Recentes informes de monitoreo internacional sitúan a México en una posición crítica en cuanto a la inseguridad que enfrenta el gremio informativo. Esta situación ha cobrado una vez más relevancia tras el trágico asesinato de Hamurabi Huesca Manzano, un destacado comunicador mexicano, durante un tiroteo en Pinotepa Nacional, Oaxaca.
Asesinato en plena vía pública
Hamurabi Huesca, de 38 años, combinaba su labor como periodista con el servicio de transporte público. Según información de EFE, el ataque se desató en un contexto de violencia entre bandas rivales mientras Huesca esperabas un pasaje frente a una vivienda. En el cruce de disparos, además de Huesca, dos personas más perdieron la vida: un individuo apodado “El Darío” y un hombre no identificado.
Exigen justicia y reconocimiento del trabajo periodístico
Organizaciones de derechos humanos y sindicatos locales han expresado su preocupación por la falta de atención a la labor informativa de Huesca en las investigaciones, instando a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca a incluir estos aspectos en sus indagatorias. Han solicitado, además, una colaboración efectiva con la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), demandando que se apliquen de manera rigurosa los protocolos adecuados para abordar crímenes contra la prensa.
Alarmante aumento de la violencia contra periodistas
Con el asesinato de Huesca, se reporta un total de nueve muertes de comunicadores en México en lo que va del año. Esta tendencia preocupante refuerza la percepción de que el país es uno de los más peligrosos para el ejercicio del periodismo, acumulando más de 170 comunicadores asesinados y múltiples desapariciones forzadas en las últimas décadas. La situación es aún más grave si se consideran los informes que destacan la creciente letalidad y la impunidad que rodea a estos crímenes.
La comunidad informativa nacional y internacional continúa manifestando su consternación ante la violencia sistemática que enfrenta el periodismo en México, instando a las autoridades a garantizar la seguridad de los trabajadores de los medios y a tomar medidas efectivas para erradicar la impunidad que persiste en el país.
