El diario Los Angeles Times, en colaboración con El Puente News Collaborative, publicó este miércoles una investigación que reveló que el gobierno de Estados Unidos mantiene investigaciones penales activas contra dos gobernadores mexicanos en funciones, Alfonso Durazo Montaño de Sonora y Américo Villarreal Anaya de Tamaulipas. Ambos son militantes de Morena. A los dos les fue revocada su visa estadounidense en el marco de las indagatorias, y sin embargo siguen ingresando a territorio estadounidense bajo un mecanismo migratorio poco usual.
¿Entonces cómo siguen cruzando la frontera?
El detalle más revelador de la investigación no es la revocación de visas sino el tipo de permiso con el que ambos gobernadores continúan cruzando la frontera. Se llama Significant Public Benefit Parole, o libertad condicional por beneficio público significativo. Es un mecanismo migratorio que Estados Unidos otorga a personas cuya presencia en su territorio resulta de interés para las autoridades federales, generalmente para testificar ante un gran jurado o aportar evidencia que puede reducir los cargos en su contra o en contra de terceros.
Vanda Brown, investigadora de la Brookings Institution citada en la nota del LA Times, señaló que el programa está pensado para ser utilizado como herramienta para recabar información y obtener pruebas. Steve Fisher, uno de los autores de la investigación, apuntó que dos gobernadores en funciones con visas revocadas por presuntos vínculos con el crimen organizado que utilizan precisamente ese permiso para entrar a Estados Unidos es una situación sumamente difícil de ignorar desde el punto de vista jurídico.
El caso Durazo
Alfonso Durazo no es solo el gobernador de Sonora. Desde septiembre de 2022 preside el Consejo Nacional de Morena, el órgano de mayor jerarquía formal del partido gobernante. Fue el primer secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México bajo López Obrador, entre 2018 y 2020. Que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo tenga bajo investigación no es únicamente un asunto de seguridad estatal sino que apunta directamente a la cúpula orgánica de Morena.
Su visa fue cancelada de forma definitiva en 2025 tras ser identificado como sujeto de investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado. Desde entonces, su acceso a territorio estadounidense se gestiona a través del parole especial, supuestamente vinculado a un tratamiento médico por una afección no especificada. Los autores de la investigación han sido claros en que cuando una visa es revocada por presuntos vínculos con el crimen organizado, muy pocas veces se recupera. Es una situación que apunta a algo estructural, no coyuntural.
El caso Villarreal
Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, está siendo investigado por su presunta vinculación con el huachicol, el robo y contrabando de combustible que mueve miles de millones de pesos al año y tiene en Tamaulipas uno de sus epicentros. Por geografía, Tamaulipas comparte frontera directa con Texas y es un corredor estratégico para el movimiento de combustible robado en ambas direcciones.
El detalle más impactante es el protocolo con que Villarreal cruza hacia Estados Unidos. Según fuentes con conocimiento del caso citadas en la investigación, a veces cuando entra al país está escoltado por autoridades estadounidenses desde la frontera hasta su destino. Es un protocolo sin precedente para un gobernador en funciones.
Villarreal negó todas las acusaciones y calificó los señalamientos de falsos ante los reporteros del LA Times.
Los testigos que construyeron los casos
La base de estas investigaciones no surge únicamente de inteligencia de agencias. El eje central son los testimonios de Ovidio y Joaquín Guzmán, Los Chapitos, quienes tras ser capturados y extraditados a Estados Unidos se convirtieron en testigos cooperantes del Departamento de Justicia. Sus declaraciones ante la Corte del Distrito Norte de Illinois en Chicago confirmaron información que las agencias de inteligencia ya tenían sobre la presunta vinculación de varios funcionarios de Morena con el crimen organizado. Lo que era inteligencia se convirtió en evidencia formal ante un gran jurado.
Esos testimonios ya sustentaron la acusación formal presentada en Nueva York contra Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios de Sinaloa. Según el periodista Raymundo Riva Palacio en El Financiero, el mismo mecanismo puede ser replicado contra Durazo, Villarreal y Mario Delgado, actual secretario de Educación y exlíder nacional de Morena, en la corte de Chicago.
El mapa de investigaciones activas
Las investigaciones en curso contra funcionarios de Morena abarcan múltiples jurisdicciones. Rocha Moya e Inzunza enfrentan acusaciones formales en Nueva York. Durazo está bajo investigación en Illinois y Texas. Villarreal en Texas. Y Mario Delgado ha sido señalado por Los Chapitos ante la corte de Chicago.
La respuesta de los funcionarios
Los gobiernos de Sonora y Tamaulipas rechazaron la información publicada por el LA Times. El gobierno de Sonora aclaró que Durazo cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades estadounidenses, rechazando cualquier señalamiento sin sustento. El gobierno de Tamaulipas negó de manera categórica las afirmaciones sobre Villarreal, señalando que la publicación presenta señalamientos falsos sin una sola prueba que los respalde y que nadie puede convertir rumores o versiones anónimas en hechos.
La respuesta de Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema en su conferencia mañanera y cuestionó la acción del gobierno estadounidense. Sin especificar quién debe aclarar las aseveraciones, dijo que se tiene derecho a la duda. Señaló que Estados Unidos filtra esta información para decirle a los mexicanos que aguas, que les van a quitar la visa, y cuestionó la intención detrás de la publicación.
El contexto que lo explica todo
El timing de estas revelaciones no es casual. La revisión del T-MEC arranca en aproximadamente un mes. El Mundial 2026 inicia el 11 de junio. Las elecciones mexicanas de 2027 se acercan. Y la designación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump eleva los cargos posibles y amplía el arsenal legal de las fiscalías.
Lo que está en juego no es solo la suerte de dos gobernadores. Es la narrativa fundacional de Morena, el partido que prometió acabar con los vínculos entre el poder político y el crimen organizado, enfrentada a la posibilidad de que varios de sus líderes más importantes sean acusados formalmente por exactamente eso.
