El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se ha visto favorecido por una reciente resolución de un Tribunal Colegiado en un caso histórico relacionado con una pensión considerada irregular. Así lo dio a conocer el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama.
Fallos a favor del ISSSTE en antejuicio de pensiones exorbitantes
El tribunal tomó una decisión el pasado 3 de septiembre, negando de forma definitiva el amparo de un exfuncionario, quien percibía una pensión mensual de más de 322 mil pesos. Esta cifra se considera la más alta otorgada ilegalmente por el Instituto en las últimas dos décadas. Desde mayo de 2002, el beneficiario ha acumulado pagos que superan los 55 millones de pesos.
Detalles del caso y monto millonario
El último cargo que ocupó este exfuncionario fue el de director general adjunto, con un sueldo base de 12 mil 509 pesos. Este contraste ha llevado a Batres Guadarrama a calificar el monto de la pensión como totalmente desproporcionado y sin justificación legal. La irregularidad es tan evidente que el director del ISSSTE afirmó:
“Esto quiere decir que, de forma verdaderamente inverosímil, esa persona cobró una cantidad pensionaria mucho muy superior a la que cobró como trabajador en activo. No existe explicación lógica, legal, matemática, laboral o estadística que justifique ese cobro. Se trataba de un privilegio decidido completamente al margen de la ley, en el que puede presumirse una determinación política y un acto de corrupción.”
Un precedente para la gestión de recursos públicos
Este fallo no solo es una victoria legal para el ISSSTE, sino que también sienta un precedente significativo en la defensa de los recursos públicos. Batres Guadarrama aseguró que el instituto seguirá combatiendo casos similares, en un esfuerzo por erradicar privilegios y abusos en el sistema de pensiones.
La atención a este tipo de irregularidades demuestra la importancia de una gestión transparente y justa en el manejo de pensiones, garantizando que todos los trabajadores tengan acceso a un sistema equitativo y legalmente estructurado.
