Este 23 de septiembre, el senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa que busca incorporar a la ley el mérito deportivo y obligar a que las competencias profesionales con distintas categorías cuenten con un mecanismo permanente de ascenso y descenso.
Aunque el debate está centrado en el fútbol mexicano, la reforma no está redactada exclusivamente para la Liga MX. Su alcance sería nacional y aplicaría a cualquier disciplina profesional organizada en dos o más categorías dentro de una misma estructura competitiva.
Cómo llegamos hasta aquí
En 2020, en medio de la crisis financiera provocada por la pandemia de covid-19, se suspendió el ascenso y descenso entre la Liga MX y la entonces Liga de Ascenso. La medida fue presentada como temporal y se planteó inicialmente por un periodo de cinco años.
Sin embargo, el sistema no regresó al cumplirse ese plazo.
Para la temporada 2026-2027, el reglamento de competencia de la Liga MX confirmó nuevamente que los clubes de Primera División no descenderían a la Liga de Expansión y que los equipos de esa categoría tampoco podrían obtener el ascenso deportivo.
Así, una suspensión que originalmente se planteó como extraordinaria continúa vigente más de seis años después.
El debate llegó esta semana al Senado. El lunes 21 de septiembre se realizó el conversatorio “Fuera de lugar: ¿por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso en el fútbol?”, donde legisladores, directivos de la Liga de Expansión, jugadores, exjugadores, especialistas y periodistas discutieron las consecuencias del modelo actual.
Durante ese encuentro, Clemente Castañeda anunció que presentaría una reforma para incorporar expresamente el mérito deportivo entre las obligaciones que deben observar las asociaciones deportivas nacionales.
El argumento planteado en el foro fue que cerrar la posibilidad de ascender no solamente modificó una regla de competencia, sino que limitó el camino de clubes, futbolistas, inversionistas y proyectos deportivos que buscan llegar a las categorías superiores.
El tema tampoco es nuevo en la conversación pública. El 15 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó expresamente el ascenso y descenso entre los asuntos que, desde su perspectiva, era importante que escuchara la Federación Mexicana de Fútbol.
A esto se suma otro elemento reciente. El 14 de septiembre, la Comisión Nacional Antimonopolio abrió una investigación formal por posibles prácticas monopólicas relativas en el mercado de afiliación, organización y acceso a competiciones de fútbol profesional federado en México.
La investigación no ha determinado responsabilidades, pero colocó el modelo de acceso al fútbol profesional también bajo la mirada de la autoridad de competencia económica.
Qué dice exactamente la iniciativa
La propuesta modifica el artículo 50 de la Ley General de Cultura Física y Deporte e incorpora el mérito deportivo entre los principios que deben observar las asociaciones deportivas nacionales.
El cambio más importante establece que, cuando una disciplina profesional tenga dos o más categorías dentro de una misma estructura competitiva, deberá existir un mecanismo que permita y garantice el ascenso y descenso de equipos entre divisiones.
La redacción plantea que este mecanismo deberá considerar todas las categorías correspondientes, sin excepción alguna.
Esto significa que, de aprobarse en sus términos actuales, la Federación Mexicana de Fútbol ya no podría mantener indefinidamente una Primera División completamente cerrada a la movilidad deportiva con las categorías inferiores.
Sin embargo, la iniciativa no determina exactamente cómo tendría que funcionar ese sistema.
No establece cuántos equipos deberán ascender o descender, cómo se calcularán los puntos, qué calendario deberá utilizarse ni cuál será la fórmula deportiva.
Ese diseño quedaría en manos de cada Asociación Deportiva Nacional; en el caso del fútbol, de la Federación Mexicana de Fútbol.
Esta es una de las características más importantes de la propuesta. Por un lado, evita que el Congreso determine directamente cómo debe administrarse una competencia deportiva. Por otro, deja un margen considerable para que cada federación establezca las condiciones bajo las cuales funcionará la movilidad entre categorías.
La discusión, por tanto, no terminaría necesariamente con la aprobación de la ley: también sería relevante conocer qué requisitos deportivos, administrativos y financieros establecería posteriormente la Federación para poder ascender.
Reglas claras y límites a las barreras de entrada
La iniciativa también incluye disposiciones para evitar que la existencia formal del ascenso y descenso termine siendo únicamente simbólica.
Las reglas deberán ser objetivas, claras, transparentes y públicas, y una vez aprobadas no podrán modificarse durante el periodo en el que se encuentren vigentes.
Además, la propuesta busca impedir barreras de acceso injustificadas que favorezcan a los equipos que ya participan en las categorías superiores.
Este punto responde a uno de los principales reclamos de los clubes de la Liga de Expansión: que aun cuando existen mecanismos de certificación, los requisitos administrativos, financieros y de infraestructura pueden convertirse en obstáculos difíciles de cumplir para poder acceder a Primera División.
La reforma contempla además obligaciones de rendición de cuentas, entre ellas la presentación de un informe anual ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y las comisiones legislativas correspondientes.
¿Cuándo podría regresar el ascenso y descenso?
La iniciativa establece que la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
A partir de ahí, las asociaciones deportivas nacionales tendrían un plazo de 90 días para armonizar sus estatutos y reglamentos.
Los torneos que ya se encuentren en curso concluirían con las reglas vigentes al momento de iniciarse.
Esto significa que, aun si la reforma fuera aprobada durante la temporada actual, no obligaría a modificar inmediatamente el torneo 2026-2027.
El nuevo mecanismo tendría que aplicarse en una temporada completa posterior al periodo de adecuación previsto en la reforma.
Por ello, cualquier eventual regreso efectivo del ascenso y descenso dependerá tanto del avance legislativo de la iniciativa como de las reglas que posteriormente establezca la Federación Mexicana de Fútbol.
Quiénes respaldan la propuesta
La iniciativa es impulsada por Clemente Castañeda y legisladores de Movimiento Ciudadano, pero el debate ha recibido respaldo de senadores de distintas fuerzas políticas.
Durante el foro participaron legisladores del PAN y Morena, entre otros grupos parlamentarios, y el proyecto ha circulado con firmas de senadores pertenecientes a distintas bancadas.
También han expresado su apoyo directivos de clubes de la Liga de Expansión, entre ellos Giovanni Solazzi, de Cancún FC; Eduardo López Villarreal, de Mineros de Zacatecas; y José Alberto Castellanos, de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.
Al conversatorio acudieron además jugadores, exjugadores, entrenadores, abogados y periodistas deportivos.
Que la iniciativa tenga respaldo multipartidista no significa, sin embargo, que su aprobación esté asegurada. El proyecto todavía debe recorrer todo el proceso legislativo y puede ser modificado durante su discusión en comisiones.
La Liga MX y la Federación no acudieron al foro
Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, y Francisco Iturbide, presidente de la Liga MX, fueron invitados al conversatorio realizado en el Senado, pero no participaron.
Castañeda señaló posteriormente que no recibió una explicación formal sobre su ausencia.
Hasta ahora, la postura conocida de las autoridades del fútbol mexicano ha sido que el regreso del ascenso y descenso requiere primero resolver problemas económicos y estructurales de la segunda categoría.
La Federación también ha vinculado anteriormente un eventual regreso del sistema con cambios más amplios en el modelo económico del fútbol mexicano, entre ellos la centralización de derechos de transmisión.
El argumento de fondo: lo privado también puede ser público
Uno de los debates centrales alrededor de la iniciativa es hasta dónde puede intervenir el Estado en una competencia organizada por asociaciones privadas.
Los impulsores de la reforma sostienen que el carácter privado de las instituciones deportivas no impide que sus actividades tengan consecuencias de interés público.
Durante el foro, Castañeda resumió esta idea con una frase: “Lo que es privado por su propiedad puede ser público por sus consecuencias”.
El argumento es que el fútbol profesional no afecta únicamente a los propietarios de los clubes. También genera empleos, inversiones, infraestructura, actividad comercial y oportunidades deportivas en distintas regiones del país.
Desde esa perspectiva, los promotores de la reforma consideran que el Estado puede establecer principios generales —como competencia, transparencia y mérito deportivo— sin decidir directamente cómo debe administrarse cada torneo.
Cómo funciona el proceso legislativo a partir de ahora
La presentación de la iniciativa no significa que el ascenso y descenso ya haya regresado.
El proyecto deberá ser turnado a las comisiones correspondientes del Senado, donde los legisladores podrán analizarlo, modificarlo y elaborar un dictamen.
Si ese dictamen es aprobado, pasará al pleno del Senado para su discusión y votación.
En caso de recibir el respaldo necesario, será enviado a la Cámara de Diputados, donde tendrá que atravesar nuevamente el proceso de comisiones y votación en el pleno.
Solamente si ambas cámaras aprueban el mismo texto podrá ser enviado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su posterior entrada en vigor.
Por ahora, la iniciativa presentada este 23 de septiembre representa el inicio del proceso legislativo.
El impacto real si la reforma avanza
La reforma no garantizaría por sí sola que el ascenso y descenso vuelva exactamente como funcionaba antes de 2020.
Lo que establecería es la obligación legal de contar con un mecanismo de movilidad entre categorías basado en principios de mérito deportivo.
La forma concreta seguiría dependiendo de la Federación Mexicana de Fútbol.
Ahí aparece uno de los principales puntos que deberá discutirse durante el proceso legislativo: cómo impedir que se cumpla formalmente con la obligación de tener ascenso y descenso, pero mediante requisitos tan restrictivos que la movilidad siga siendo excepcional o prácticamente imposible.
La propuesta intenta responder a esa preocupación mediante reglas de transparencia y prohibiciones contra barreras injustificadas, aunque su eficacia dependerá de la redacción final que eventualmente apruebe el Congreso y de la manera en que posteriormente se reglamente.
Lo que está en juego
El debate también tiene una dimensión económica y territorial.
Actualmente, los 18 clubes de Primera División representan únicamente a 13 estados del país, mientras que 19 entidades no cuentan con un equipo en Liga MX, de acuerdo con datos expuestos durante el foro del Senado.
Al mismo tiempo, la distancia económica entre Primera División y Liga de Expansión se ha ampliado.
Durante el conversatorio se afirmó que el valor promedio de una franquicia de Liga MX pasó de aproximadamente 15 millones de dólares hace seis años a alrededor de 150 millones, mientras que los proyectos de categorías inferiores no experimentaron una valorización comparable.
Estas cifras fueron utilizadas por los participantes del foro para argumentar que cerrar el acceso a Primera División tiene consecuencias que van más allá de lo deportivo. Deben entenderse, sin embargo, como datos expuestos por actores involucrados en el debate y no como una valuación independiente de todos los clubes de la Liga MX.
La discusión que comenzó como una exigencia de equipos y aficionados ha llegado así a tres terrenos distintos: el deportivo, el económico y ahora el legislativo.
La pregunta ya no es únicamente cuándo regresará el ascenso y descenso, sino si el acceso a la Primera División debe seguir siendo una decisión exclusiva de las estructuras del fútbol profesional o si el mérito deportivo debe quedar protegido también por la ley mexicana.
