Durante meses, en Tequila se repetía la misma frase en voz baja: “Aquí ya no manda el ayuntamiento, manda el miedo”.
Esta semana, esa historia dejó de ser rumor y se convirtió en expediente judicial.
La detención de Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, no solo puso fin a una carrera política meteórica. También abrió una ventana incómoda a lo que ocurre cuando el poder local se cruza con crimen organizado, control territorial y dinero. Porque lo que pasó en Tequila no fue un exceso aislado: fue un sistema.
El día que se rompió la impunidad
La madrugada del 5 de febrero, un operativo federal rodeó al alcalde. Participaron fuerzas armadas, agentes federales y áreas de inteligencia. No fue una detención improvisada, sino el cierre de una investigación que llevaba meses documentando presuntas extorsiones, secuestros y el uso del aparato municipal con fines criminales.
Rivera fue trasladado al penal del Altiplano. Horas después, la Fiscalía General de la República lo imputó por delincuencia organizada, secuestro agravado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Junto a él fueron detenidos altos funcionarios de su propio ayuntamiento.
Ese momento marcó el fin de la narrativa del alcalde perseguido políticamente y el inicio de una acusación mucho más grave.
El outsider que prometió orden… y gobernó con intimidación
Rivera llegó al poder en octubre de 2024 como una anomalía política. Era el primer alcalde de Morena en un municipio históricamente dominado por PRI, PAN y después Movimiento Ciudadano. Se presentó como un outsider: duro, frontal, dispuesto a enfrentar a los grandes intereses tequileros.
Para sus simpatizantes, era una especie de Robin Hood con sombrero charro. Para sus detractores —y hoy para la Fiscalía—, un político que confundió autoridad con control y gobierno con sometimiento.
En poco más de un año, su administración acumuló denuncias por extorsión, abuso de poder, violencia política de género, apología del delito y secuestro, presuntamente desde el propio palacio municipal.
Tequila: poder, turismo y una industria millonaria
Tequila no es cualquier municipio. Es marca país, patrimonio cultural y una industria multimillonaria. En un territorio de apenas 30 mil habitantes conviven pequeños productores de agave con gigantes como José Cuervo.
Ahí estalló el conflicto. Rivera acusó a las grandes tequileras de no pagar impuestos municipales durante años, exigió adeudos por decenas de millones de pesos y ordenó clausuras que, según empresarios y autoridades estatales, ponían en riesgo instalaciones industriales.
Para su administración, era “cobrar lo justo”. Para los empresarios, extorsión sistemática.
Las denuncias no se retiraron. Se acumularon. Y llegaron a la federación.
Cuando gobernar se vuelve una red criminal
La Fiscalía sostiene que Rivera no actuaba solo. De acuerdo con la acusación, encabezó una estructura integrada por funcionarios clave del ayuntamiento —seguridad pública, catastro, tesorería y obras— que operaba cobros ilegales, amenazas y secuestros contra comerciantes, artesanos, empresarios y adversarios políticos.
El expediente documenta un caso especialmente grave: el secuestro de dos aspirantes de Morena en 2021 para obligarlos a renunciar a la candidatura a la presidencia municipal. Golpes, amenazas y firmas forzadas para controlar quién podía competir.
La investigación también señala presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí, la historia dejó de ser local.
Morena se desmarca y el mensaje político
Tras la detención, Morena se apresuró a marcar distancia. La presidenta Claudia Sheinbaum fue clara: “Ningún partido puede ser paraguas para delinquir”.
El mensaje no es menor. En un país donde la relación entre política y crimen organizado es uno de los temas más sensibles, el caso Tequila se convierte en una prueba de fuego para el discurso anticorrupción y para los límites del poder local sin contrapesos.
El fondo del asunto
Diego Rivera no cayó por un trámite administrativo ni por una denuncia aislada. Cayó porque su forma de gobernar convirtió al municipio en un feudo personal, donde la ley se negociaba, el miedo administraba y el cargo público funcionaba como palanca de control.
Tequila seguirá produciendo tequila.
La pregunta que deja este caso es más amarga:
¿Cuántos municipios en México viven hoy una historia parecida… sin operativos federales, sin detenciones y sin cámaras?
