La Secretaría Anticorrupción identificó un esquema con el que empresas vinculadas a los hermanos Hernández Casillas habrían simulado competencia en licitaciones y dispersado recursos entre distintas sociedades. La investigación abarca contrataciones de organismos electorales en todo el país, mientras la ASF amplía la revisión a operaciones realizadas desde el año 2000.
Una red de empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas obtuvo contratos electorales por más de 2 mil 600 millones de pesos, mediante un presunto esquema para simular competencia en licitaciones y dispersar recursos públicos entre distintas compañías, de acuerdo con una investigación presentada este jueves por el Gobierno federal.
La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum que las empresas operaban como proveedores aparentemente independientes, aunque compartían socios, administradores, representantes legales y vínculos familiares. Según la dependencia, esto les habría permitido acordar previamente cuál de ellas ganaría cada contratación.
La investigación documenta relaciones empresariales que se remontan a 1999 y contratos millonarios obtenidos durante distintas administraciones electorales. Sus hallazgos se conocen en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE), que ya provocaron la salida de su expresidenta, Guadalupe Taddei.
El caso también abrió nuevas líneas de investigación. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una revisión histórica de las contrataciones electorales entre 2000 y 2025, mientras el INE prepara una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó operaciones de personas y empresas relacionadas con proveedores electorales.
Cómo habrían simulado competencia para ganar contratos
El mecanismo descrito por Buenrostro consistía en que varias compañías relacionadas con los mismos empresarios participaban en una licitación como si fueran competidoras independientes.
Antes de presentar sus propuestas, los responsables habrían acordado cuál ofrecería el precio más bajo y obtendría el contrato. Las demás empresas participaban con ofertas distintas para aparentar que existía una competencia real entre proveedores.
“Lo que hacían es que entraban a las licitaciones, pero como ellos tienen conocimiento de todas las empresas, pues simulaban con los precios, ya se ponían de acuerdo quién iba a ganar”, explicó la secretaria.
De esta manera, aunque los organismos electorales contrataban formalmente a diferentes compañías, los beneficiarios finales estarían vinculados con un mismo grupo empresarial.
La dependencia presentó información registral sobre las relaciones entre socios, administradores y representantes legales para explicar cómo habrían operado estas contrataciones.
Sin embargo, será responsabilidad de las autoridades investigadoras determinar cuáles procedimientos presentaron irregularidades y si existieron acuerdos ilegales para manipular sus resultados.
Empresas sin empleados y transferencias para dispersar el dinero
La investigación no se limitó a los procedimientos de contratación. Buenrostro también expuso cómo se habrían distribuido los recursos después de que las empresas recibían los pagos de las autoridades electorales.
Según la funcionaria, algunas compañías transferían el dinero a otras sociedades, que posteriormente lo repartían entre más empresas. Describió incluso operaciones en las que una compañía distribuía recursos entre otras diez, desde donde se realizaban nuevas transferencias que dificultaban identificar a los beneficiarios finales.
La secretaria calificó a varias de estas sociedades como empresas fachada y señaló que algunas no declaraban trabajadores ni acreditaban capacidad técnica para producir los materiales o realizar los servicios por los que habían obtenido contratos.
También compartían domicilios, números telefónicos y vínculos entre sus representantes legales.
Otro hallazgo fue la aparición de personas de entre 18 y 96 años en las rutas del dinero. Buenrostro explicó que la dependencia investiga si algunas pudieron haber sido utilizadas como prestanombres o víctimas de robo de identidad.
La funcionaria sostuvo que estas operaciones presentan características similares a las observadas en casos de facturación irregular y posible lavado de dinero. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la UIF también investigan a las compañías relacionadas con el grupo.
Más de 2,600 millones de pesos en contratos electorales
La Secretaría Anticorrupción identificó que, entre 2014 y 2023, las empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas recibieron contratos por más de 2 mil millones de pesos en 23 de los 32 organismos públicos locales electorales (OPLE) del país.
Las contrataciones continuaron durante los años siguientes. Entre 2024 y 2025, la dependencia encontró otros 646 millones de pesos en contratos otorgados por organismos electorales de 15 entidades.
Entre las principales compañías identificadas se encuentran Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Cerlaz de México, Corporativo SEC y Formas Finas Fernando Fernández.
Buenrostro también explicó que José Alfredo Hernández Casillas dejó de aparecer formalmente en algunas sociedades durante los últimos años y que parte del control corporativo pasó a familiares, incluidos sus hijos Raymundo y Tatiana Patricia Hernández Velázquez.
Los montos presentados fueron obtenidos a partir de fuentes públicas, principalmente la Plataforma Nacional de Transparencia y el histórico de Compranet. La secretaria advirtió que las cantidades podrían aumentar conforme avancen las auditorías, debido a que no todos los organismos electorales publican la totalidad de sus contratos.
Como ejemplo, señaló que los registros disponibles muestran pocas contrataciones durante 2015, pese a que fue un año electoral, lo que podría indicar que todavía falta información por incorporar a la revisión.
De Gobernación y el Cisen al negocio de los materiales electorales
La investigación también reconstruyó los antecedentes de los hermanos Hernández Casillas antes de convertirse en proveedores de organismos electorales.
De acuerdo con Buenrostro, ambos trabajaron en el Registro Nacional de Población (Renapo), dependiente de la Secretaría de Gobernación, durante la etapa del gobierno federal encabezada por Carlos Salinas de Gortari.
José Alfredo Hernández Casillas fue secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, entonces director general del Renapo. En 1989, ambos pasaron al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), donde Padilla ocupó un cargo directivo y José Alfredo continuó como su colaborador. Raymundo Hernández Casillas se incorporó al área de investigaciones.
Posteriormente, Padilla Aguilar ocupó distintos cargos en el Estado de México, mientras los hermanos dejaron el servicio público y comenzaron a constituir sus propias empresas.
En 1999 ya participaban en el suministro de materiales electorales mediante una compañía llamada Cartonera Plástica. Años después, en 2005, un contrato relacionado con estos empresarios provocó un escándalo en el Instituto Electoral del Estado de México que derivó en la renuncia de siete consejeros.
Entre 2012 y 2013, los empresarios ampliaron su red de sociedades. Ese crecimiento ocurrió antes de la reforma electoral de 2014, que otorgó al Consejo General del INE la facultad de nombrar a los integrantes de los organismos electorales locales.
Sheinbaum señala vínculos con Somos y cuestiona la etapa de Lorenzo Córdova
Uno de los aspectos políticos de la presentación fue la relación de Juan Carlos Padilla Aguilar, antiguo superior de los hermanos Hernández Casillas, con la organización política Somos.
Buenrostro señaló que Padilla Aguilar participó en el Frente Cívico Nacional en 2022 y actualmente forma parte de Somos, donde también tienen responsabilidades antiguos integrantes del INE.
Entre ellos mencionó a Lorenzo Córdova, expresidente del organismo electoral e integrante del Consejo Consultivo Ciudadano de Somos; Marco Antonio Baños, representante suplente de la organización ante el INE, y Edmundo Jacobo Molina, responsable de su Centro de Formación y Profesionalización Política.
Sheinbaum retomó esos antecedentes para cuestionar que las empresas relacionadas con los Hernández Casillas ampliaran sus contratos entre 2014 y 2023, periodo durante el cual Córdova presidió el Consejo General del INE.
La presidenta señaló que, después de la reforma electoral de 2014, ese órgano adquirió la facultad de nombrar a los consejeros de los organismos electorales locales y cuestionó por qué no se establecieron mecanismos para impedir la concentración de contrataciones entre determinados proveedores.
Córdova ha respondido que los contratos fueron otorgados por los organismos electorales estatales y no directamente por el INE.
Aunque la presentación documenta vínculos laborales y políticos entre las personas mencionadas, la pertenencia a una misma organización no demuestra participación en el presunto esquema. Hasta ahora no existe una resolución judicial que establezca que los integrantes de Somos hayan intervenido en las operaciones investigadas.
La ASF investigará 25 años de contratos del INE y organismos electorales
Las investigaciones ya no se limitan a los contratos otorgados durante la presidencia de Guadalupe Taddei.
La Auditoría Superior de la Federación informó que ampliará sus trabajos a las contrataciones del INE, del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y de todos los organismos electorales locales durante el periodo comprendido entre 2000 y 2025.
La autoridad fiscalizadora desarrollará una investigación de oficio sobre posibles irregularidades, un estudio histórico para identificar patrones de concentración de proveedores y una auditoría integral al INE y al gasto federalizado ejercido por los organismos estatales.
La ASF explicó que los trabajos de inteligencia y la información recabada hasta ahora advierten irregularidades históricas en el uso de recursos públicos destinados a contrataciones electorales.
Con esta ampliación, las revisiones abarcarán diferentes administraciones y permitirán determinar si las prácticas identificadas por la Secretaría Anticorrupción formaron parte de un esquema más extenso.
El INE prepara una denuncia y la UIF bloquea operaciones financieras
En paralelo, los diez integrantes del Consejo General del INE acordaron promover una denuncia ante la Fiscalía General de la República para investigar posibles delitos relacionados con las contrataciones del instituto.
La consejera presidenta provisional, Blanca Cruz, explicó que el procedimiento buscará deslindar responsabilidades de quienes pudieran haber participado en irregularidades, sin limitar las investigaciones a una persona en particular.
Entre los funcionarios cuya actuación podría ser revisada se encuentra Guadalupe Taddei, así como antiguos responsables de la Secretaría Ejecutiva, mandos administrativos y otras áreas del organismo.
Los posibles delitos señalados en los reportes sobre el caso incluyen enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones.
Por separado, la Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que incorporó a su Lista de Personas Bloqueadas a 25 personas físicas y 15 empresas relacionadas con proveedores electorales, después de identificar operaciones financieras con elementos de riesgo.
Medios nacionales reportaron que entre las personas afectadas se encuentran Guadalupe Taddei y los hermanos Hernández Casillas. Sin embargo, el titular de la UIF, Omar Reyes, explicó que legalmente no podía divulgar las identidades ni precisó el monto de los recursos inmovilizados.
La inclusión en la lista es una medida administrativa preventiva y no constituye una sentencia ni acredita por sí misma responsabilidad penal.
Hernández Casillas solicitó un amparo, pero no encontraron orden de aprehensión
Otro antecedente involucra a José Alfredo Hernández Casillas, empresario relacionado con Cajas Graf y otras compañías proveedoras de materiales electorales.
De acuerdo con información periodística basada en documentos judiciales, en febrero promovió un amparo conocido como buscador, utilizado para conocer si existen órdenes de aprehensión y solicitar protección frente a su ejecución.
El recurso fue presentado después de que, según el reporte, agentes de la Fiscalía General de la República acudieran a su domicilio en enero.
Una jueza federal le concedió inicialmente una suspensión provisional y fijó una garantía de 6 mil 500 pesos. Sin embargo, posteriormente negó la suspensión definitiva porque las autoridades señaladas informaron que no existía una orden judicial de detención en su contra.
El procedimiento fue sobreseído en abril y archivado en junio, después de que la resolución no fuera impugnada.
El antecedente muestra que el empresario buscó protección judicial, pero no demuestra que existiera una orden de aprehensión vigente contra él.
Qué falta por esclarecer
La investigación presentada por Buenrostro identificó vínculos entre compañías, montos de contratación y presuntos mecanismos para simular competencia y dispersar recursos. Sin embargo, todavía falta determinar qué procedimientos específicos fueron irregulares, quiénes se beneficiaron de las transferencias y si existieron funcionarios públicos que facilitaron esas operaciones.
La revisión histórica de la ASF también podría ampliar los montos y el número de contratos investigados, mientras que la FGR deberá determinar si existen elementos para establecer responsabilidades penales entre empresarios o servidores públicos.
Hasta ahora no se cuenta con una resolución judicial que acredite culpabilidad por el presunto esquema. Tampoco se conoce una respuesta pública específica de los hermanos Hernández Casillas a los señalamientos presentados este jueves.
El caso ha pasado de las contrataciones cuestionadas durante la presidencia de Guadalupe Taddei a una investigación que abarca distintas administraciones electorales y más de dos décadas de operaciones.
La pregunta central es cómo un grupo de empresas relacionadas logró mantener contratos millonarios con organismos electorales durante tanto tiempo y si las autoridades encargadas de supervisar esas adquisiciones permitieron que se desarrollaran prácticas irregulares.
¿Quiénes son los hermanos Hernández Casillas?
José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas son empresarios relacionados con compañías proveedoras de materiales y servicios electorales. La Secretaría Anticorrupción investiga presuntas irregularidades en contratos obtenidos por empresas vinculadas con ellos.
¿Cuánto dinero recibieron sus empresas en contratos electorales?
La investigación identificó más de 2 mil millones de pesos entre 2014 y 2023 y otros 646 millones entre 2024 y 2025. Se trata de montos contractuales localizados en fuentes públicas, no de cantidades acreditadas judicialmente como desviadas.
¿Cómo habría funcionado la presunta red?
Según Buenrostro, varias empresas relacionadas participaban en las mismas licitaciones y coordinaban sus ofertas para aparentar competencia. Después, algunas compañías transferían los recursos recibidos a otras sociedades.
¿Qué investiga la Auditoría Superior de la Federación?
La ASF anunció una revisión histórica de las contrataciones del IFE, el INE y los organismos electorales locales entre 2000 y 2025, con el objetivo de identificar posibles irregularidades y concentración de proveedores.
