Hablábamos de fracturas internas. Y si hay un tema donde esa tensión ya se está viendo con claridad es en la reforma electoral que el gobierno federal prepara para enviar al Congreso.
Porque, paradójicamente, el principal obstáculo para Morena no está en la oposición tradicional, sino en sus propios aliados.
La reforma entró en una fase decisiva. Febrero es el último mes viable para presentar una iniciativa constitucional e iniciar su discusión con tiempo suficiente. No es un tecnicismo: una reforma constitucional requiere mayoría calificada y un proceso legislativo que puede extenderse varias semanas. Si la propuesta no llega este mes, advirtió el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ya no sería posible aprobarla “con una discusión amplia”.
El reloj corre. Y el desacuerdo central sigue sin resolverse.
El punto crítico: los plurinominales
Morena ha confirmado que se mantendría la estructura actual de la Cámara de Diputados: 500 legisladores, 300 de mayoría relativay 200 de representación proporcional. La fórmula 300-200 no está en discusión.
Lo que sí está en disputa es cómo se eligen esos 200 plurinominales. Ese detalle técnico es, en realidad, el corazón político de la reforma.
La mesa de negociación incluye a Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Han sostenido al menos tres reuniones con la participación de Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, y la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez.
Morena no tiene por sí solo los votos para una reforma constitucional. Necesita a sus aliados. Y como reconoció Monreal: “es una lógica matemática, es contar números”. Sin PT y Verde, no hay reforma.
La línea dura de Morena
La negociación volvió a trabarse cuando la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, fijó una postura más rígida.
Según versiones públicas, Alcalde rechazó un acuerdo que mantenía intactos los 200 diputados y 32 senadores plurinominales, y empujó un recorte mayor al financiamiento público de los partidos. El mensaje fue claro: no habrá concesiones a medias ni arreglos tibios.
La lectura política es evidente: Morena quiere capitalizar el discurso de austeridad, reducir costos del sistema electoral y presentarse como el partido que elimina privilegios.
Pero esa postura detonó una reacción inmediata.
El momento de los aliados
El PT y el Partido Verde se levantaron de la mesa. No quieren que la eliminación o reducción drástica de plurinominales ni el tijeretazo al financiamiento se impongan sin negociación política.
Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en San Lázaro, negó que haya ruptura definitiva, pero advirtió que no acompañarán cambios que impliquen “retrocesos democráticos”.
Manuel Velasco, líder del Verde en el Senado, admitió que no hay acuerdo cerrado, aunque confía en alcanzarlo. El Verde dice no estar cerrado a ningún tema, pero insiste en revisar la fórmula para reducir costos y ajustar prerrogativas.
El punto de fondo es claro: para los partidos pequeños, los plurinominales no son un lujo. Son un mecanismo de supervivencia. Reducirlos sin negociación puede significar su debilitamiento estructural.
2027 en el horizonte: ya no quieren ser “réplicas”
El trasfondo va más allá de esta reforma. Los aliados ya están pensando en 2027.
El Partido Verde, bajo el liderazgo de Karen Castrejón, ha dejado claro que no quiere seguir siendo “la chiquillada”. Reclama mayor peso en la definición de candidaturas y exige modificar el método de selección en coaliciones.
No quieren que Morena haga “sus” encuestas en solitario ni que se impongan criterios de acción afirmativa sin consulta. Sobre la mesa hay dos rutas:
- Que cada partido levante sus propias encuestas.
- O crear un centro único de evaluación con representantes de todos.
Detrás del lenguaje técnico hay una realidad sencilla: quien controla la medición, controla la candidatura.
Y mientras negocian, el Verde ya marcó territorio: se perfila para competir solo en algunos estados en 2027. El mensaje es inequívoco: no son satélites automáticos.
Incluso en el tema más simbólico del momento —el combate al nepotismo— el calendario juega a favor de las excepciones. Las elecciones para renovar la gubernatura de San Luis Potosí serán en 2027, mientras que la prohibición constitucional del “nepotismo electoral” entrará en vigor hasta 2030. Morena introdujo además en sus estatutos una restricción interna para impedir sucesiones directas en ejecutivos estatales o municipales, pero el choque con los incentivos del PVEM muestra que el discurso y la operación no siempre caminan al mismo ritmo.
La señal desde Palacio
Otro elemento que complejiza el escenario es la centralización de la negociación.
Según versiones internas, desde Palacio Nacional se instruyó no dar un paso atrás y que la negociación fuera directamente con Presidencia. Eso habría desplazado operadores tradicionales como Adán Augusto López y debilitado la intervención de Ricardo Monreal, que intentó operar acuerdos sin éxito.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha llamado a no especular sobre el contenido final de la reforma. Ha asegurado que se mantendrá la representación de las minorías y que el objetivo es reducir costos y reforzar la fiscalización de recursos.
Pero el equilibrio es delicado: austeridad sin anular minorías; reforma sin fracturar la coalición.
El clima interno: pequeñas grietas, grandes señales
Mientras esto ocurre, episodios como el del salón de belleza en el Senado —con la senadora Juanita Guerra acusando a compañeras de Morena de haberle tendido una “trampa”— pueden parecer anecdóticos, pero reflejan algo más profundo: un ambiente de tensión interna, desconfianza y exposición pública.
No es la reforma la que genera las fracturas. Es la reforma la que las hace visibles.
La opinión: la verdadera oposición está en la aritmética
La reforma electoral se vendió como inevitable. Hoy está en fase de cabildeo áspero.
Morena apuesta a la narrativa de austeridad y representación directa. Sus aliados apuestan a la supervivencia política y al reparto equitativo de poder. Ninguno puede imponerse sin el otro.
Aquí no hay una oposición tradicional bloqueando desde la tribuna. Hay una oposición más sutil: la matemática legislativa y la lógica de los intereses.
Si no hay acuerdo en los próximos días y la iniciativa no llega al Congreso este mes, la reforma difícilmente avanzará por la vía constitucional.
Y entonces la pregunta no será si la oposición la frenó. Será si Morena fue capaz de ordenar su propia casa antes de intentar rediseñar el sistema electoral del país.
