Alrededor de 200 personas participaron en la primera Marcha por una Muerte Digna; la iniciativa impulsada por Samara Martínez busca abrir en México la posibilidad de regular la eutanasia y la ayuda médica para morir.
Alrededor de 200 activistas, pacientes con enfermedades crónicas y terminales y familiares participaron este viernes en la primera Marcha por una Muerte Digna en la Ciudad de México, para exigir que el país avance en el reconocimiento y regulación de la ayuda médica para morir.
La movilización partió cerca de las 9:30 horas del Palacio de Bellas Artes, avanzó por Eje Central Lázaro Cárdenas y Donceles y llegó al Congreso de la Ciudad de México, donde representantes del movimiento entregaron propuestas para modificar la legislación en materia de muerte digna.
También se entregó documentación en la Presidencia de la República.
La movilización fue encabezada por Samara Martínez, activista y paciente con insuficiencia renal crónica terminal, quien impulsa la llamada Ley Trasciende, una propuesta para despenalizar y regular la eutanasia en México bajo determinadas condiciones.
Legisladores reciben la propuesta
En las escalinatas del Congreso capitalino, legisladores recibieron el documento y se comprometieron a analizar las propuestas presentadas por las organizaciones.
La diputada Xóchitl Bravo manifestó su respaldo a abrir la discusión sobre muerte digna y señaló que la propuesta será revisada junto con otras iniciativas que organizaciones civiles han presentado sobre el mismo tema.
Martínez explicó que también existen propuestas relacionadas con muerte digna que permanecen en las comisiones de Salud del Congreso federal y señaló que el objetivo es que la discusión avance durante el nuevo periodo legislativo que inicia el 1 de septiembre.
También se prevé la realización de un foro sobre el tema en la Cámara de Diputados el próximo 9 de septiembre.
La campaña impulsada alrededor de Ley Trasciende ha logrado reunir más de 172 mil firmas en Change.org y sus promotores se han fijado como meta superar las 200 mil.
¿Qué es la Ley Trasciende?
La Ley Trasciende es una iniciativa impulsada por Samara Martínez que busca modificar el marco jurídico mexicano para permitir que determinadas personas con enfermedades graves, irreversibles o terminales puedan solicitar ayuda médica para poner fin a su vida mediante un procedimiento regulado.
El proyecto plantea que la decisión sea libre, expresa e informada y que existan controles médicos, éticos y jurídicos para garantizar que provenga exclusivamente de la persona enferma.
Martínez ha explicado que su propuesta no busca sustituir los cuidados paliativos ni obligar a ninguna persona o profesional de la salud a participar en un procedimiento de este tipo, sino incorporar una alternativa adicional para determinados pacientes.
La activista padece insuficiencia renal crónica terminal y lupus. Ha pasado por dos trasplantes de riñón sin resultados favorables y actualmente depende de diálisis peritoneal durante varias horas al día.
Su experiencia personal la llevó a impulsar una discusión que durante años ha permanecido prácticamente detenida en México.
¿La eutanasia es legal actualmente en México?
No.
El artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud establece expresamente que la práctica de la eutanasia está prohibida y la define, para efectos de esa legislación, como “homicidio por piedad”. La misma disposición prohíbe el suicidio asistido.
Además, el artículo 312 del Código Penal Federal sanciona a quien auxilie o induzca a otra persona a suicidarse con penas de uno a cinco años de prisión.
Si quien presta el auxilio llega al punto de ejecutar directamente la muerte, la pena puede ir de cuatro a 12 años de prisión.
Por ello, permitir la muerte médicamente asistida requeriría modificar el marco legal vigente y establecer las condiciones bajo las cuales podría llevarse a cabo.
Eutanasia y voluntad anticipada no son lo mismo
Aunque en México la eutanasia está prohibida, existen mecanismos legales que permiten a una persona decidir sobre los tratamientos médicos que quiere recibir al final de su vida.
Uno de ellos es la voluntad anticipada.
La Ciudad de México fue la primera entidad del país en regularla, en enero de 2008.
Esta figura permite que una persona manifieste previamente su decisión de ser sometida o no a tratamientos o procedimientos médicos destinados a prolongar artificialmente su vida cuando se encuentre en etapa terminal.
La voluntad anticipada no provoca la muerte.
Su objetivo es evitar la obstinación terapéutica y permitir que la enfermedad siga su curso natural, manteniendo cuidados paliativos y tratamiento contra el dolor.
La eutanasia es distinta porque implica una intervención médica destinada deliberadamente a provocar la muerte de una persona que la solicita y que cumple determinados requisitos.
Esa diferencia es precisamente uno de los puntos centrales de la discusión que busca abrir la Ley Trasciende.
Actualmente, además de la Ciudad de México, existen regulaciones sobre voluntad anticipada en entidades como Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala.
Una discusión que ya había llegado al Congreso
El debate no es completamente nuevo.
En años anteriores se han presentado iniciativas en el Congreso de la Unión para modificar la Ley General de Salud y permitir alguna modalidad de muerte médicamente asistida.
En 2022 también se realizaron foros en la Cámara de Diputados sobre la despenalización de la eutanasia.
Martínez ha cuestionado que en algunas de esas discusiones la participación directa de pacientes haya sido limitada y sostiene que quienes enfrentan enfermedades terminales deben ocupar un lugar central en el debate.
Actualmente existen nuevamente propuestas legislativas relacionadas con el tema, mientras organizaciones civiles buscan aumentar la presión para que sean dictaminadas.
¿Qué tendría que pasar para que sea legal?
La entrega de una propuesta al Congreso no significa que la eutanasia haya sido aprobada ni que la Ley Trasciende ya sea una ley.
Para modificar el marco federal, primero tendría que presentarse formalmente una iniciativa ante el Congreso de la Unión.
Posteriormente tendría que ser analizada en comisiones, elaborarse un dictamen y someterse a votación.
Si se trata de una reforma legal que requiere la aprobación de ambas cámaras, el proyecto aprobado por la cámara de origen deberá pasar a la cámara revisora.
Una vez aprobado por el Congreso, tendría que enviarse al Ejecutivo federal para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Además, dependiendo del contenido definitivo de la propuesta, podrían ser necesarias reformas adicionales tanto en materia de salud como penal.
¿Qué piensan los mexicanos sobre la eutanasia?
Una encuesta nacional realizada en 2022 por la organización Por el Derecho a Morir con Dignidad encontró que 72.7% de las personas consultadas consideraba que deberían modificarse las leyes para permitir que personas enfermas puedan recibir ayuda para terminar con su vida si así lo deciden.
El dato muestra que, aunque la eutanasia continúa prohibida en México, existe una discusión social considerable alrededor de su posible regulación.
Sus opositores plantean cuestionamientos éticos, médicos y jurídicos, particularmente sobre la protección de personas vulnerables, la posibilidad de presiones externas sobre los pacientes y las condiciones necesarias para garantizar que una decisión de este tipo sea completamente libre.
Quienes respaldan su regulación sostienen que un eventual marco legal tendría que establecer controles estrictos, evaluaciones médicas y mecanismos para comprobar reiteradamente la voluntad del paciente.
¿En qué países está permitida?
La muerte médicamente asistida tiene distintos modelos legales alrededor del mundo y no todos permiten exactamente lo mismo.
Países como Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, España, Canadá y Colombia cuentan con mecanismos legales que permiten alguna modalidad de eutanasia bajo requisitos específicos.
Ecuador abrió también esta posibilidad mediante una decisión de su Corte Constitucional en 2024.
Otros países y jurisdicciones permiten únicamente el suicidio médicamente asistido, en el que es el propio paciente quien realiza el acto final.
Por ello, conceptos como eutanasia, suicidio asistido y ayuda médica para morir no deben utilizarse como sinónimos: las diferencias legales y médicas entre ellos son relevantes.
La muerte digna abarca más que la eutanasia
La eutanasia es solo una de las posibilidades que forman parte de la discusión sobre el final de la vida.
En México ya existen los cuidados paliativos, la posibilidad de rechazar determinados tratamientos, la adecuación del esfuerzo terapéutico y la voluntad anticipada.
Los impulsores de la Ley Trasciende sostienen, sin embargo, que esas alternativas no solucionan todos los casos y que una persona que enfrenta un padecimiento irreversible debería poder decidir sobre el final de su vida dentro de un procedimiento médico regulado.
Martínez estima que conseguir una modificación legislativa podría tomar meses o incluso años. Paralelamente, también ha planteado explorar la vía judicial mediante un amparo.
Para ella, además del debate jurídico existe una cuestión personal: no sabe si el tiempo que le queda será suficiente para ver concretada la reforma que impulsa.
