El Gobierno de México ha dado luz verde para la edificación de un nuevo centro penitenciario en el estado de Sinaloa, un proyecto que contará con financiamiento federal. Esta decisión fue compartida por la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, y corroborada más tarde por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en un contexto marcado por recientes episodios de violencia en el reclusorio de Mazatlán.
Construcción del nuevo reclusorio y su impacto
El anuncio fue realizado por el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, quien a través de un mensaje en redes sociales, confirmó que el desarrollo del nuevo complejo penitenciario se lleva a cabo por mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum. El objetivo principal de esta obra es “fortalecer el control penitenciario y contribuir a reducir la violencia en la región”.
Además, la administración estatal ha asegurado que se encargará de proporcionar los terrenos necesarios para el proyecto, destacando la importancia de la colaboración entre ambos gobiernos para lograr un sistema penitenciario más seguro.
“Esta decisión representa un avance, al tiempo que refrenda el compromiso de ambos gobiernos de seguir trabajando de manera coordinada en aras del bienestar, la justicia y la paz en Sinaloa”.
A medida que se promocionan las primeras etapas del proyecto, el actual Centro Penitenciario de Mazatlán se encuentra bajo la vigilancia de la Guardia Nacional y del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social, garantizando así el control del establecimiento en esta fase de transición.
Violencia en el penal de Mazatlán: Una respuesta urgente
El anuncio de esta construcción se debió a la reciente escalada de violencia en el penal El Castillo, donde doce personas, incluyendo a un menor, perdieron la vida en dos riñas ocurridas en un corto lapso. En el primer evento, registrado el jueves, un total de diez personas fueron asesinadas, mientras que el día siguiente se reportó otro ataque que dejó a dos más sin vida.
Ante estos sucesos, se desplegaron operativos de seguridad por parte de fuerzas estatales y federales para restablecer el control en el penal. La Fiscalía General del Estado ha iniciado las investigaciones pertinentes para determinar la entrada de armas en el recinto y atribuir responsabilidades a los culpables de estos incidentes.
Estos trágicos eventos se suman a un patrón preocupante de violencia dentro de las cárceles en la región, que incluye otros homicidios recientes de internos y un ambiente de creciente tensión que ha motivado la intervención de las autoridades federales.
