El Gobierno federal reafirma su compromiso de colaboración con los familiares en la búsqueda y dignificación de las víctimas de la “guerra sucia”.
En un esfuerzo por fortalecer la búsqueda de justicia y verdad, el Gobierno federal se reunió con representantes del Comité Eureka, con el objetivo de abordar las preocupaciones y exigencias de las familias afectadas por los abusos cometidos durante la “guerra sucia” en México durante las décadas de 1960 y 1970. Este encuentro se enmarca en un compromiso de las autoridades para garantizar una respuesta efectiva ante las inquietudes de quienes llevan años buscando a sus seres queridos.
En un mensaje difundido por su oficina, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la preservación de la memoria histórica y la atención a los colectivos que han luchado por el esclarecimiento de los sucesos son fundamentales para construir una nación basada en la dignidad, el respeto a los derechos humanos y la garantía de que estos actos no se repitan.
El compromiso del Estado mexicano con la memoria histórica
Durante este importante encuentro, la mandataria reafirmó la responsabilidad moral y legal del Estado mexicano para proporcionar respuestas claras sobre las violaciones de derechos humanos del pasado, asegurando que el sufrimiento de las víctimas no sea ignorado. Este compromiso se traduce en una voluntad genuina de trabajar junto a los activistas y los familiares en acciones que busquen tanto la verdad como la dignificación de las víctimas.
Las autoridades también subrayaron la importancia de la reconciliación social como un pilar para la transformación democrática del país. Es esencial que haya un reconocimiento sincero de las violaciones graves perpetradas en administraciones anteriores para construir un futuro justo y pacífico.
- Compromiso del Gobierno federal con la colaboración en la búsqueda de justicia.
- Responsabilidad de ofrecer respuestas sobre abusos del pasado.
- Importancia de la memoria histórica para prevenir la repetición de violaciones.
Este diálogo efectivo busca no solo reconocer el sufrimiento de quienes han sido afectados, sino también consolidar un vínculo institucional que promueva la justicia social y el derecho a la verdad para las futuras generaciones. A través de este enfoque, el Gobierno federal se compromete a cerrar una deuda histórica con los colectivos que continúan luchando por los derechos civiles en México, reafirmando su intención de avanzar hacia un país donde cada voz sea escuchada y respetada.
