La abogada electoral Mónica Calles se encuentra en el centro de la controversia tras asumir la defensa de una extrabajadora del Instituto Nacional Electoral (INE). Su lucha para recuperar pertenencias y datos personales de la clienta la ha llevado a una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), que ella considera un intento de silenciarla tras exponer irregularidades en redes sociales.
“Le apostaron a mi silencio, le apostaron mal, no me voy a quedar callada, voy a seguir denunciando”, aseguró Calles en una reciente entrevista.
El conflicto se originó cuando Calles comenzó a documentar la interacción con funcionarios del INE, quienes según ella, no ofrecieron explicaciones adecuadas sobre sus facultades y el procedimiento en cuestión. Grabaciones de esta diligencia se volvieron virales en redes sociales, lo que desató una serie de consecuencias legales en su contra.
Investigación Penal y Acusaciones
La situación se complicó cuando Mónica Calles recibió la notificación de una denuncia penal en la que se le imputa el delito de amenazas. Según sus palabras, esta acusación surge por su amenaza de hacer pública la audiencia relacionada con los funcionarios electorales.
“Me atribuyen el delito de amenazas, pero no amenazas a una persona, a sus bienes, no: amenazas de subir a redes sociales la audiencia, la audiencia de funcionarios del INE”, explicó Calles.
Mónica agregó que el propio Ministerio Público le advirtió sobre una posible ampliación de la denuncia, sugiriendo incluso la posibilidad de que se le acuse de extorsión por su intención de hacer pública la conducta de los funcionarios.
“A mí me están amenazando con el aparato penal del Estado y me están amenazando con cárcel, con cárcel por denunciar a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones”, sostuvo.
Un Cambio en la Dinámica del INE
Calles señala que esta situación marca un cambio significativo en cómo se gestionan las críticas dentro del INE. A lo largo de los años, han existido cuestionamientos hacia la autoridad electoral, incluso durante la presidencia de Lorenzo Córdova, pero asegura que nunca antes un acto de exhibición de irregularidades había llevado a una denuncia penal.
“Que a partir de una crítica, de una exposición de lo que hacen los funcionarios, se presenten denuncias penales contra quien los exhibió, eso no lo habíamos visto antes”, afirmó Calles.
A pesar de la presión legal en su contra, Mónica Calles reafirma su compromiso de seguir luchando por sus clientes. Está evaluando recurrir al amparo y ha activado procedimientos ante organismos internacionales, mientras continúa representando a trabajadores del Instituto.
La historia de Mónica Calles es un recordatorio de los desafíos que enfrentan aquellos que intentan visibilizar irregularidades en instituciones públicas y destaca la necesidad de una defensa robusta de la libertad de expresión en el ámbito electoral.
