Sheinbaum plantea fortalecer Talleres Gráficos de México ante investigación por contratos electorales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que propondrá un decreto para reforzar Talleres Gráficos de México y permitir que un grupo interdisciplinario participe en la producción de materiales electorales. La iniciativa busca reducir la dependencia de proveedores privados, mientras el Gobierno federal revisa contratos adjudicados durante años por organismos electorales.

El anuncio se realizó el 5 de noviembre de 2026, durante la conferencia matutina, en la que la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó información sobre una red empresarial vinculada con los hermanos José Alfredo y Raimundo Hernández Casillas. Según la funcionaria, compañías relacionadas con ellos han participado en contrataciones electorales por casi tres décadas.

Qué propone Sheinbaum para producir material electoral

Sheinbaum dijo que el decreto busca fortalecer la capacidad de Talleres Gráficos de México, entidad pública dedicada a la impresión. La propuesta contempla la participación de especialistas de distintas áreas para mejorar la elaboración de boletas y otros insumos electorales.

La presidenta vinculó el planteamiento con las irregularidades que se investigan en contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) y de organismos públicos locales electorales (OPLE). La medida fue anunciada como una iniciativa por presentar; no se detallaron en la conferencia sus plazos de aplicación ni el alcance operativo que tendría.

La investigación sobre proveedores electorales

Buenrostro expuso que la red empresarial señalada tiene antecedentes de contratación con autoridades electorales desde finales de la década de 1990. Sheinbaum afirmó que pidió revisar el caso después de que se hicieran públicas presuntas anomalías en contratos para adquirir materiales electorales.

De acuerdo con los datos presentados por la secretaria, entre 2015 y 2025 varias compañías ligadas a los hermanos Hernández Casillas obtuvieron contratos por un total de 2,740.3 millones de pesos con OPLE de distintos estados. La funcionaria sostuvo que empresas que aparecían como competidoras en algunos procedimientos tenían, en realidad, beneficiarios económicos comunes.

“Todas las empresas, aunque participaban muchas empresas en teoría, pues al final el beneficiario final eran los mismos hermanos Casillas en todos los casos”, afirmó Buenrostro.

Montos reportados por periodos y entidades

• Entre 2015 y 2023: 23 de los 32 OPLE habrían adjudicado contratos por 2,094 millones de pesos a empresas de la red. Veracruz registró el monto más alto, con 570.4 millones; le siguieron Nuevo León, con 314.2 millones, e Hidalgo, con 203.6 millones.
• En 2021: se reportó el mayor volumen anual de adjudicaciones de ese periodo, con 908 millones de pesos.
• Entre 2024 y 2025: 15 OPLE habrían otorgado contratos adicionales por 646.3 millones de pesos. Puebla encabezó la lista con 129.7 millones, seguida de Jalisco, con 102.2 millones, y Baja California, con 76.6 millones.

Entre las empresas mencionadas durante la presentación figuran Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Corporativo SEC y Formas Finas Fernando Fernández. Buenrostro señaló que las compañías compartirían vínculos de propiedad o beneficio económico relacionados con la familia Casillas.

Los antecedentes de la red empresarial, según el Gobierno

La exposición situó el origen de la trayectoria de los hermanos en dependencias federales durante la década de 1980. Según Buenrostro, José Alfredo trabajó como secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, entonces funcionario del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, mientras Raimundo se desempeñaba en el área de Recursos Financieros y Materiales.

La secretaria indicó que ambos pasaron posteriormente al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), cuando Padilla Aguilar asumió un cargo en esa institución en 1989. Tras la salida de este último hacia el Estado de México, los hermanos habrían comenzado su actividad empresarial.

La presentación identificó a Cartonera Plástica como una de las primeras compañías de la red en participar en el suministro de insumos electorales. En 2005, según los datos expuestos, la empresa recibió un contrato por 63.7 millones de pesos del Instituto Electoral del Estado de México. La adjudicación derivó entonces en un escándalo por presuntos sobornos y en la renuncia de los siete consejeros electorales de esa entidad.

La reforma electoral y el aumento de las adjudicaciones

Buenrostro relacionó el crecimiento de las contrataciones con los cambios electorales de 2012 y 2013, que transfirieron al Consejo General del INE la atribución de designar a las autoridades de los organismos locales. La funcionaria sostuvo que la concentración de decisiones, junto con deficiencias de supervisión y la falta de reglas claras para contratar, favoreció el aumento de adjudicaciones a esas empresas.

En ese contexto, la exposición también mencionó la trayectoria de Guadalupe Taddei en organismos electorales. El Gobierno señaló que la revisión de los contratos y de las relaciones entre proveedores forma parte de las investigaciones abiertas sobre posibles irregularidades.

Señalamientos sobre empresas fachada y revisión financiera

La secretaria afirmó que algunas compañías compartían domicilios y teléfonos, no reportaban personal o capacidad técnica suficiente y transferían recursos a otras sociedades o personas físicas. También dijo que en los movimientos financieros revisados aparecen personas de edades muy distintas, incluidas algunas de 18 y 96 años, lo que, según planteó, podría corresponder a prestanombres o a posibles casos de robo de identidad.

Buenrostro sostuvo que esos indicios podrían ser compatibles con esquemas de empresas fachada, facturación simulada y presunto lavado de dinero. Precisó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantienen investigaciones sobre algunas de las compañías. Por separado, la Auditoría Superior de la Federación inició una revisión de oficio sobre el estatus de los contratos, de acuerdo con lo informado.

Las acusaciones y los posibles delitos mencionados forman parte de investigaciones en curso y no equivalen, por sí mismos, a una determinación judicial. Mientras avanzan las revisiones, el Gobierno plantea que fortalecer la impresión pública de materiales electorales podría reducir la dependencia de proveedores privados y modificar la forma en que se abastecen las autoridades electorales.