Islas del Río Bravo: México cuestiona que Texas pueda definir su propiedad
La decisión de Texas de reconocer nueve islas del Río Bravo como parte de su patrimonio estatal abrió una nueva controversia fronteriza con México. La medida busca facilitar el ingreso de autoridades estadounidenses para realizar tareas de vigilancia, limpieza e inspección, pero el gobierno mexicano sostiene que un estado no puede determinar unilateralmente la soberanía de terrenos ubicados en una frontera compartida.
La disputa se conoció el 30 de octubre de 2026, luego de que la Oficina General de Tierras de Texas anunciara el reconocimiento de las islas. La gestión había sido solicitada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que busca acceso a esos espacios para labores de seguridad.
Texas argumenta que busca reforzar la vigilancia fronteriza
Dawn Buckingham, comisionada de Tierras de Texas, señaló que la falta de claridad sobre quién tenía a cargo las islas había dificultado su supervisión. Según la funcionaria, reconocerlas como propiedad estatal permitiría a las autoridades ingresar con mayor facilidad y atender la zona.
Buckingham también planteó que los terrenos podrían ser utilizados por organizaciones criminales para el tráfico de personas, el contrabando o el narcotráfico. Sin embargo, reconoció que no hay confirmación de que las nueve islas estén siendo empleadas actualmente para cometer delitos.
La postura texana se enmarca en una política de control fronterizo, pero el anuncio no resuelve por sí mismo la cuestión internacional sobre la ubicación de la línea divisoria ni establece, para México, quién tiene soberanía sobre cada terreno.
La respuesta de México se apoya en el tratado de límites
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recordó que la delimitación del Río Bravo está regulada por el Tratado de Límites de 1970. De acuerdo con la cancillería, la frontera sigue el centro del cauce normal del río, un criterio que debe utilizarse para determinar de qué lado de la línea internacional se encuentra cada isla.
Para México, la titularidad de las islas no puede definirse mediante una decisión unilateral de Texas: debe determinarse conforme a los acuerdos vigentes entre ambos países.
La cancillería indicó que la aplicación de las disposiciones corresponde a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), organismo binacional encargado de atender asuntos relacionados con la frontera fluvial. Por ello, México considera que cualquier análisis sobre las islas debe seguir los procedimientos acordados entre los dos gobiernos.
Qué funciones tiene la CILA en el Río Bravo
La comisión tiene responsabilidades relacionadas con la delimitación y el cumplimiento de los acuerdos fronterizos. Entre sus tareas están:
- Identificar la posición de las islas respecto de la línea divisoria internacional.
- Establecer a qué lado de la frontera corresponde cada territorio.
- Supervisar la aplicación de los acuerdos sobre el cauce del Río Bravo.
- Atender posibles intervenciones que afecten el comportamiento natural del río.
La SRE también recordó que ninguno de los dos países puede realizar obras que, a juicio de la comisión, provoquen desviaciones u obstrucciones en el flujo habitual del río. Esa disposición vincula la discusión territorial con la protección del cauce y el cumplimiento de los compromisos binacionales.
La controversia enfrenta una decisión estatal con acuerdos binacionales
El caso pone de relieve la diferencia entre el reconocimiento administrativo anunciado por Texas y las reglas internacionales que rigen la frontera entre México y Estados Unidos. Aunque el estado sostiene que la medida facilitará las labores de seguridad, México afirma que ese objetivo no reemplaza los mecanismos establecidos para resolver la delimitación y la propiedad de los terrenos.
La cancillería informó que dará seguimiento a las actividades que se realicen en las nueve islas y a cualquier acción que pueda tener consecuencias en la zona limítrofe. Mientras no haya una determinación conforme a los procedimientos binacionales, el anuncio texano mantiene abierta una disputa cuyo punto central es quién tiene autoridad para definir la soberanía de estos espacios del Río Bravo.
