Dos grabaciones filtradas pusieron en el centro del debate público a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, tras revelar conversaciones con presuntos intermediarios de agencias estadounidenses sobre su visa cancelada, posibles cargos penales y su disposición a compartir información de las mesas de seguridad nacionales. El escándalo estalló el 21 de junio de 2026 y escaló este 13 de julio con un segundo audio.
El origen: una visa cancelada
El caso se remonta a mayo de 2025, cuando el gobierno de Estados Unidos revocó la visa de Carlos Torres Torres, entonces esposo de la gobernadora y encargado de proyectos especiales en la administración estatal. Días después, el mismo gobierno canceló también la visa de Ávila Olmeda, la primera revocación de este tipo a una gobernadora mexicana en funciones. La mandataria lo anunció públicamente en la red social X.
La pareja anunció su divorcio en octubre de 2025. Desde entonces, Ávila Olmeda ha enfrentado cuestionamientos sobre los motivos detrás de la cancelación de su visa y sobre las gestiones que habría realizado para recuperar el documento migratorio.
El primer audio
El 21 de junio de 2026, el periodista Héctor de Mauleón publicó en su columna de El Universal una grabación en la que se escucha la voz de Ávila Olmeda conversando con personas que se presentaron como asesores externos del FBI. En el audio, los interlocutores plantearon la posibilidad de organizar una reunión en el Consulado de Estados Unidos en Tijuana para abordar posibles sanciones o procedimientos administrativos en su contra.
La gobernadora reconoció que la voz era la suya. Explicó que en enero de 2026 recibió a personas que afirmaban ser intermediarias de una agencia estadounidense y que buscó orientación legal sobre cómo proceder. Admitió haber contratado al abogado Michael Nadler, exfiscal federal de Florida con casi una década de experiencia en la Fiscalía del Distrito Sur de ese estado, especializado en corrupción, lavado de dinero y delitos financieros internacionales. Dijo haberlo elegido precisamente por la sensibilidad del asunto y para evitar filtraciones dentro de Baja California.
Afirmó que la reunión propuesta en el audio nunca se concretó y que Nadler ya no forma parte de su equipo. Rechazó que existieran acuerdos en lo oscurito con Washington y pidió no convertir el caso en una telenovela. Aclaró que las personas con las que habló nunca presentaron documentos, identificaciones ni requerimientos oficiales que acreditaran su representación.
El segundo audio: extradición, OFAC y mesas de seguridad
El 13 de julio de 2026, De Mauleón publicó una segunda grabación que profundizó el escándalo. En ella, un interlocutor identificado como asesor externo del FBI le dijo a la gobernadora que las agencias estadounidenses sienten que han perdido el tiempo con ella, y le ofreció lo que describió como la última oportunidad para frenar los cargos o sanciones a tiempo. Un agente especial confirmó en la llamada que el FBI tomó el caso, aunque señaló que de momento no podía informarle sobre los cargos específicos.
La parte más comprometedora llegó cuando los interlocutores mencionaron una posible extradición. En la grabación, Ávila Olmeda pregunta directamente si le están diciendo que la quieren extraditar, y ofrece hablar de lo que ella pueda saber o escuchar en materia de seguridad. Agrega que está dispuesta a hablar de todo lo que sepa, cómo apoyar, cómo cooperar, y que puede decir lo que ha escuchado en las mesas de seguridad.
Las mesas de seguridad son espacios donde autoridades federales y estatales intercambian información sensible sobre grupos criminales, operaciones en curso y estrategias de combate al crimen organizado, con participación de la SSPC, la FGR, las fuerzas armadas y los gobiernos estatales.
En la misma grabación, la gobernadora también expresó temor a ser sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como OFAC, la dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que puede congelar bienes, bloquear cuentas bancarias e impedir transacciones financieras a personas vinculadas con actividades ilícitas. Además, describió en el audio un historial de contactos previos con autoridades estadounidenses, incluyendo una visita a una oficina del FBI donde habría platicado con el adjunto, y encuentros posteriores en México a través de sus abogados.
La respuesta de la gobernadora
Tras la difusión del segundo audio, el gobierno de Baja California emitió un comunicado en el que Ávila Olmeda aseguró que las grabaciones corresponden a fragmentos aislados de una conversación privada con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses, sin acreditar formalmente dicha representación. Sostuvo que sus interlocutores plantearon distintos escenarios legales sin presentar documentos, identificaciones ni requerimientos oficiales que respaldaran sus afirmaciones.
La mandataria defendió que las referencias en el audio a compartir información de seguridad correspondían exclusivamente a la coordinación institucional que Baja California mantiene con autoridades de México y Estados Unidos como entidad fronteriza.
Las reacciones políticas
El Partido Acción Nacional solicitó que Ávila Olmeda pida licencia al cargo mientras se esclarecen los señalamientos. El partido sostuvo que el caso dejó de ser únicamente un asunto político y que ya representa un tema de seguridad nacional, señalando que el debilitamiento de las instituciones y las dudas sobre funcionarios públicos convierten el caso en algo que rebasa la esfera política.
La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, afirmó que los audios no contienen elementos que comprometan la seguridad nacional ni la seguridad del estado, por lo que consideró que no existe un delito que perseguir. Sostuvo que el material difundido no permite identificar con certeza a la persona con la que conversa la gobernadora ni acreditar que se trate de autoridades estadounidenses. Señaló que todo mundo escuchó la grabación, que se trata de información en la que ella habla con una persona cuya identidad no se conoce, y que la propia gobernadora dio una explicación posterior en el sentido de que se trata de parte de una comunicación que no pone en riesgo la seguridad de Baja California.
