Fiscalía de Chihuahua rechaza que Maru Campos conociera la presunta participación de la CIA en operativos
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua negó que la gobernadora María Eugenia Campos hubiera sabido de la presunta intervención de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en actividades operativas estatales. La respuesta se difundió el 10 de noviembre, después de que circularan declaraciones atribuidas al exfiscal Guillermo Zuany Portillo.
La institución sostuvo que las pruebas reunidas en la investigación por el desmantelamiento de un laboratorio de drogas en el municipio de Morelos no respaldan esa afirmación. Según la Fiscalía de Chihuahua, el expediente incluye 150 declaraciones de 86 personas, además de pruebas documentales, periciales y técnicas, y ninguna menciona a la mandataria.
Qué respondió la Fiscalía sobre Maru Campos y la CIA
La controversia surgió a partir de una versión atribuida a Zuany, quien habría afirmado que Campos conocía la presencia de personal estadounidense en el estado. La fiscalía estatal respondió que esa aseveración no aparece en los testimonios incorporados a la carpeta relacionada con el operativo de abril en la sierra de El Pinal.
La dependencia señaló que su actuación se basa en los datos de prueba presentados ante las autoridades judiciales y que no se pronuncia sobre declaraciones hechas fuera del proceso.
La FGE también precisó que las afirmaciones atribuidas al exfuncionario no forman parte de esa investigación. Zuany, quien enfrenta una orden de aprehensión, renunció a su cargo el 13 de mayo de 2026, luego de que se iniciara un procedimiento administrativo por una posible omisión vinculada con el caso.
El expediente sobre el operativo en Morelos
La investigación estatal se centra en los hechos ocurridos durante el desmantelamiento de un presunto narcolaboratorio en abril. En su resolución, el juez de control Luis Alberto Simental Ortega consideró probable que la información sobre la participación de personas extranjeras hubiera sido ocultada a las autoridades. Esa apreciación, según la Fiscalía, no equivale a establecer que el gobierno estatal hubiera autorizado su intervención.
La dependencia indicó además que compartió información del expediente con la Fiscalía General de la República. La investigación local permanece en etapa complementaria, conforme al plazo fijado por el juez, y es independiente de la causa federal abierta contra el exfiscal general César Jáuregui Moreno.
Las acusaciones contra Guillermo Zuany
El 16 de octubre, un juez estatal emitió resoluciones que señalan a Zuany y a Jáuregui por presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. En otra resolución, Zuany fue señalado por falsedad ante autoridades con penalidad agravada. Se trata de imputaciones y deberán resolverse dentro de los procesos correspondientes.
La orden de aprehensión contra Zuany no puede ejecutarse por ahora, de acuerdo con declaraciones del encargado del despacho de la FGE, Gilberto Loya Chávez. El exfuncionario promovió un amparo indirecto, recurso que también impide solicitar una ficha roja de Interpol o una alerta migratoria para localizarlo mientras se mantenga esa protección judicial.
La presunta presencia de agentes estadounidenses
Las versiones periodísticas sobre el caso describen una relación entre Zuany y personal de la CIA que habría comenzado meses antes del operativo de abril. Según esos reportes, en el otoño de 2025 el entonces funcionario presentó a un agente estadounidense ante policías estatales, bajo el argumento de que se preparaba una nueva unidad especializada. También se ha señalado que el agente habría observado entrenamientos y revisado equipo en instalaciones de la corporación.
En la operación en El Pinal, realizada entre el 17 y el 19 de abril, cuatro ciudadanos estadounidenses habrían participado junto con personal mexicano. La Fiscalía estatal reconoció que en la carpeta aparecen personas de nacionalidad estadounidense, aunque no se pronunció sobre su identidad ni sobre su adscripción institucional.
Durante el regreso del operativo, una camioneta cayó por un barranco y se incendió. En el vehículo viajaban dos ciudadanos estadounidenses y dos funcionarios mexicanos: Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la Agencia Estatal de Investigación, y su escolta, Manuel Genaro Méndez Montes. Ambos estadounidenses murieron en el accidente.
Los reportes también atribuyen a Zuany instrucciones para retirar los cuerpos y evitar que portaran insignias oficiales mexicanas, así como presiones para mantener en secreto la participación extranjera. Estas versiones no deben confundirse con hechos acreditados en la carpeta que la FGE describió al negar que Campos hubiera sido mencionada por los declarantes.
El proceso federal contra César Jáuregui
En una causa distinta, un juez federal vinculó a proceso a Jáuregui el 25 de octubre por el delito de traición a la patria. El exfiscal general permanece bajo prisión preventiva. La FGR sostiene que permitió la actuación de personal extranjero en territorio mexicano sin autorización y que la información sobre el operativo llegó a las autoridades federales después de que este ya había sido planeado y ejecutado.
La fiscal general Ernestina Godoy afirmó que los dos ciudadanos estadounidenses fallecidos habían acudido previamente a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación. La institución federal investiga si esas visitas y su presunta participación en el operativo se realizaron sin justificación ni autorización.
Una disputa que escaló entre autoridades estatales y federales
El caso también provocó un enfrentamiento político entre el gobierno federal y la administración de Chihuahua. Tras reunirse con Godoy, Campos responsabilizó públicamente a su exfiscal general por los hechos. La gobernadora, sin embargo, rechazó haberlo acusado directamente de traición a la patria y calificó de excesiva esa imputación.
Por ahora, la Fiscalía estatal insiste en que las pruebas de su expediente no vinculan a Campos con el conocimiento de las operaciones atribuidas a agentes estadounidenses. La investigación sobre el operativo continúa, mientras los procesos contra Jáuregui y Zuany avanzan por vías judiciales distintas.

