Trabajadores del Poder Judicial y la SCJN acuerdan dejar sin efecto la evaluación de desempeño

El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación anunció que alcanzó un acuerdo con autoridades judiciales para dejar sin efectos la evaluación del desempeño que provocó inconformidad entre el personal. El anuncio llegó después de una reunión con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, y representantes del gremio.

La medida había generado preocupación por sus posibles efectos en la estabilidad laboral y en la carrera judicial. En un comunicado difundido la noche del sábado, el sindicato señaló que el compromiso se alcanzó tras conversaciones con el Órgano de Administración Judicial (OAJ). No detalló cuándo ni de qué forma se formalizará la decisión.

“Después de intensas gestiones y diálogo con las autoridades del Órgano de Administración Judicial, se ha alcanzado el compromiso de dejar sin efectos el acuerdo que generó preocupación e incertidumbre entre nuestra base trabajadora”, informó la organización sindical.

El acuerdo se anunció durante un paro en más de una decena de estados

La noticia se conoció mientras trabajadores del Poder Judicial de la Federación mantenían un paro indefinido en más de diez estados. La protesta incluyó la toma de algunas sedes y bloqueos de vialidades. Durante el sábado, empleados hicieron guardias en accesos de juzgados de distrito y tribunales colegiados, sin realizar sus actividades habituales.

El sindicato calificó el resultado de las negociaciones como una señal positiva y sostuvo que la organización colectiva permitió avanzar en la defensa de los derechos laborales. También afirmó que seguirá buscando garantías de estabilidad para el personal.

Por qué los trabajadores rechazaron la evaluación de desempeño

La inconformidad se centró en los criterios previstos para evaluar a integrantes de la carrera judicial. Los trabajadores cuestionaron la objetividad del mecanismo y advirtieron que podía generar incertidumbre sobre la continuidad en sus puestos.

Entre las principales preocupaciones expresadas estuvieron:

• La posibilidad de que las valoraciones dependieran de opiniones de superiores o compañeros.
• La falta de parámetros que, a juicio de los inconformes, fueran claros y uniformes.
• El riesgo de que la experiencia de personal técnico quedara relegada frente a otros criterios.
• La incertidumbre sobre el impacto de la evaluación en la estabilidad laboral.

Legisladoras de oposición pidieron revisar los criterios

La senadora de Movimiento Ciudadano Alejandra Barrales y la diputada del PAN Paulina Rubio también cuestionaron los lineamientos. Ambas solicitaron revisar el mecanismo y establecer reglas precisas para evitar decisiones subjetivas y nuevas protestas.

Las legisladoras señalaron que puestos como los de secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales requieren que se considere la experiencia acumulada. A su juicio, si la permanencia depende de evaluaciones poco definidas, podrían afectarse derechos laborales de quienes llevan años en el sistema.

Cuestionamientos sobre objetividad y estabilidad laboral

Barrales sostuvo que evaluar el desempeño no es necesariamente negativo, siempre que existan criterios verificables y aplicables en todos los niveles. Advirtió que, sin reglas claras, el proceso podría abrir espacio a decisiones discrecionales en la asignación de plazas y equipos de trabajo.

Rubio, por su parte, criticó que se exijan evaluaciones a trabajadores de niveles inferiores mientras, según planteó, no se aplica un esquema equivalente a integrantes de la SCJN. La diputada también describió la medida como un nuevo motivo de preocupación para los derechos del personal público.

Barrales afirmó que más de 30 mil trabajadores podrían quedar sujetos a la evaluación y cuestionó la rapidez con la que, según ella, se aprobó el acuerdo. También expresó dudas sobre la legalidad de algunos de sus componentes y sobre el uso de opiniones del entorno laboral para determinar la permanencia de una persona.

Por ahora, el sindicato presentó el compromiso de dejar sin efecto la evaluación como resultado de las conversaciones con las autoridades. La atención queda puesta en la formalización del acuerdo y en la respuesta que permita aclarar cómo se protegerán la carrera judicial y la estabilidad de los trabajadores.