El Gobierno Estatal Estudia Rescisión de Contratos que Afligen las Finanzas Públicas
La administración del estado se enfrenta a un dilema financiero significativo, ya que analiza la opción de rescindir ocho contratos de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y Asociaciones Público-Privadas (APP). El secretario de Finanzas, Óscar Flores, afirmó que estos acuerdos son una carga excesiva para las finanzas del gobierno estatal.
Compromisos Financieros Históricos
La entidad tiene compromisos económicos multianuales que ascienden a 51 mil millones de pesos, los cuales corresponden a siete proyectos de PPS y una APP. Sin embargo, hasta la fecha solo se han amortizado 5 mil 800 millones. Para el ejercicio fiscal en curso, se han presupuestado 6 mil millones, que incluyen pagos por servicios relacionados con estos proyectos.
Flores destacó que muchos de estos contratos fueron firmados durante la administración de Enrique Peña Nieto y se planificaron a un plazo de 30 años. En este contexto, su revisión y potencial cancelación se presentan como una necesidad urgente.
Refinanciamiento y Extinción de Fideicomisos
Durante su comparecencia ante el Congreso, en el marco del tercer informe de la gobernadora, el secretario de Finanzas también anunció planes para refinanciar la deuda pública. Actualmente, el gobierno estatal ha encontrado 52 fideicomisos, con un total de 41 mil millones de pesos; no obstante, se propone extinguir al menos 19 de ellos al no cumplir con los fines para los que fueron creados.
Flores destacó que, en tres años de gestión, no se ha contratado nueva deuda y se ha logrado reducir el total de la misma en 2 mil 500 millones de pesos. Al cierre de este año, se prevé un recorte adicional de 3 mil millones en el monto total y de 1 mil millones en los pagos por servicios.
Reacciones desde el Congreso
Las reacciones de los legisladores no se hicieron esperar. Araceli Casasola, del PRD, reconoció la disminución de la deuda, pero alertó sobre la excesiva dependencia del gobierno federal, que alcanza el 70%.
Martín Zepeda, de Movimiento Ciudadano, puso énfasis en la necesidad de atender las inversiones en la zona oriente del estado. Desde el PAN, Alexia Dávila subrayó que la salud financiera del estado no puede considerarse sólida si faltan recursos para hospitales, escuelas y cuerpos de seguridad.
Óscar González, del PT, sugirió implantar impuestos a las concesionarias de carreteras y a las empresas que, a su juicio, solo generan enriquecimiento sin contribuir al bienestar fiscal estatal. Alejandro Castro, del PRI, se centró en la urgencia de mejorar las vialidades y en el fortalecimiento financiero de los municipios.
Por su parte, Paola Jiménez, de Morena, reconoció los avances en las finanzas públicas, afirmando que la calidad de vida ha mejorado para muchas personas en el estado, quienes han podido salir de la pobreza.
Estos planteamientos reflejan la complejidad de la situación económica que enfrenta la administración estatal y la urgente necesidad de balances que promuevan un desarrollo sostenible y equitativo.

