Ley Federal de Derechos 2027: Senado aprueba el dictamen en lo general y anticipa cambios al ISR

El Senado de México aprobó en lo general la reforma a la Ley Federal de Derechos para 2027, con 79 votos a favor y 34 en contra. El dictamen, integrado al Paquete Económico del próximo año, estima recaudar 177,185.9 millones de pesos mediante cobros por servicios y autorizaciones federales.

Durante el debate, Morena planteó además cambios a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) para establecer excepciones aplicables a empresas automotrices y a compañías que comercializan combustibles. Si esas modificaciones se aprueban, el proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputados para su revisión.

Qué cambios incluye la Ley Federal de Derechos para 2027

La reforma actualiza las cuotas que se pagan por distintos servicios públicos. Entre los rubros incluidos figuran trámites migratorios, autorizaciones sanitarias, navegación aérea y concesiones ferroviarias. También contempla reducciones para ciertos derechos de telecomunicaciones y elimina el cobro de entrada en espacios culturales específicos.

• Trámites migratorios: aumentaría la cuota para visitantes extranjeros que ingresan sin permiso para realizar actividades remuneradas y habría cambios en el costo de algunas visas.
• Servicios sanitarios: se actualizarían 29 servicios de la Cofepris, entre ellos licencias y autorizaciones vinculadas con investigaciones médicas.
• Espacio aéreo: las cuotas por su uso, goce o aprovechamiento subirían 10%.
• Concesiones ferroviarias: para determinados operadores con más de 15 años de actividad, el cobro pasaría de 1.25% a 3% de los ingresos brutos.
• Espectro radioeléctrico: se propone reducir 12% los derechos por el uso de ciertas bandas, con descuentos sujetos a compromisos de cobertura.
• Cultura: se eliminaría el derecho de entrada en 53 museos, monumentos, sitios y zonas arqueológicas.

Aumentos previstos en autorizaciones sanitarias

Algunas cuotas relacionadas con servicios de salud tendrían alzas importantes. La licencia para prestar servicios de transfusión sanguínea, por ejemplo, pasaría de 1,482 a 17,349.70 pesos. En tanto, la autorización de protocolos de investigación de medicamentos o dispositivos médicos llegaría a 43,209 pesos.

El dictamen combina incrementos en diversos trámites y servicios federales con reducciones en ciertos derechos de telecomunicaciones y la eliminación de cobros de entrada en espacios culturales determinados.

Morena propone excepciones fiscales para automotrices y gasolineras

La reserva anunciada por Morena busca modificar disposiciones del ISR sobre deducciones autorizadas y pérdidas fiscales. En el caso de la industria automotriz, plantea incluir a empresas terminales que ensamblan o fabrican vehículos bajo el régimen de depósito fiscal previsto en la Ley Aduanera.

El argumento presentado es que esas compañías están sujetas a obligaciones y controles regulatorios comparables con los de las empresas que realizan operaciones de maquila. La propuesta apunta a que las automotrices que cumplan las condiciones puedan incorporarse a una excepción contemplada en el artículo 78-E de la Ley del ISR.

La iniciativa también considera a empresas dedicadas al expendio, distribución y comercialización de gasolina y diésel, siempre que cuenten con los permisos correspondientes. Según la justificación expuesta, el tratamiento fiscal buscaría contribuir a la estabilidad de los precios de los combustibles y moderar presiones inflacionarias ante la volatilidad internacional del petróleo y sus derivados.

La reforma aún debe completar el trámite legislativo

Tras la votación en lo general y de los artículos no reservados, quedaron registradas 15 reservas para su análisis. La aprobación del dictamen de derechos no implica por sí sola que las excepciones al ISR hayan quedado incorporadas: su alcance depende del resultado de la discusión y de que se aprueben los cambios propuestos.

Si el Senado avala modificaciones a la legislación fiscal, el texto correspondiente tendrá que volver a la Cámara de Diputados. Por ello, los nuevos montos de derechos y el eventual tratamiento para las empresas automotrices y gasolineras dependerán de la aprobación definitiva de las disposiciones durante el proceso legislativo.