La Fiscalía General del Estado de Guerrero ha convocado a declarar a ocho exfuncionarios del Congreso Estatal en el marco de una investigación por la falsificación de firmas y el cobro ilícito de cheques que superan los 20 millones de pesos. Esta situación fue destapada tras las denuncias realizadas por varios diputados que detectaron movimientos sospechosos en los registros financieros de la legislatura local.
Descubrimiento de irregularidades en el Congreso de Guerrero
El escándalo surgió durante una reunión de bancada el 23 de agosto de 2026 en Acapulco. Las diputadas María Guadalupe García Villalba y Catalina Apolinar Santiago fueron las primeras en notar que sus firmas habían sido falsificadas para el cobro de al menos 50 cheques emitidos por el Congreso local. El descubrimiento llevó a García Villalba a presentar una denuncia formal el 2 de septiembre de 2026.
Una de las irregularidades más evidentes fue un cheque expedido a nombre de García Villalba por la suma de 100 mil pesos, el cual había sido cobrado sin su autorización por un funcionario a través de la falsificación de su firma de endoso. Al revisar más a fondo, se encontraron otras anomalías que dan cuenta de un problema sistémico en el manejo financiero del Congreso.
Detección de fraudes financieros
- Catalina Apolinar Santiago: La diputada de Morena reportó que se habían emitido 111 cheques e instrumentos bancarios a su nombre, todos ellos con montos que ella nunca cobró.
- Monto total reclamado: Las sumas de los cheques cobrados fraudulentamente ascienden a más de 20 millones de pesos, lo cual revela un esquema complejo de fraude en contra de la legislatura estatal.
Consecuencias legales y reacciones políticas
La denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado incluye varios delitos graves, como:
- Abuso de confianza
- Administración fraudulenta
- Falsificación de documentos
- Fraude
- Peculado
Frente a este escándalo, diversas bancadas del Congreso han exigido una auditoría exhaustiva sobre la situación financiera de la institución. Legisladores de diferentes partidos han abogado por una mayor transparencia y responsabilidad en el uso de recursos públicos.
- Bancada de Morena: El legislador Aristóteles Tito Arroyo solicitó la intervención de la Auditoría Superior del Estado para una revisión a fondo.
- Partido del Trabajo (PT): La diputada Leticia Mosso propuso auditar las finanzas de legislaturas anteriores.
- Partido Revolucionario Institucional (PRI): El diputado Alejandro Bravo exigió claridad y deslinde de responsabilidades.
Este escándalo financiero ocurre en un momento de tensión política en Guerrero, acentuando las divisiones internas dentro del partido en el poder y generando un llamado urgente a la rendición de cuentas en el manejo del presupuesto estatal.
