César Jáuregui podrá apelar su vinculación a proceso por traición a la patria
Un tribunal federal admitió el recurso presentado por la defensa de César Gustavo Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, contra la decisión que lo vinculó a proceso por el presunto delito de traición a la patria. La audiencia para escuchar los argumentos de las partes fue programada para el 20 de enero de 2027.
La admisión permite que una instancia de apelación revise la resolución, pero no significa que esta haya sido anulada. Jáuregui continúa en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el Altiplano, mientras avanza el proceso.
Audiencia por videoconferencia desde el Altiplano
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con sede en el Estado de México, determinó que el recurso cumple con los requisitos de procedencia, oportunidad y legitimación. El acuerdo fue emitido el 13 de noviembre en el toca penal 211/2026.
La diligencia se realizará a distancia. El tribunal pidió a las partes conectarse 15 minutos antes para verificar el audio y el video, y ordenó al director del penal facilitar la participación del exfiscal. Si alguna de las partes no se conecta o Jáuregui no es presentado, podría imponerse una multa de 50 Unidades de Medida y Actualización, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.
La admisión del recurso abre la revisión en segunda instancia; no constituye, por sí sola, una revocación de la vinculación a proceso.
La resolución que dicte el tribunal será colegiada y deberá constar por escrito. Al analizar la apelación, los magistrados podrán confirmar, modificar o revocar la decisión impugnada.
El operativo en Chihuahua que originó la acusación
El caso está relacionado con una operación contra un laboratorio clandestino de metanfetaminas en la comunidad de El Pinal, en la sierra de Chihuahua. En el despliegue participaron agentes de la Agencia Estatal de Investigación y cuatro ciudadanos estadounidenses identificados por medios locales como integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
La Fiscalía General de la República sostiene que los agentes extranjeros intervinieron armados en territorio mexicano sin autorización y que esas acciones correspondían a autoridades federales. También acusa a Jáuregui de haber permitido su participación cuando encabezaba la Fiscalía estatal.
De acuerdo con la versión de la FGR, la institución estatal debía informar a la Federación sobre el operativo. La fiscalía afirma que, en cambio, se compartieron detalles con personas extranjeras. Asimismo, señala que Jáuregui habría dicho públicamente que la intervención fue planeada durante meses por distintas áreas de la fiscalía chihuahuense.
Durante la audiencia de vinculación, el Ministerio Público describió la traición a la patria como un delito de peligro, al considerar que la conducta investigada habría puesto en riesgo la seguridad nacional y la soberanía. Se trata de argumentos de la acusación, que deberán ser valorados dentro del proceso.
La defensa cuestiona las pruebas contra el exfiscal
Los abogados de Jáuregui niegan que existan elementos para demostrar que su cliente conocía o autorizó la intervención de los agentes extranjeros. Por ese motivo, consideran que la imputación por traición a la patria no está sustentada y apelaron la decisión judicial.
- La postura de la Fiscalía: Jáuregui habría permitido una operación de agentes extranjeros armados y omitido informar debidamente a las autoridades federales.
- La postura de la defensa: no hay pruebas suficientes de que el exfiscal supiera de la participación de los estadounidenses o la hubiera autorizado.
- La situación procesal: el tribunal de apelación revisará la vinculación a proceso, mientras Jáuregui permanece en el Altiplano bajo prisión preventiva.
El juez de control Ricardo Alfonso Santos Dorantes dictó la vinculación el 25 de octubre, en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez. Desde entonces, representantes del Partido Acción Nacional han cuestionado la acusación y han pedido que se respete la presunción de inocencia, principio reconocido en el marco constitucional mexicano. La audiencia de enero será el siguiente paso para que una instancia superior examine los argumentos de ambas partes, sin que su realización anticipe cuál será el resultado.

