La Ciudad de México parece condenada a convivir con los baches. Cada temporada de lluvias reaparecen las mismas imágenes: calles rotas, automóviles esquivando hoyos, cuadrillas reparando tramos que meses después vuelven a deteriorarse y habitantes que reclaman soluciones que parecen nunca llegar.
Parte de la explicación está en las características físicas de la propia ciudad. La capital se encuentra en una cuenca cerrada, recibe lluvias intensas durante buena parte del año y arrastra una infraestructura hidráulica envejecida. El Gobierno de la Ciudad de México ha reconocido que buena parte de las redes de agua tiene más de 60 años de antigüedad y presenta fugas constantes, lo que obliga además a realizar reparaciones frecuentes que terminan afectando el pavimento.
A eso se suman el tránsito pesado, los hundimientos, las lluvias y el desgaste cotidiano. Todo eso explica por qué aparecen los baches. Pero no explica completamente por qué repararlos de manera definitiva resulta tan complicado.
La otra parte del problema tiene que ver con cómo está organizado el gobierno de la ciudad, quién recauda los impuestos y quién tiene la responsabilidad de mantener las calles.
Dos gobiernos para una misma ciudad
En la Ciudad de México existen dos niveles de gobierno responsables de la red vial. El Gobierno central atiende principalmente las vialidades primarias: ejes viales, grandes avenidas y corredores principales. Las 16 alcaldías, en cambio, tienen bajo su responsabilidad las vialidades secundarias, es decir, las calles interiores de colonias y barrios.
Históricamente, alrededor del 90 por ciento de la red vial de la ciudad corresponde a vialidades secundarias, mientras que cerca del 10 por ciento pertenece a la red primaria. En términos prácticos, eso significa que la enorme mayoría de las calles que utiliza diariamente la población depende de las alcaldías.
Y ahí aparece una de las principales contradicciones del modelo: las alcaldías tienen que mantener gran parte de las calles, pero no controlan directamente buena parte de los impuestos que se generan dentro de su territorio.
El predial no se queda directamente en la alcaldía
El ejemplo más claro es el impuesto predial.
Si una persona tiene una propiedad en Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Tlalpan o cualquier otra alcaldía, el predial que paga no se queda directamente en esa demarcación. La recaudación forma parte de los ingresos de la Hacienda Pública de la Ciudad de México y posteriormente los recursos se distribuyen mediante el presupuesto y distintos fondos y mecanismos de asignación.
Para 2026, el Gobierno capitalino estimó recaudar más de 28 mil millones de pesos solamente por concepto de predial.
Las alcaldías reciben recursos mediante asignaciones presupuestales, participaciones y fondos cuya distribución considera factores como población, pobreza, superficie territorial, población flotante, áreas verdes o suelo de conservación. El resultado es que no existe una relación directa entre la actividad económica que ocurre en una alcaldía y la cantidad de recursos que esa alcaldía puede conservar para sí misma.
Eso no significa que las alcaldías no tengan incentivos para mantener sus calles. Existe presión vecinal, política y electoral para hacerlo. El punto es que el incentivo fiscal es débil: mejorar una calle puede aumentar el valor de las propiedades, favorecer nuevos negocios y generar más actividad económica, pero esos ingresos adicionales no llegan automáticamente a las finanzas de la alcaldía responsable del mantenimiento.
Una calle mejor puede generar más dinero, pero no necesariamente para quien la arregla
Pensemos en una calle comercial.
Si está bien pavimentada, tiene banquetas adecuadas, iluminación y servicios públicos eficientes, es razonable esperar que aumente la actividad económica de la zona y también el valor de las propiedades que se encuentran alrededor. Eso puede traducirse en mayor recaudación de predial, más actividad empresarial y mayores ingresos para la ciudad.
Sin embargo, la alcaldía que pagó por mejorar esa calle no recibe necesariamente una parte adicional de esos ingresos.
Su presupuesto depende principalmente de lo que le sea asignado mediante los mecanismos establecidos por la ciudad. Por eso, desde la perspectiva fiscal, una calle bien mantenida no produce un retorno directo y automático para la demarcación que gastó recursos en repararla.
Ahí está uno de los problemas de incentivos del modelo actual.
¿Cuánto dinero hay para repavimentar?
Eso no significa que no existan recursos para atender las calles.
Para 2026, las 16 alcaldías cuentan con un presupuesto conjunto superior a 57 mil 600 millones de pesos. Además, el Gobierno de la Ciudad de México destinó 1,850 millones de pesos para infraestructura urbana y creó un Fondo de Repavimentación por 1,000 millones de pesos dirigido específicamente a vialidades secundarias.
Por su parte, la Secretaría de Obras y Servicios cuenta también con recursos para mantenimiento, bacheo y repavimentación de vialidades primarias.
El problema es que esos fondos tienen que repartirse entre miles de kilómetros de calles y competir además con otras necesidades de infraestructura: drenaje, alumbrado, banquetas, espacios públicos, agua y servicios urbanos.
Por eso la discusión no es simplemente si existe o no dinero. También importa cómo se distribuye y qué incentivos genera el sistema.
El ejemplo de China
En discusiones sobre infraestructura urbana suele aparecer China como ejemplo de gobiernos locales con fuertes incentivos económicos para invertir en sus ciudades.
El argumento tiene una base real.
Desde la reforma fiscal de 1994, conocida como fenshuizhi, China estableció un sistema de reparto de impuestos entre el Gobierno central y los gobiernos locales. Durante años, una parte de determinados impuestos generados en cada territorio permaneció en manos de las autoridades subnacionales, creando incentivos para atraer empresas, inversión y actividad económica.
Diversos estudios académicos han documentado que los gobiernos locales con mayor capacidad para retener ingresos fiscales tendieron a invertir más en infraestructura urbana.
Pero utilizar China como modelo directo para México sería equivocado.
Ese mecanismo opera dentro de un sistema político muy distinto, con un Estado altamente centralizado, un sistema de partido único y funcionarios locales cuya carrera política históricamente ha estado relacionada con metas de crecimiento económico y desempeño administrativo.
China sirve para entender el mecanismo de los incentivos fiscales, pero no necesariamente como un modelo institucional que México pueda copiar.
Alemania y España: incentivos locales en democracias
La comparación más interesante aparece en países democráticos con gobiernos municipales que sí cuentan con una mayor autonomía tributaria.
En Alemania existe el Gewerbesteuer, un impuesto municipal sobre la actividad empresarial. Cada municipio puede fijar su propio multiplicador fiscal, conocido como Hebesatz, y una parte importante de lo recaudado permanece en el propio municipio.
Eso crea una relación mucho más directa entre actividad económica e ingresos locales. Si un municipio logra atraer empresas, desarrollar nuevas zonas económicas o aumentar su actividad productiva, sus propias finanzas también pueden beneficiarse.
En España ocurre algo similar. Los ayuntamientos cuentan con impuestos propios como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, IBI, equivalente en términos generales al predial mexicano; el Impuesto sobre Actividades Económicas, IAE; y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, IVTM.
La diferencia respecto a la Ciudad de México no es que Alemania o España hayan eliminado los baches. También los tienen.
La diferencia es que sus gobiernos municipales cuentan con instrumentos fiscales propios y existe una relación más directa entre la actividad económica de un territorio y los ingresos disponibles para su gobierno local.
El verdadero debate es la autonomía fiscal
Por eso el problema de los baches termina llevando a una discusión mucho más profunda: qué tan autónomas deberían ser fiscalmente las alcaldías de la Ciudad de México.
Hoy las alcaldías pueden ejercer los recursos que reciben, pero no cuentan con una potestad tributaria comparable a la de muchos gobiernos municipales en otros países. Una parte importante de su capacidad financiera depende de las asignaciones aprobadas por el Congreso de la Ciudad de México y de los mecanismos de distribución establecidos por la legislación local.
Un modelo distinto podría permitir, por ejemplo, que las alcaldías conservaran una parte de determinados impuestos generados dentro de su territorio.
Eso crearía un incentivo adicional: si una alcaldía mejora sus calles, atrae inversión, aumenta la actividad comercial o eleva el valor de las propiedades, una parte de ese crecimiento también fortalecería directamente sus finanzas.
Pero una reforma de ese tipo también tendría riesgos.
Alcaldías como Miguel Hidalgo, Benito Juárez o Cuauhtémoc podrían captar muchos más recursos que demarcaciones con menor actividad económica o mayores niveles de pobreza. Por eso cualquier esquema de mayor autonomía fiscal tendría que mantener mecanismos de redistribución que eviten profundizar las desigualdades territoriales.
La pregunta que queda
Los baches de la Ciudad de México tienen muchas causas: lluvias, infraestructura hidráulica envejecida, hundimientos, tránsito pesado, mantenimiento insuficiente y recursos limitados.
Pero detrás de todos esos factores existe una discusión institucional que suele pasar desapercibida.
Las alcaldías son responsables de mantener la mayor parte de las calles de la ciudad, pero tienen una relación limitada con los impuestos que genera su propio territorio.
El problema, entonces, no es solamente cuánto dinero se destina a reparar calles, sino qué incentivos genera el sistema para invertir constantemente en ellas.
Alemania y España muestran que es posible combinar gobiernos locales con mayores herramientas fiscales y mecanismos de redistribución dentro de sistemas democráticos.
La pregunta no es si cada alcaldía debería quedarse con todo el dinero que genera. La pregunta es si debería quedarse con una parte.
Porque mientras la responsabilidad de mantener buena parte de las calles sea local, pero el vínculo entre actividad económica y recaudación permanezca centralizado, reparar un bache seguirá siendo principalmente un gasto para la alcaldía, y no una inversión que también fortalezca directamente sus propias finanzas.
El deterioro de las calles tiene varias causas, entre ellas las lluvias intensas, el tránsito, la antigüedad de la infraestructura hidráulica, fugas y reparaciones constantes. A esto se suma la división de responsabilidades y recursos entre el Gobierno central y las alcaldías.
Depende del tipo de vialidad. El Gobierno de la Ciudad de México atiende principalmente las vialidades primarias, mientras que las alcaldías son responsables de gran parte de las calles y vialidades secundarias.
Para 2026 se estableció un Fondo de Repavimentación por 1,000 millones de pesos para las 16 alcaldías, además de 1,850 millones para infraestructura urbana.
No directamente como un municipio independiente. El predial forma parte de los ingresos de la Hacienda Pública de la Ciudad de México. Para 2026 se estimó una recaudación superior a 28 mil millones de pesos por este impuesto.
Tienen autonomía para ejercer los recursos que les son asignados, pero no cuentan con una potestad tributaria equiparable a la de muchos municipios de otros países. Sus recursos provienen principalmente de asignaciones, participaciones, fondos e ingresos específicos permitidos por la legislación local.
