Inés Gómez Mont: qué delitos le atribuye la FGR y qué penas podría enfrentar en México
La situación de Inés Gómez Mont en Estados Unidos podría abrir paso a un proceso judicial en México. La exconductora tiene tres órdenes de aprehensión vigentes por presunta delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Sin embargo, su arresto por agentes migratorios estadounidenses no se debió a esos mandamientos y todavía no define si será puesta a disposición de las autoridades mexicanas.
La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, informó que una orden fue librada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), mientras que las otras dos corresponden a la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOR). Estas últimas se relacionan con presuntas omisiones fiscales en los ejercicios de 2014 y 2016.
Tres órdenes de captura y una detención migratoria en Florida
Gómez Mont fue detenida el 30 de octubre en Florida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), debido a una presunta irregularidad en su estatus migratorio. Ese arresto es independiente de las órdenes emitidas en México: su futuro dependerá tanto del procedimiento migratorio estadounidense como de las gestiones para que responda ante la justicia mexicana.
La FGR sostiene que la investigación por delincuencia organizada y lavado de dinero está vinculada con contratos públicos por aproximadamente 2,450 millones de pesos adjudicados al órgano encargado de los centros penitenciarios federales. Según la fiscalía, parte de esos recursos habría sido desviada y transferida mediante empresas que simulaban operaciones, hasta llegar presuntamente a cuentas personales de Gómez Mont.
Las acusaciones y las órdenes de aprehensión no equivalen a una sentencia: la responsabilidad debe probarse ante un tribunal y la acusada conserva la presunción de inocencia.
Las penas previstas por delincuencia organizada y lavado de dinero
El artículo 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece sanciones distintas según el papel que se atribuya a la persona dentro de la estructura investigada. Si se demuestra que ejercía funciones de dirección, administración o supervisión, la pena prevista va de 20 a 40 años de prisión, además de una multa. Para quienes no desempeñaban esas funciones, el rango es de 10 a 20 años y también contempla días multa.
La acusación incluye además operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito conocido como lavado de dinero. El artículo 400 Bis del Código Penal Federal contempla de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa para conductas como ocultar o encubrir el origen de recursos que se sabe que proceden de una actividad ilícita.
La FGR afirma que Gómez Mont habría recibido fondos en sus cuentas bancarias, presuntamente triangulados mediante empresas fantasma para ocultar su procedencia y destino. La fiscalía deberá presentar ante un juez las pruebas que sustenten esa hipótesis y acrediten cuál habría sido la participación de la exconductora.
Qué sanciones corresponden a la presunta defraudación fiscal
Las otras dos órdenes se refieren a defraudación fiscal equiparada por los ejercicios de 2014 y 2016. De acuerdo con la fiscalía, Gómez Mont habría declarado ingresos inferiores a los que realmente obtuvo y omitido el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos entre ambos años. No se ha detallado públicamente cuánto se atribuye a cada ejercicio.
El Código Fiscal de la Federación vincula las penas de la defraudación fiscal equiparada con las previstas para la defraudación fiscal. El rango depende del monto que se pruebe en cada caso: según las cifras señaladas en la legislación citada, puede ir de tres meses a dos años de prisión para montos que no excedan 2,531,920 pesos; de dos a cinco años si superan esa cantidad sin rebasar 3,797,870 pesos; y de tres a nueve años cuando la cifra sea mayor.
Como la FGR no ha especificado cuánto correspondería a cada año fiscal, no es posible determinar cuál de esos rangos sería aplicable a cada orden. Esa definición dependería de los montos acreditados durante el proceso.
Por qué la suma de las penas máximas no anticipa una condena
Una suma aritmética de los máximos previstos para los delitos podría dar 73 años de prisión si se considera el supuesto más grave de delincuencia organizada, el lavado de dinero y las dos acusaciones fiscales en sus rangos máximos. Si no se acreditaran funciones de dirección, administración o supervisión, el cálculo hipotético bajaría a 53 años.
Esas cifras no representan una condena probable ni permiten conocer de antemano la pena que impondría un juez. El Código Penal Federal contiene reglas para determinar las sanciones cuando varios delitos se tramitan en un mismo proceso, y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece disposiciones propias. La sentencia dependería de los hechos probados, la clasificación jurídica y las reglas aplicables al caso, no de una suma automática.
El proceso en Estados Unidos y la posible entrega a México
La FGR informó que en septiembre de 2025 solicitó a Estados Unidos la detención provisional de Gómez Mont con fines de extradición y que después presentó la petición formal correspondiente. Godoy señaló que las autoridades mexicanas compartieron información con sus homólogas estadounidenses y entregaron las tres órdenes vigentes.
La defensa presentó el 31 de octubre un recurso de habeas corpus ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida para que se revise la legalidad del arresto migratorio. El juez Jeffrey T. Kuntz pidió al ICE justificar la detención a más tardar el 4 de noviembre. También rechazó impedir de antemano un eventual traslado de Gómez Mont a otro centro, al considerar que no podía bloquear una decisión que correspondiera al Departamento de Justicia.
Entre los argumentos de la defensa figura que una de las hijas de la exconductora recibe tratamiento médico y que trasladarla fuera de Miami podría perjudicarla. Gómez Mont permanece en el Broward Transitional Center mientras se resuelve su situación en Estados Unidos.
La FGR ha indicado que, si Gómez Mont es deportada a México, ejecutará las órdenes de aprehensión cuando llegue al país. Mientras tanto, el caso de su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, sigue un curso separado: él fue detenido por el ICE en 2025, obtuvo libertad bajo fianza con un dispositivo de geolocalización y mantiene pendiente su propio procedimiento migratorio. Por ahora, tanto la eventual entrega de Gómez Mont como el resultado de las acusaciones mexicanas dependen de decisiones judiciales y del desarrollo de los procesos correspondientes.
