La promesa era modernizar Monterrey con energía limpia, generar ahorros y convertir al municipio en referente de transición energética. Seis años después, el contrato con la empresa Next Energy se ha convertido en uno de los escándalos administrativos y políticos más complejos en la historia reciente de la capital de Nuevo León.
Lo que comenzó en 2020 como un proyecto de parque solar a 30 años, hoy es una disputa pública entre el alcalde priista Adrián de la Garza y el exalcalde emecista, hoy senador, Luis Donaldo Colosio Riojas. Ambos se acusan mutuamente de haber dañado las finanzas municipales y de haber actuado con negligencia en la gestión del contrato.
En medio del cruce de declaraciones, hay un dato que no cambia: el Municipio ha erogado cientos de millones de pesos y la energía prometida no se ha generado en los términos originalmente pactados.
El origen: un contrato a 30 años firmado en 2020
El 30 de marzo de 2020, durante la administración 2018-2021 encabezada por Adrián de la Garza (PRI), el Municipio de Monterrey otorgó un contrato a un consorcio integrado por Next Energy, la constructora Maiz Mier y Eólica de Santa Catarina.
El acuerdo contemplaba la construcción y operación de un parque solar en el municipio de Cerralvo, así como el suministro de energía eléctrica al Ayuntamiento por un periodo de 30 años.
El monto comprometido ascendía a 7 mil 370.9 millones de pesos. El contrato establecía un pago mínimo mensual garantizado de 10.7 millones de pesos, con actualización anual del 4.5 por ciento, respaldado con ingresos del impuesto predial.
Pese a la magnitud del compromiso financiero, el contrato fue reservado y no se hizo público hasta julio de 2021, cuando fue revelado por medios locales. En ese momento se evidenció que el proyecto había sido autorizado sin contar con todos los permisos federales necesarios para su construcción, lo que posteriormente frenó las obras.
Además, investigaciones periodísticas documentaron que las empresas del consorcio compartían socios y vínculos familiares. Maiz Mier es dirigida por el exdiputado priista José Maiz García; su hijo, Eugenio Javier Maiz Domene, ha sido accionista y preside el Consejo de Administración de Next Energy. En ambas compañías aparece también Héctor Martínez Vivas, vinculado a Eólica de Santa Catarina.
Pagos sin parque solar
El contrato establecía que la planta debía iniciar operaciones en febrero de 2021. Sin embargo, eso no ocurrió.
Antes de concluir la administración de De la Garza, el Municipio defendió el acuerdo y atribuyó los retrasos a la pandemia de Covid-19. Aunque aplicaba penalizaciones al consorcio para cubrir el pago de energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), reconoció que seguía pagando mensualmente a Next Energy.
Para mayo de 2022, ya con Luis Donaldo Colosio como alcalde (Movimiento Ciudadano), el proyecto seguía inconcluso y el terreno en Cerralvo no mostraba avances físicos significativos.
A pesar de ello, el Municipio continuó pagando los 10.7 millones de pesos mensuales al consorcio, mientras también cubría su consumo eléctrico a la CFE.
Fuentes señalaron que el contrato habría sido utilizado por Next Energy como respaldo para gestionar financiamiento, pese a que los avances físicos del parque solar no estaban validados por funcionarios municipales.
El intento de cancelación y los amparos
En agosto de 2022, tras más de un año y medio sin suministro efectivo de energía, Colosio anunció la cancelación del contrato. Sin embargo, la estrategia jurídica fue cuestionada por especialistas.
El consorcio obtuvo amparos que frenaron la rescisión y también la obligación de pagar compensaciones relacionadas con el consumo eléctrico municipal.
El resultado fue un escenario financieramente adverso para Monterrey: el Municipio pagaba alrededor de 11.2 millones de pesos mensuales al consorcio y, simultáneamente, cerca de 18.5 millones a la CFE.
El Ayuntamiento terminaba pagando doble: por un servicio no recibido y por la energía que sí consumía.
La renegociación en 2024
Ante la imposibilidad de cancelar el contrato, en marzo de 2024 la administración de Colosio renegoció el acuerdo.
Los principales cambios fueron:
- Reducción del plazo de 30 a 10 años.
- Disminución del monto total en 39 por ciento, hasta 4 mil 989 millones de pesos.
- Sustitución del parque solar en Cerralvo por la instalación de 45 mil paneles solares en edificios municipales.
Colosio ha sostenido que no era viable rescindir el contrato debido a cláusulas que lo blindaban jurídicamente y que la renegociación representó un ahorro superior a 4 mil millones de pesos para el Municipio.
Sin embargo, para octubre de 2024 no se había generado un solo megavatio bajo el nuevo esquema.
Regresa el PRI y vuelven las modificaciones
En octubre de 2024, Adrián de la Garza regresó a la Alcaldía. Tras una revisión del contrato, anunció auditorías y denuncias por presuntas irregularidades en la renegociación realizada durante la administración de Movimiento Ciudadano.
En julio de 2025 el contrato volvió a modificarse. Según informó el Municipio, se obligó a Next Energy a:
- Pagar adeudos por 417 millones de pesos.
- Cubrir el 20 por ciento del recibo de luz mientras instala los paneles.
- Devolver el terreno en Cerralvo, valuado en 70 millones de pesos.
De la Garza afirma que se han recuperado más de 650 millones de pesos y que se congelaron cuentas del proveedor. También acusa a la administración de Colosio de haber aumentado en 400 por ciento el pago mensual, pasando de 10.7 millones a cerca de 45 millones, además de haber perdonado multas y sanciones.
Colosio rechaza esas acusaciones y sostiene que fue la administración priista la que comprometió al municipio con un contrato multimillonario a 30 años por un parque que no existía físicamente.
El giro penal
El caso tomó una dimensión mayor en diciembre, cuando Eugenio Javier Maiz Domene, propietario de Next Energy, fue detenido en Aguascalientes acusado de fraude por un contrato similar firmado en esa entidad.
El proceso penal reactivó el debate público en Monterrey y añadió presión política al conflicto entre PRI y Movimiento Ciudadano.
¿Qué está en juego?
El conflicto puede dividirse en tres momentos:
- El origen del contrato en 2020, firmado bajo la administración priista.
- La renegociación en 2024 durante el gobierno de Movimiento Ciudadano.
- La revisión y nuevas modificaciones en 2024-2025 tras el regreso del PRI al municipio.
Ambos actores políticos se acusan de haber dañado las finanzas públicas y de haber favorecido a la empresa.
Mientras tanto, el servicio original de energía limpia prometido en 2020 no se ha materializado como fue planteado.
El fondo del escándalo
El caso Next Energy exhibe problemas estructurales en la contratación pública:
- Contratos a largo plazo con cláusulas difíciles de rescindir.
- Opacidad inicial en la adjudicación.
- Pagos garantizados aun sin prestación efectiva del servicio.
- Renegociaciones que se convierten en disputa política.
- Y ahora, implicaciones penales en otra entidad.
Más allá del cruce de declaraciones entre Adrián de la Garza y Luis Donaldo Colosio, el expediente deja una pregunta abierta:
¿Cómo un proyecto de energía limpia terminó convertido en uno de los contratos más polémicos y litigiosos en la historia reciente de Monterrey?
La respuesta no solo define responsabilidades políticas. También pone a prueba los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en uno de los municipios más importantes del país.
