La UNAM enfrenta una crisis por las irregularidades y los resultados atípicos registrados en el examen de ingreso 2026. La Universidad anunció que alrededor de 58 mil aspirantes deberán presentar un examen de control presencial, luego de que los puntajes de aceptación aumentaran de manera extraordinaria en distintas carreras y planteles.
Esto es todo lo que ha ocurrido y lo que se sabe hasta hoy.
Cómo empezó todo
En enero de 2026 se publicó la convocatoria para el examen en línea, programado del 23 de mayo al 10 de junio.
Las reglas eran estrictas: no interactuar en redes sociales, no utilizar audífonos, no bloquear la cámara ni el micrófono y no desviar la mirada del monitor. La Universidad aseguró que una herramienta de inteligencia artificial notificaría posibles incidencias, pero aclaró que el sistema no cancelaría exámenes de manera automática. Las evidencias, señaló, serían revisadas por personal de la Dirección General de Administración Escolar.
En marzo de 2026, la UNAM contrató a la empresa Territorium Life por un monto de entre 40.7 y 101.7 millones de pesos para operar los exámenes en línea de bachillerato y licenciatura. El contrato contemplaba un mínimo de 154 mil aspirantes y un máximo de 385 mil.
El acuerdo exigía verificación de identidad, monitoreo humano y tableros de control en tiempo real. También incluía una ronda adicional de exámenes durante octubre y noviembre de este año, la cual continúa vigente.
Las señales de alerta que ya existían
En mayo comenzaron a circular en TikTok videos que ofrecían vender las respuestas de los exámenes de la UNAM y el IPN por precios de entre 600 y mil 500 pesos. En conjunto, las publicaciones acumularon casi un millón de reproducciones.
Ambas instituciones dijeron no tener conocimiento de una filtración.
Cuando se preguntó directamente a la Dirección General de Administración Escolar si el sistema de vigilancia había funcionado correctamente en aplicaciones anteriores, la dependencia respondió que sí y aseguró que se trataba de un examen auditado, notariado y evaluado de manera permanente.
La aplicación y los primeros indicios
Entre mayo y junio de 2026, cerca de 158 mil 700 aspirantes presentaron el examen durante tres fines de semana.
A lo largo de las pruebas se detectaron posibles irregularidades, entre ellas el uso de teléfonos celulares, la presencia de terceras personas y casos de presunta suplantación de identidad.
El 3 de julio, antes de la publicación de los resultados, la UNAM presentó una denuncia penal contra personas y empresas que, según la institución, habían engañado a familias al ofrecer servicios fraudulentos para presentar el examen.
Es decir, la Universidad ya tenía indicios de que se estaban cometiendo irregularidades dos semanas antes de dar a conocer los resultados oficiales.
El 17 de julio: se publican los resultados y estalla la crisis
La UNAM informó que la gran mayoría de los aspirantes había realizado su examen sin contratiempos y que solamente se había cancelado alrededor del 2 por ciento de las pruebas.
Sin embargo, de inmediato surgieron dos frentes de inconformidad.
Por un lado, algunos aspirantes denunciaron cancelaciones que consideran arbitrarias. Muchos describieron un patrón similar: descubrieron que su examen había sido invalidado sin previo aviso o sufrieron interrupciones a mitad de la prueba pese a no tener ningún dispositivo a la vista.
Por otro lado, aspirantes que sí concluyeron el examen documentaron que los puntajes de corte para ingresar a distintas carreras se habían elevado a niveles nunca vistos, en algunos casos hasta exigir resultados prácticamente perfectos.
En la carrera de Derecho, por ejemplo, el puntaje mínimo pasó de 86 aciertos en 2024 y 89 en 2025 a 105 en 2026.
El primer análisis público de esta anomalía fue realizado por un actor externo: el Colegio Nacional de Matemáticas. A partir de datos oficiales de la propia Universidad, la institución documentó que el aumento en los puntajes se había presentado de manera generalizada en las cuatro áreas del conocimiento.
La reacción institucional: investigación, suspensión y movilizaciones
Ante la creciente inconformidad, el 21 de julio el rector Leonardo Lomelí ordenó abrir una investigación y crear una comisión técnica. El mandato original de ese grupo consistía en generar propuestas para mejorar el proceso de selección, no en anular los resultados.
El 24 de julio, la UNAM suspendió provisionalmente las inscripciones de primer ingreso, que debían comenzar el día 27.
Tres días después se instaló formalmente la Comisión Técnica, presidida por el investigador emérito Eduardo Bárzana García e integrada por 16 especialistas de distintas disciplinas. El grupo recibió libertad para solicitar información y convocar a los funcionarios involucrados.
Ese mismo día, aspirantes, estudiantes y padres de familia marcharon desde el Metro Universidad hasta Rectoría para exigir que el examen se aplicara de manera presencial.
El 28 de julio, el Gobierno federal se pronunció por primera vez. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que correspondía a la UNAM decidir cómo investigar lo ocurrido y determinar si requería el respaldo de la Fiscalía General de la República, siempre con respeto a la autonomía universitaria.
También planteó como posibles líneas de investigación la participación de Territorium Life en las irregularidades o el uso de herramientas de inteligencia artificial por parte de algunos aspirantes.
El 29 de julio, el Colegio de Directores de Facultades y Escuelas respaldó públicamente al rector y la creación de la comisión.
Ese mismo día, Sheinbaum endureció su postura. Señaló que, si existía algún problema con la empresa contratada, la Universidad debía tomar las medidas correspondientes. No obstante, aclaró que no consideraba que hubiera existido mala intención, sino que el examen se había aplicado sin los controles suficientes para evitar trampas.
También se dio a conocer que Territorium Life había recibido contratos del INE, el IECM, el extinto Consejo de la Judicatura Federal y diversas universidades estatales por más de 218 millones de pesos.
El 31 de julio: el punto de inflexión
Ese día se produjeron cinco anuncios que cambiaron el rumbo del caso.
El primero fue el dictamen estadístico de la comisión técnica. Al comparar los resultados de 2021 a 2026, sus integrantes encontraron que, mientras entre 2021 y 2025 solamente el 3.5 por ciento de los aspirantes alcanzaba 100 aciertos o más, en 2026 la proporción aumentó al 16.3 por ciento.
En el rango de 110 aciertos o más, el incremento fue de 0.9 a 5.5 por ciento.
El segundo anuncio, y posiblemente el más importante, fue la aplicación de un examen de control presencial dirigido a dos grupos: quienes ya habían sido notificados como seleccionados mediante el examen en línea y quienes no fueron aceptados, pero obtuvieron un puntaje igual o superior al mínimo histórico de ingreso entre 2021 y 2026 para el mismo programa, plantel y modalidad.
En total, alrededor de 58 mil aspirantes deberán presentar esta prueba.
El tercer anuncio fue un deslinde relevante. La propia comisión aclaró que el análisis estadístico no constituía una acusación de conducta irregular, ya que no permitía identificar comportamientos individuales ni establecer cómo había obtenido cada aspirante su resultado.
En cuarto lugar, el rector ofreció una disculpa pública a quienes deberán presentar la nueva evaluación y señaló que la decisión era indispensable para brindar certeza jurídica y académica.
Finalmente, se produjo la primera consecuencia de alto nivel. Lomelí aceptó la renuncia de la secretaria general, Patricia Dávila, quien fue sustituida por Javier de la Fuente Hernández.
El 3 de agosto: la protesta cambia de lado
En un giro notable, quienes se manifestaron ese día ya no fueron únicamente los aspirantes con exámenes cancelados, sino también quienes habían sido seleccionados.
Dos grupos con demandas opuestas coincidieron frente a Rectoría: los aspirantes aceptados que se niegan a presentar el examen de control y quienes tuvieron su prueba cancelada y exigen ser incluidos en esa misma evaluación.
Los seleccionados bloquearon vialidades durante varias horas y, al no ser recibidos por las autoridades universitarias, marcharon sobre Insurgentes con consignas como “Justicia, UNAM”, “Respeta mi lugar” y “No fue trampa, fue mi esfuerzo”.
Uno de los aspirantes a la carrera de Derecho argumentó que la Universidad tuvo acceso a los resultados antes que nadie y pudo advertir que el promedio de aciertos había aumentado de manera extraordinaria. Por ello, sostuvo que debió actuar antes de publicarlos y no después.
Los manifestantes también pidieron que se detuvieran los ataques en redes sociales, donde algunos usuarios los han acusado de haber hecho trampa.
Una aspirante de 17 años, aceptada en Ingeniería Química con 111 aciertos, señaló que no se niega a presentar la prueba, pero sí a que se juegue con su salud mental.
Por su parte, los aspirantes cuyo examen fue cancelado se retiraron después de entregar un pliego de peticiones.
Sus citas para revisar las evidencias en su contra están programadas para el 10 y 11 de agosto, fechas posteriores al inicio original de clases. Hasta ahora, no se sabe si podrán incorporarse a tiempo.
Esa misma noche, la UNAM se declaró en sesión permanente y acordó habilitar sedes fuera de la Ciudad de México.
También determinó que las clases para estudiantes de primer ingreso comenzarán el lunes 31 de agosto, tanto para quienes ingresaron mediante pase reglamentado como para quienes participaron en el concurso de selección.
Las actividades para los estudiantes ya inscritos se reanudarán el lunes 17 de agosto.
Los alumnos con pase reglamentado conservarán su lugar y no tendrán que presentar el examen de control.
En conjunto, el inicio de clases para más de 50 mil estudiantes de nuevo ingreso se retrasará tres semanas.
Lo que sigue pendiente
La UNAM confirmó que este 4 de agosto dará a conocer las fechas, las sedes y el procedimiento exacto del examen de control, aunque hasta ahora no ha precisado la hora.
La prueba tendría que aplicarse antes del 31 de agosto para evitar nuevas afectaciones al calendario escolar.
El antecedente de Territorium Life en Colombia
Territorium Life, la empresa contratada por la UNAM, cuenta con antecedentes documentados de incumplimientos en Colombia.
Entre 2019 y 2024, la compañía operó la plataforma virtual del Servicio Nacional de Aprendizaje. El proyecto acumuló retrasos, penalizaciones económicas por fallas constantes y cuestionamientos de organizaciones sindicales, una de las cuales llegó a calificar la plataforma como una estafa.
