La reforma electoral se perfila como uno de los temas centrales de la agenda política mexicana en 2026 y, posiblemente, en los próximos años. Aunque la propuesta formal aún no se presenta, el debate ya está encendido y revela tensiones importantes incluso dentro de la coalición gobernante.
A diferencia de otras reformas recientes, como la judicial, la reforma electoral no parte de un consenso previo en el Congreso. Por el contrario, enfrenta resistencias clave desde el inicio.
Un obstáculo dentro de la propia coalición
El principal reto para la reforma que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no está, por ahora, en la oposición, sino en sus aliados legislativos: el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México(PVEM).
Ambos partidos han expresado su rechazo a dos ejes centrales de la reforma:
la reducción del financiamiento público a los partidos políticos y la disminución de los legisladores plurinominales.
El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, fue directo al señalar que la reforma “no es necesaria” y recordó que Morena no cuenta por sí sola con los votos suficientes para modificar la Constitución. Para una reforma constitucional se requieren dos terceras partes del Congreso, es decir, 335 votos, una cifra que Morena no alcanza ni siquiera sumando a uno solo de sus aliados.
Desde el Senado, Jorge Carlos Ramírez Marín, del PVEM, sostuvo que reducir plurinominales afectaría de manera desproporcionada a los partidos minoritarios. También reiteró su desacuerdo con el actual modelo de financiamiento, proponiendo que los recursos se repartan en partes iguales y no según el porcentaje de votos.
Morena reconoce la dificultad
El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, admitió que sin los aliados la reforma es inviable y que la prioridad es construir acuerdos antes de presentar cualquier iniciativa. En la misma línea, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, llamó a no adelantar el debate sin un texto formal y subrayó que el proceso apenas está en etapa de consensos.
¿Qué propone la reforma electoral?
Aunque el documento oficial aún no se presenta —se espera para la primera semana de febrero—, la presidenta Sheinbaum ha adelantado algunos puntos clave:
- Reducción del gasto público destinado a partidos políticos, al Instituto Nacional Electoral y a los OPLES.
- Mayor fiscalización para combatir el uso de recursos ilícitos, incluidos los provenientes del crimen organizado.
- Cambios en la elección de legisladores plurinominales, incorporando participación ciudadana.
- Fortalecimiento de consultas populares.
- Voto directo de mexicanos en el extranjero por sus representantes.
- Posible eliminación del fuero para legisladores.
Sheinbaum ha insistido en que la reforma no busca concentrar poder ni capturar al árbitro electoral y ha asegurado que la autonomía del INE no está en riesgo.
Un debate apenas comienza
El INE ya presentó más de 200 propuestas propias para evitar retrocesos, mientras que la oposición ha advertido riesgos autoritarios y ha bautizado la iniciativa como la “Ley Maduro”.
Por ahora, el escenario es claro: no hay iniciativa presentada, no hay consenso asegurado y la negociación está concentrada dentro del bloque oficialista. Como advirtió Monreal, sin acuerdos previos, la reforma electoral podría ni siquiera llegar a discutirse formalmente.
La disputa apenas comienza, pero ya deja ver que modificar las reglas del sistema electoral será mucho más complejo de lo que parece.
