DEA promete investigar los vínculos entre cárteles y políticos mexicanos
El administrador de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, afirmó que la agencia seguirá exponiendo presuntas conexiones entre organizaciones criminales y actores políticos en México. En un mensaje publicado el 17 de noviembre de 2026, sostuvo que la corrupción puede fortalecer las redes del narcotráfico y aseguró que la institución no reducirá sus esfuerzos.
“La DEA sigue comprometida con exponer el nexo entre organizaciones terroristas extranjeras mortales y actores políticos corruptos para proteger vidas estadounidenses. No nos estamos echando para atrás”, escribió Cole.
El pronunciamiento se produjo días después de que el funcionario anunciara que la DEA y la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional (HSTF) perseguirán a quienes, según las autoridades estadounidenses, protejan las actividades del narcotráfico. Cole señaló que la corrupción y el crimen organizado pueden operar juntos sin importar el cargo o la afiliación política de las personas involucradas.
La sentencia de Tony Montana reavivó las advertencias de la DEA
Las declaraciones de Cole coincidieron con la condena en Estados Unidos de Antonio Oseguera Cervantes, conocido como “Tony Montana” y hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La jueza Beryl A. Howell, del Tribunal de Distrito de Columbia, impuso a Oseguera Cervantes una pena de 22 años y seis meses de prisión por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas y el uso de armas de fuego. El acusado se había declarado culpable cuatro meses antes. Su defensa pidió una condena de 20 años y argumentó que, a sus 68 años, tendría pocas posibilidades de sobrevivir en prisión; la fiscalía había solicitado 30 años.
Tras conocerse la sentencia, Cole advirtió que las autoridades seguirían las pistas de quienes, de acuerdo con sus señalamientos, se benefician de las organizaciones criminales, las protegen o contribuyen a sus operaciones.
Acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa
La ofensiva contra presuntos vínculos entre funcionarios y cárteles tomó relevancia en abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones contra Rubén Rocha Moya, entonces gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios, por supuestos delitos relacionados con drogas y armas. Los señalamientos los vinculan con el Cártel de Sinaloa y, en particular, con la facción de Los Chapitos.
La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York sostuvo que los acusados habrían colaborado con integrantes de esa facción para facilitar el envío de grandes cantidades de droga a Estados Unidos. Según las acusaciones, también habrían compartido información confidencial de fuerzas de seguridad y del Ejército mexicano a cambio de dinero. Se trata de señalamientos de las autoridades estadounidenses, no de una descripción de culpabilidad establecida en una sentencia.
Entre las personas mencionadas en el caso figuran:
- Enrique Inzunza Cazárez, senador y exsecretario general de Sinaloa.
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del estado.
- Dámaso Castro Zaavedra, entonces fiscal general adjunto de Sinaloa.
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal.
- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal.
- Juan de Dios Gámez Mendívil, entonces alcalde de Culiacán.
Sanciones por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa
En septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 21 personas y 25 empresas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción atribuida a Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”. La información sobre las medidas puede consultarse en la sección de acciones recientes de sanciones financieras del Tesoro estadounidense.
Entre los señalados estuvieron Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y su hermano, Luis Alfonso Torres. Las autoridades estadounidenses afirmaron que ambos habrían recibido sobornos y canalizado dinero mediante empresas y campañas políticas. También relacionaron a Carlos Torres con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, señalado como líder de una facción que opera en Mexicali.
Las medidas incluyeron además a Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali. Según el Tesoro, habría recibido pagos de “El Ruso” a cambio de facilitar la influencia del grupo criminal sobre la policía municipal y permitir sus actividades ilícitas.
Otro sancionado fue Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario aduanero en Chihuahua y antiguo asesor legislativo del gobierno de Baja California. Las autoridades lo describieron como cercano a Carlos Torres y a José Ángel Rivera Zazueta, conocido como “Don Flaco”. De acuerdo con esos señalamientos, Buenrostro habría usado sus contactos e influencia política para favorecer actividades criminales a cambio de sobornos.
Presión de Washington contra los cárteles
Las acusaciones y sanciones se enmarcan en una política de mayor presión de la administración de Donald Trump contra los cárteles. Washington ha recurrido a cargos penales, restricciones financieras y amenazas arancelarias para exigir a México acciones contra las organizaciones criminales.
Con su mensaje, Cole reiteró que la DEA mantendrá como prioridad investigar posibles nexos entre el narcotráfico y funcionarios o figuras políticas. Los casos citados abarcan acusaciones aún sujetas a procesos judiciales y sanciones administrativas, mientras la agencia sostiene que buscará identificar a quienes, según sus investigaciones, faciliten o protejan las operaciones de los cárteles.

