Alcalde de Úrsulo Galván comparece ante el Congreso por la desaparición de empresario

En un giro impactante en la política veracruzana, el presidente municipal de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Mortero, se presentó ante el Congreso del Estado debido a la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez, y su escolta, Ignacio López, ocurrida el 14 de mayo. La situación ha generado un torrente de especulaciones y preocupaciones en la región.

Comparecencia y defensa inicial

Durante su comparecencia, el abogado de Bravo Mortero defendió vehemente a su cliente, asegurando que es inocente y que cuentan con pruebas que lo respaldan. El abogado, Rodolfo Martínez Valdez, destacó que la acusación de vinculación con los desaparecidos es infundada.

Aclaraciones sobre la visita del empresario

Martínez Valdez admitió que Ramos Sánchez estuvo en la casa del edil, pero enfatizó que se retiró antes de enviar un mensaje que indicaba que se encontraba en compañía de un líder criminal. Según él, el mensaje fue enviado cuando el empresario ya se hallaba lejos del domicilio del alcalde.

"Es falso, lo dicen los propios dictámenes de la fiscalía, que es falso", aseguró el abogado.

Acusaciones de vínculos con el crimen organizado

La comparecencia también abordó los señalamientos que implican al alcalde en relaciones con grupos criminales. Martínez Valdez desestimó dichas acusaciones, comparándolas con críticas infundadas hacia figuras nacionales, como el presidente Obrador.

"Es falso. Existen muchos señalamientos falsos; en este caso pasa lo mismo", manifestó el abogado.

El empresario, explicó, se encontraba en la región para "negociar la venta de adoquines" y salió de la residencia del alcalde sin que se haya presentado ninguna irregularidad.

Audiencia y salud del alcalde

La audiencia tuvo una duración superior a tres horas y estuvo marcada por un incidente de salud del alcalde, quien sufrió un episodio de hipoglucemia. A pesar de ello, Bravo Mortero abandonó el lugar en un estado aparentemente jovial y evitó hacer declaraciones a los medios.

El secretario de la Comisión Instructora, Ramón Díaz Ávila, informó que el tribunal cuenta con un plazo de tres días hábiles para emitir un dictamen sobre este caso.

Mientras la noticia se desarrolla, la comunidad de Úrsulo Galván permanece a la expectativa de los avances en la investigación, que ha puesto luces sobre las preocupaciones de seguridad y los vínculos políticos en la región.