El dramático ataque contra la activista Alma Rosa Rojo tuvo lugar el sábado 29 de agosto de 2026 en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, en Culiacán, Sinaloa. La madre buscadora y líder del colectivo Voces Unidas por la Vida se encontraba en su automóvil, un Toyota Yaris blanco, acompañado por su hija y sus tres nietas, cuando un grupo de hombres armados abrió fuego contra su vehículo.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP Sinaloa) confirmó que, a pesar de la violencia del ataque, las víctimas se encuentran estables. Alma Rosa Rojo sufrió una herida de bala en el brazo y fue trasladada de emergencia a un hospital local, donde recibió atención médica gracias a la intervención del grupo de rescate Gerum. Las menores de edad y su hija fueron reportadas ilesas tras el ataque, que dejó numerosos casquillos percutidos en una calle de terracería.
Medidas de seguridad adoptadas tras el atentado
En respuesta al ataque, se activó de inmediato el Código Plata, un protocolo interinstitucional diseñado para asegurar los hospitales que atienden a las personas lesionadas. Las autoridades, incluyendo el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal Preventiva y la Fiscalía General del Estado, coordinaron esfuerzos para contener la situación y garantizar la seguridad de los afectados.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició una carpeta de investigación por feminicidio en grado de tentativa. La indagación fue asignada a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, con el apoyo de peritos y agentes de investigación. Entre las principales líneas de indagación, se contempla la posibilidad de que el atentado esté relacionado con la labor de búsqueda de personas desaparecidas, dado que el hermano de Alma Rosa, Miguel Ángel Rojo, ha estado desaparecido desde el 4 de julio de 2009.
Reacciones de los colectivos de búsqueda
Las organizaciones civiles han respondido de manera contundente a este ataque. El colectivo Sabuesos Guerreras A.C. emitió un comunicado en el que calificó la agresión como una “ataque directo contra todas las buscadoras y activistas que arriesgamos la vida diariamente en medio de la indiferencia institucional”, exigiendo al gobierno estatal garantías efectivas para la protección de los activistas.
El Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas también condenó el atentado y demandó a las autoridades realizar una investigación seria y efectiva, resaltando que la labor de búsqueda de desaparecidos no debería ser un riesgo mortal. Además, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa se ha comunicado con Alma Rosa Rojo para ofrecer seguimiento a su situación y la de su familia.
Este atentado subraya la creciente violencia que enfrentan quienes se dedican a la búsqueda de verdad y justicia en un contexto de impunidad, reafirmando la necesidad de proteger a los defensores de derechos humanos en México.
