La desaparición de un grupo de trabajadores mineros en el municipio de Concordia, Sinaloa, encendió alertas a nivel nacional por el perfil de las víctimas, el contexto de violencia en la región y la falta de información oficial clara sobre lo ocurrido.
Los hechos se registraron la mañana del viernes 23 de enero en un campamento vinculado a la empresa canadiense Vizsla Silver, que desarrolla un proyecto minero en fase de exploración en la zona serrana del municipio. De acuerdo con familiares y representantes del sector, los trabajadores se encontraban en su área de descanso, a punto de iniciar su jornada, cuando fueron interceptados y privados de la libertad. Desde entonces, no se conoce su paradero.
Entre los desaparecidos se encuentran ingenieros, geólogos, coordinadores de seguridad, responsables de relaciones comunitarias y de medio ambiente, todos vinculados al proyecto minero. Hasta el momento, no existe información oficial que confirme cuántas personas fueron privadas de la libertad ni las circunstancias exactas del hecho. Las familias han señalado que ni siquiera saben cómo vestían sus familiares al momento de la desaparición.
Un contexto marcado por el control criminal
El caso ocurre en una región con altos niveles de violencia. Concordia y municipios cercanos como Escuinapa se ubican en una franja serrana donde, desde hace meses, se ha intensificado la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa, particularmente entre Los Chapitos y el grupo conocido como La Mayiza.
En esta zona, comunidades enteras han sido desplazadas, actividades productivas han disminuido y la presencia de grupos armados ha limitado la capacidad de acción de autoridades locales. En ese contexto, la minería —legal e ilegal— se ha convertido en un punto de interés estratégico para grupos criminales por el control territorial y de recursos.
Hipótesis en investigación
Aunque las autoridades no han confirmado una línea de investigación, especialistas y familiares han planteado varias hipótesis. Una de ellas vincula la desaparición con la disputa interna entre grupos del crimen organizado. Otra apunta al cobro de piso o extorsión contra empresas mineras que operan o exploran en la región. Una tercera posibilidad es la disputa por el control de minas ilegales o de nuevos yacimientos, aun cuando el proyecto de Vizsla Silver no se encontraba en etapa de extracción.
Hasta ahora, ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente.
Respuesta del Estado
Tras la visibilización del caso, el gobierno federal y el estatal desplegaron más de mil 190 elementos del Ejército, Guardia Nacional, Marina, Fuerzas Especiales y agentes ministeriales, apoyados con helicópteros y aeronaves de reconocimiento. El operativo tiene como objetivo reforzar la búsqueda en comunidades rurales y zonas serranas consideradas de alto riesgo.
Sin embargo, las familias de los desaparecidos han señalado que, pese al despliegue, no cuentan con información concreta sobre avances en la investigación.
Un caso que refleja un problema estructural
Más allá del caso específico, la desaparición de los ingenieros mineros en Concordia vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan trabajadores y empresas en regiones donde el control territorial del crimen organizado limita la capacidad del Estado. También expone la vulnerabilidad de actividades económicas legales que operan en contextos de violencia sostenida.
Por ahora, el caso sigue abierto. Lo único confirmado es que un grupo de trabajadores desapareció en una de las zonas más conflictivas del país y que, hasta hoy, no hay respuestas claras sobre su destino.
