En México está muy extendida la idea de que los cárteles de la droga “generan empleos” y que, por ello, erradicar al crimen organizado resulta especialmente complejo. Esa percepción volvió al centro del debate luego de que Adriana Marín, encargada de comunicación social de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, afirmara en un programa transmitido por YouTube que el crimen organizado genera entre 160 mil y 185 mil empleos al año.
Las declaraciones provocaron una reacción inmediata. La presidenta Claudia Sheinbaum llamó la atención a la funcionaria, mientras que la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, se deslindó públicamente y aclaró que esos dichos no representan la postura del partido.
Sin embargo, más allá del error político, la afirmación abre una discusión más profunda: ¿el narco realmente crea empleos y qué significa eso en términos económicos y sociales?
Lo que se ve… y lo que no se ve
El economista francés Frédéric Bastiat, en su ensayo de 1850 Lo que se ve y lo que no se ve, advertía que las sociedades suelen concentrarse en los efectos inmediatos de un fenómeno económico, ignorando sus consecuencias de mediano y largo plazo. Esa lógica ayuda a entender el debate actual.
Es cierto que las organizaciones criminales contratan personas: para sembrar, producir, empacar y transportar drogas, lavar dinero, vigilar territorios o ejercer violencia. De hecho, la cifra citada por Adriana Marín proviene del artículo académico Reducing cartel recruitment is the only way to lower violence in Mexico, de Rafael Prieto-Curiel, Gian María Campedelli y Alejandro Hope, que estima que los cárteles mexicanos emplean entre 160 mil y 185 mil personas.
Pero ese mismo estudio subraya un punto clave que suele omitirse: los cárteles pierden constantemente miembros por muertes y encarcelamientos y, para no colapsar, necesitan reclutar entre 350 y 370 personas cada semana. No se trata de empleos estables ni productivos, sino de una dinámica de reemplazo permanente asociada a la violencia.
Empleos creados… y muchos más destruidos
El problema central es que casi nunca se contabilizan los empleos que el crimen organizado destruye. La violencia, la extorsión y la inseguridad cierran negocios, ahuyentan inversiones y frenan actividades productivas.
Un ejemplo reciente es Sinaloa, donde la guerra entre facciones del narcotráfico ha provocado el cierre de al menos dos mil negocios y la pérdida de unos 20 mil empleos formales. El narco no creó ese número de puestos para compensar la pérdida. El saldo es claramente negativo.
Lo mismo ocurre en regiones agrícolas como la zona aguacatera y limonera de Michoacán, donde la extorsión obliga a productores a cerrar o limitar operaciones, eliminando empleos existentes y bloqueando otros que podrían haberse creado.
El impacto a escala nacional
Un estudio encabezado por Arturo Cervantes estimó que la violencia y el crimen organizado generan un impacto económico equivalente al 14.6 % del PIB nacional. Para dimensionarlo: en 2020, durante la pandemia, una contracción del 8.5 % del PIB provocó la pérdida de 2.1 millones de empleos. Bajo parámetros similares, una afectación del 14.6 % implicaría alrededor de 3.6 millones de empleos perdidos.
Aunque se trata de estimaciones con márgenes de error, la conclusión es clara: pese a que el crimen organizado emplea a cientos de miles de personas, destruye muchos más empleos de los que genera.
Un mito funcional al crimen organizado
La idea de que “el narco da trabajo” termina beneficiando a las propias organizaciones criminales, porque construye la ilusión de que generan desarrollo donde el Estado no llega. En realidad, su efecto es el contrario: erosionan economías locales, empobrecen regiones y obligan a miles de personas a elegir entre la precariedad y la violencia.
Más que empleos, lo que el crimen organizado necesita es reclutar para sobrevivir. Y como muestran los estudios, reducir ese reclutamiento —no normalizarlo— es una de las claves para disminuir la violencia.
El mito existe.
Los datos lo contradicen.
