Sonora reforma su Constitución para prevenir tragedias como el incendio de Waldo’s en Hermosillo

Al cumplirse un año del incendio en una tienda Waldo’s de Hermosillo, que dejó 24 personas fallecidas y 15 lesionadas, el gobernador Alfonso Durazo anunció cambios constitucionales para fortalecer la prevención de riesgos y la protección civil en Sonora.

La reforma, publicada en el Boletín Oficial del Estado, reconoce la protección civil como un derecho humano y crea un organismo autónomo encargado de impulsar políticas preventivas. El mandatario afirmó que el propósito es reducir la posibilidad de que se repitan emergencias como la ocurrida en el centro de la capital sonorense.

Un instituto autónomo para la gestión de riesgos en Sonora

La modificación establece la creación del Instituto de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. De acuerdo con Durazo, la nueva institución tendrá la responsabilidad de diseñar políticas públicas enfocadas en anticipar y prevenir situaciones de peligro, en lugar de limitarse a responder cuando una emergencia ya ocurrió.

El organismo contará con un consejo ciudadano y otro técnico asesor, integrado por especialistas. La persona que lo encabece será seleccionada mediante una convocatoria abierta, evaluada por un comité especializado y ratificada por dos terceras partes del Congreso estatal.

• La reforma constitucional ya fue publicada en el boletín oficial sonorense.
• El Congreso deberá emitir próximamente la convocatoria para elegir a la persona titular del instituto.
• El Ejecutivo estatal y organizaciones civiles elaborarán una nueva Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
• El gobernador se comprometió a fortalecer el presupuesto destinado a las instituciones de protección civil.

Durazo señaló que la iniciativa recibió el respaldo unánime de los partidos representados en el Congreso de Sonora. También explicó que la propuesta se desarrolló después de revisar las deficiencias de un sistema que, según dijo, estaba orientado principalmente a actuar de manera reactiva.

Para ese proceso, el gobierno realizó consultas con académicos, cuerpos de emergencia, brigadistas, colegios profesionales, organizaciones civiles y ciudadanos. La nueva legislación buscará establecer las bases para que la prevención forme parte de la gestión pública en el estado.

Apoyo a las familias y exigencia de justicia

En el aniversario del siniestro, el gobernador reiteró que el gobierno estatal mantendrá el acompañamiento médico, psicológico y legal a las familias de las 24 personas fallecidas y a quienes resultaron lesionados. También aseguró que se brindará la reparación integral que corresponda.

“Sé que el dolor de esta fecha no desaparece con discursos ni con decretos”, expresó Durazo. “El Estado no tiene derecho a fallar”.

El mandatario reconoció como legítima la demanda de verdad y justicia de las personas afectadas. Aclaró, sin embargo, que las decisiones sobre las investigaciones y los procesos judiciales competen a la Fiscalía, al Poder Judicial y a las demás autoridades dentro de sus atribuciones.

Investigaciones federales y estatales por el incendio de Waldo’s

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación sobre posibles responsabilidades de personal de la Comisión Federal de Electricidad en el incendio del 1 de noviembre de 2025. La indagatoria considera posibles delitos culposos relacionados con homicidio, lesiones y daños.

El delegado de la FGR en Sonora, Sergio Méndez, informó que se solicitaron peritajes y análisis de laboratorio con tecnología especializada para esclarecer el origen y las circunstancias del fuego. También indicó que la dependencia recibió el desglose del caso y que, aunque en las pesquisas han surgido nombres, todavía no se había precisado cuántas personas de la CFE podrían estar relacionadas con los hechos.

En paralelo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ha realizado sus propias actuaciones. A mediados de enero informó que imputó a ocho personas y a una persona moral por distintos delitos, entre ellos homicidio culposo, aborto, lesiones, daños, uso de documento falso e incumplimiento de un deber legal. El 27 de enero comunicó que seis personas y la entidad moral habían sido vinculadas a proceso.

La investigación también ha tenido decisiones judiciales sobre detenciones. En diciembre de 2025, las autoridades informaron que se habían librado 25 órdenes de aprehensión y que siete ya habían sido cumplimentadas. Tres días después, un juez ordenó la liberación de cinco personas detenidas; la Fiscalía estatal impugnó la resolución y sostuvo que esta no equivalía a un reconocimiento de inocencia ni se había basado en irregularidades durante las capturas.

Al anunciar la reforma, Durazo dijo que la memoria de las víctimas debe traducirse en cambios institucionales y acciones que eviten que una tragedia similar vuelva a ocurrir. Mientras avanzan las investigaciones y se define la nueva estructura de protección civil, el gobierno estatal mantiene el compromiso de acompañar a las familias y respaldar las demandas de justicia.