Familiares de las víctimas del atentado en el Casino Royale demandan a las autoridades la implementación de medidas de protección y una comunicación transparente tras la liberación de dos implicados vinculados con el ataque que ocurrió en 2011.
La reciente decisión judicial que permitió la excarcelación de dos presuntos responsables del ataque al Casino Royale ha provocado una ola de preocupación entre los familiares de las víctimas. Este fallo fue emitido por la jueza segundo de distrito de procesos penales federales en Matamoros, Tamaulipas, Mabel Cortés Navarrete, quien ordenó la liberación de José Alberto Loera Rodríguez, conocido como “El Voltaje”, y Héctor Javier Montoya, alias “La Rana”, ambos asociados con el grupo criminal Los Zetas.
Los deudos, organizados principalmente a través del colectivo 52 +2, han expresado su desconcierto ante la falta de aviso formal sobre esta resolución. Samara Pérez Muñiz, representante de este colectivo, enfatizó la necesidad de que las autoridades informen sistemáticamente sobre el estado procesal de los detenidos por el devastador atentado de 2011, que cobró la vida de 52 personas, así como la vulneración de derechos que representa la falta de comunicación por parte del Estado.
Demandas por mayor claridad en el proceso legal
La liberación de estos individuos ha suscitado un clima de inseguridad y miedo entre los sobrevivientes y las familias de las víctimas, quienes manifiestan su preocupación por la amenaza potencial que esto implica para su seguridad personal. Pérez Muñiz subrayó el aumento en la ansiedad y temor por las represalias, solicitando formalmente la intervención del Estado para garantizar su protección.
Exigen medidas de protección y transparencia judicial
El colectivo 52 +2 ha dejado claro que las autoridades federales tienen la responsabilidad de asegurar la protección de las víctimas indirectas de un ataque de tal magnitud. Las exigencias principales incluyen la implementación de medidas cautelares efectivas para salvaguardar a los afectados ante los riesgos derivados de la salida de prisión de miembros de Los Zetas.
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Solicitan información detallada sobre el estado del expediente y el estatus legal de los detenidos.
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Piden la implementación inmediata de esquemas de protección que aseguren la seguridad de los deudos.
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Requieren garantías de transparencia por parte del Poder Judicial en los procesos judiciales en curso.
