El caso de Maricarmen Abascal, la señora de 87 años que fue desalojada en España, generó un tremendo debate con manifestantes en el centro de Madrid, pero también debate en otras partes del mundo.
El caso ya lo conoces, pero el debate que hay alrededor es muy interesante y necesario de tener en torno a la problemática de vivienda en el mundo.
El desalojo de Maricarmen en Madrid
El pasado 23 de septiembre, en el barrio de Retiro en Madrid, España, un barrio de clase alta, Maricarmen Abascal, de 87 años de edad y con una discapacidad del 50 por ciento reconocida oficialmente, fue desalojada del departamento donde había vivido prácticamente toda su vida, desde 1956. Literalmente salió en camilla.
Este hecho detonó protestas en Madrid e incluso un campamento de manifestantes en la emblemática Puerta del Sol.
Los decretos sobre vivienda que impulsó el gobierno español
En medio de las protestas y de la presión política, el gobierno español publicó dos decretos.
El primero extendía hasta 2030 determinadas protecciones frente a desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, permitiendo que un juez suspendiera el lanzamiento cuando se cumplieran ciertos requisitos. Además, incluía otras medidas sobre alquileres temporales, vivienda asequible y determinadas operaciones inmobiliarias.
El segundo endurecía la estabilidad de los contratos de alquiler, estableciendo que, tras cumplir cinco años de contrato con un propietario particular, o siete con una empresa, el arrendamiento pudiera renovarse automáticamente por otro periodo equivalente si el propietario no comunicaba con antelación su intención de finalizarlo.
Sin embargo, días más tarde, este viernes 2 de octubre, el Congreso español tumbó los dos decretos sobre vivienda. El Congreso derogó ambos, por lo que las medidas no quedaron vigentes.
Hasta aquí, un resumen de los hechos.
Las imágenes de la mujer saliendo de su casa en camilla dieron la vuelta al mundo y han terminado convirtiendo su caso en el símbolo de una crisis de vivienda que lleva años agravándose en España y en el mundo.
Definitivamente la situación es lamentable por sí sola. Una mujer de 87 años saliendo en camilla de la casa donde vivió prácticamente toda su vida es una escena triste y terrible, punto.
Sin embargo, el tema en sí tiene mucho debate y muchas preguntas que se están discutiendo en ambos lados.
¿Por qué Maricarmen seguía viviendo ahí?
Y es que hay que entender que Maricarmen vivía en el departamento desde que llegó al piso con sus padres en 1956. El contrato estaba a nombre de su padre. Tras su muerte, pasó a su madre, y cuando ella murió en 2005, Maricarmen volvió a subrogarse el contrato, esto por una ley que lo permitía.
Años después, la Audiencia Provincial de Madrid determinó que jurídicamente aquella segunda subrogación solo podía mantenerse durante un periodo limitado y que el contrato había quedado extinguido en 2007.
Durante los años posteriores, Maricarmen siguió viviendo ahí y pagando una cantidad extraordinariamente baja para la zona. Ella habla de aproximadamente 440 a 480 euros mensuales, incluyendo gastos.
En 2018, la empresa propietaria del inmueble, Renta Corporación, pretendía vender el piso por 247 mil euros y, antes de hacerlo, notificó formalmente a Maricarmen para que pudiera ejercer su derecho de tanteo, es decir, podía adquirir ella la vivienda por ese precio y esas condiciones.
Finalmente, Maricarmen no compró, y el inmueble se vendió.
Aquí es donde entran varias preguntas, que son el fondo de todo el debate.
La postura a favor de Maricarmen
Maricarmen no dejó de pagar el alquiler ni entró ilegalmente al piso. Vivió ahí bajo un contrato de renta antigua que venía de sus padres, y durante décadas pagó lo que legalmente correspondía.
Llevaba décadas viviendo en esa casa. Para ella no era simplemente un inmueble rentado, era prácticamente el hogar de toda su vida. Y esa vivienda puede pasar de un alquiler de unos cientos de euros a precios de mercado de varios miles, haciendo prácticamente imposible que alguien como ella pueda permanecer en la zona.
Tiene 87 años y una situación de vulnerabilidad evidente, y no es razonable ejecutar un desahucio sin tener antes resuelta una alternativa habitacional adecuada.
La postura a favor del propietario
Ahora, por el otro lado, también se cuestiona lo siguiente.
La vivienda nunca fue propiedad de Maricarmen. Era una vivienda alquilada, y el hecho de haber vivido ahí durante décadas no convierte automáticamente ese alquiler en un derecho permanente sobre el inmueble.
El contrato original era de su padre, después pasó a su madre y finalmente a ella. Los tribunales terminaron determinando que esa protección contractual había llegado a su fin.
Maricarmen trabajó durante casi cinco décadas como auxiliar administrativa y tuvo ingresos estables durante buena parte de su vida laboral. Eso también ha abierto preguntas sobre las decisiones económicas tomadas durante todos esos años y sobre por qué nunca llegó a adquirir una vivienda propia.
Sin embargo, tampoco existen datos públicos suficientes para afirmar cuánto ganaba, cuánto podía ahorrar o si realmente tuvo en algún momento capacidad económica para comprar una propiedad.
Lo que sí sabemos es que tuvo la oportunidad de comprar esa vivienda por unos 247 mil euros antes de que pasara a manos del nuevo propietario. Ella explicó que no tenía ese dinero y que, por su edad, tampoco podía conseguir una hipoteca.
Su situación personal puede ser muy difícil, pero surge otra pregunta: ¿por qué tendría que ser ese propietario en concreto quien cargue con el costo de garantizarle vivienda?
Si el Estado considera que una persona vulnerable no puede ser desalojada, debería ofrecer vivienda pública, ayudas, subsidios o compensar al propietario, en lugar de convertir, de facto, una propiedad privada en vivienda social.
De hecho, también se señala que sí se le ofrecieron algunas alternativas habitacionales, y que ella rechazó varias porque quería seguir viviendo de manera independiente y, en la medida de lo posible, permanecer en una vivienda y no trasladarse a una residencia.
También surgen dudas sobre cómo regular esto, porque si los propietarios sienten que alquilar implica perder, durante muchos años, el control sobre su propiedad, algunos pueden decidir no alquilar, lo cual podría reducir todavía más la oferta.
El acuerdo para que Maricarmen vuelva a su vivienda
Finalmente, después de días de protestas y negociaciones, Maricarmen y la empresa propietaria alcanzaron un acuerdo. Ella podrá regresar al departamento cuando sea dada de alta del hospital, con un nuevo contrato de ocho años y una renta ajustada a sus ingresos.
Es decir, su caso individual encontró una salida, pero el debate de fondo sigue completamente abierto.
El verdadero debate: vivienda digna frente a propiedad privada
Hay cosas ciertas. Maricarmen, ni nadie, debería quedarse sin una vivienda digna.
Pero eso no significa necesariamente que Maricarmen tenga derecho a permanecer específicamente en esa vivienda privada, aunque el contrato haya terminado.
En una postura, la responsabilidad principal recae sobre el Estado. En otra, una parte importante de esa responsabilidad termina recayendo sobre el propietario del inmueble.
Es decir, no hay una respuesta fácil, y de hecho no la hay todavía: ¿cómo proteger a una persona vulnerable sin convertir al propietario particular en quien termina financiando una política pública de vivienda?
Es un debate que explotó en España, pero que ya está en todo el mundo.
¿Tú qué opinas?
Preguntas
¿Quién es Maricarmen Abascal?
Maricarmen Abascal es una mujer de 87 años que fue desalojada en septiembre de 2026 del piso de Madrid donde había vivido durante más de 70 años.
¿Por qué desalojaron a Maricarmen?
El conflicto se originó por un antiguo contrato de alquiler que había pasado de sus padres a ella. Los tribunales determinaron que la protección contractual había terminado y que ya no tenía derecho legal a permanecer indefinidamente en la vivienda.
¿Cuánto pagaba Maricarmen de alquiler?
Maricarmen ha señalado que pagaba alrededor de 440 a 500 euros mensuales, incluyendo determinados gastos.
¿Por qué no compró el piso?
En 2018 tuvo la posibilidad de ejercer un derecho de tanteo para adquirirlo por unos 247 mil euros. Ella explicó que no disponía de ese dinero y que, por su edad, tampoco tenía acceso a una hipoteca.
¿Maricarmen podrá volver a su vivienda?
Sí. Tras el desahucio y las protestas, alcanzó un acuerdo con la empresa propietaria para regresar cuando reciba el alta médica. El nuevo contrato tendrá una duración de ocho años y la renta no superará el 30% de sus ingresos netos.
¿Qué pasó con los decretos de vivienda del gobierno español?
El gobierno aprobó dos decretos con medidas sobre desahucios, alquileres y estabilidad contractual, pero el Congreso rechazó ambos el 2 de octubre de 2026.
¿Por qué el caso generó tantas protestas?
El desahucio se convirtió en símbolo del debate sobre vivienda en España y provocó movilizaciones y una acampada en Puerta del Sol
