dentro del Paquete Económico 2027 plantea impulsar y regular los pagos digitales y reducir gradualmente el uso del efectivo, pero no establece una prohibición general inmediata.
¿Por qué México quiere reducir el uso de efectivo?
Uno de los objetivos es aumentar la trazabilidad de las operaciones económicas, combatir la evasión y facilitar que más actividades actualmente informales entren al sistema fiscal.
¿Qué tanto se usa efectivo en México?
Sigue siendo el medio dominante. La ENIF 2024 encontró que 85.2% de las compras de hasta 500 pesos se realizaban principalmente en efectivo, y en compras superiores a 500 pesos la proporción era 73.5%.
¿Qué países han logrado aumentar los pagos digitales?
Corea del Sur y Uruguay son ejemplos relevantes de políticas que combinaron infraestructura con incentivos fiscales. India también desarrolló posteriormente UPI, uno de los sistemas de pagos instantáneos más grandes del mundo.
¿Por qué fracasó la desmonetización de India?
En 2016 el gobierno retiró de circulación billetes de alta denominación buscando combatir dinero no declarado. Aproximadamente 98.96% del valor de los billetes terminó regresando al sistema bancario, debilitando uno de los principales argumentos originales de la medida.
¿Qué incentivo podría usar México para reducir el efectivo?
La experiencia internacional incluye rebajas de IVA, deducciones fiscales, devoluciones y otros beneficios vinculados al pago electrónico. Hasta ahora, la iniciativa mexicana se centra más en regulación y trazabilidad que en un incentivo económico directo comparable.
