La Secretaría de Movilidad busca establecer placas especiales y licencias de carga para motociclistas de aplicaciones, pero suspendió su prueba piloto tras los bloqueos en Santa Fe. Mientras los repartidores denuncian nuevos costos y condiciones laborales precarias, el Gobierno advierte sobre el aumento de muertes en moto. Hay otra protesta convocada para este viernes 13 de noviembre, durante el Buen Fin.
Se vienen nuevas reglas para las motos de reparto en la Ciudad de México y la propuesta ya provocó bloqueos, protestas y un enfrentamiento entre las autoridades y los trabajadores de aplicaciones.
El Gobierno capitalino busca establecer licencias de carga y placas especiales para identificar y regular a quienes utilizan motocicletas para entregar alimentos y mercancías. Sin embargo, los repartidores consideran que las medidas podrían representar nuevos gastos para trabajadores que ya enfrentan ingresos variables, accidentes y riesgos de seguridad.
La inconformidad llevó a cientos de motociclistas a bloquear vialidades de Santa Fe el lunes 9 de noviembre. Ese mismo día, la Secretaría de Movilidad (Semovi) anunció la suspensión de la prueba piloto y abrió mesas de diálogo, aunque las organizaciones de repartidores mantienen una nueva movilización convocada para el viernes 13, primer día del Buen Fin.
La discusión ocurre en una ciudad donde las motocicletas se han convertido en herramientas fundamentales de trabajo, pero también en protagonistas de un problema creciente de seguridad vial. Según cifras de Semovi, durante el primer semestre de 2026 casi la mitad de las personas fallecidas en hechos de tránsito eran conductores de motocicleta.
Detrás del conflicto hay dos preocupaciones que no necesariamente se contradicen: la necesidad de regular la circulación y proteger a quienes utilizan las calles, y la exigencia de que los costos de esa regulación no recaigan únicamente en los repartidores.
Dos protestas en una semana y una tercera convocada para el Buen Fin
La primera movilización ocurrió el lunes 9 de noviembre, cuando cientos de repartidores por aplicación bloquearon calles y accesos de Santa Fe, entre ellos Vasco de Quiroga y conexiones con la carretera México-Toluca.
Los manifestantes rechazaban la propuesta de Semovi para introducir una licencia de carga y placas mercantiles para las motocicletas utilizadas en servicios de reparto. Argumentaban que la medida implicaría más trámites y gastos para continuar realizando su trabajo.
Después de las afectaciones viales, representantes del sector acudieron a las instalaciones de Semovi, donde sostuvieron una reunión con el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto. La dependencia anunció la suspensión de la prueba piloto y la instalación de nuevas mesas de trabajo.
Un día después ocurrió otra protesta, aunque por una razón diferente.
El martes 10 de noviembre, repartidores bloquearon el Eje 8 Sur, a la altura de Xoco y Rinconada del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, después de que se difundiera un video en el que un hombre amenazaba con una pistola a uno de sus compañeros.
De acuerdo con los reportes, el incidente comenzó tras un desacuerdo relacionado con la cancelación de un pedido. La grabación provocó indignación entre los trabajadores, quienes acudieron al inmueble para exigir justicia.
La manifestación escaló cuando algunos participantes derribaron un portón y provocaron daños en una caseta de vigilancia. La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó los destrozos e informó que investigaba la amenaza con arma de fuego en coordinación con la Fiscalía capitalina.
Aunque ambas movilizaciones fueron protagonizadas por repartidores, sus motivos fueron distintos: una respondió a la propuesta de regulación y la otra a una agresión contra un trabajador.
La tensión continuará este viernes 13 de noviembre. Las organizaciones Ni Un Repartidor Menos, Ni Una Repartidora Menos y Repartidores Unidos de México convocaron a nuevos bloqueos intermitentes a partir de las 12:00 horas, con posibles afectaciones en avenidas como Reforma e Insurgentes y accesos a la ciudad.
La movilización está prevista para el primer día del Buen Fin, una de las temporadas de mayor actividad comercial y entregas a domicilio. Hasta el cierre de esta nota, la protesta todavía no había ocurrido.
¿Qué propone Semovi para las motocicletas de reparto?
La propuesta del Gobierno de la Ciudad de México parte de considerar que las motocicletas utilizadas para entregar productos mediante aplicaciones realizan una actividad comercial de transporte de carga.
Bajo ese criterio, Semovi plantea que los repartidores cuenten con una licencia de carga y que sus motocicletas tengan placas mercantiles, diferentes de las utilizadas por vehículos particulares.
La intención oficial es contar con un registro más claro de quienes realizan actividades de reparto, verificar las condiciones de circulación y fortalecer los mecanismos de seguridad vial y responsabilidad civil.
La propuesta no implica que cada repartidor tenga que comprar una motocicleta nueva, sino adaptar el registro de la que utiliza para trabajar.
El Gobierno contemplaba comenzar con una prueba piloto durante 2026 y avanzar hacia la aplicación de la regulación en 2027. Sin embargo, ese calendario quedó sujeto a revisión después de las protestas.
La prueba piloto fue suspendida y las autoridades anunciaron que continuarían las mesas de diálogo antes de definir las siguientes medidas.
Por ahora, no se han informado costos definitivos para obtener la licencia y las placas propuestas, ni se ha establecido una nueva fecha para reactivar el programa.
Por tanto, las disposiciones específicas para repartidores todavía no están vigentes como resultado de este proyecto.
El argumento del Gobierno: casi la mitad de las muertes viales son de motociclistas
La Secretaría de Movilidad sostiene que la regulación es necesaria para mejorar el orden y la seguridad en las calles, especialmente ante el crecimiento del uso de motocicletas para trabajar y trasladarse.
La dependencia ha señalado que aproximadamente ocho de cada diez motocicletas que circulan en la capital se utilizan para actividades de reparto, una proporción que muestra la relevancia de este sector dentro de la movilidad cotidiana.
El problema más grave es la seguridad vial.
De acuerdo con el Segundo Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito de Semovi, durante el primer semestre de 2026 murieron 216 personas en siniestros viales en la Ciudad de México. De ellas, 106 eran conductores de motocicleta, equivalentes al 49.1% del total.
Si se incluyen los pasajeros que viajaban en esas unidades, la cifra aumenta a 123 personas fallecidas a bordo de motocicletas durante seis meses.
La proporción de conductores de moto entre las víctimas mortales también ha aumentado con el tiempo. En 2019 representaban el 24.2% de las muertes viales; para el primer semestre de 2026 ya eran el 49.1%.
A eso se suman los reportes de emergencia. Según datos del C5, hasta septiembre se habían registrado más de 14 mil llamadas al 911 relacionadas con accidentes de motocicleta durante 2026.
Las cifras reflejan un problema de seguridad que afecta especialmente a quienes utilizan estos vehículos. Sin embargo, no permiten concluir que los motociclistas hayan sido responsables de todos los siniestros en los que murieron.
En las calles también existe inconformidad por conductas como circular en sentido contrario, ignorar semáforos o zigzaguear entre automóviles. Son prácticas peligrosas que requieren vigilancia y cumplimiento del reglamento, independientemente de si la motocicleta se utiliza para repartir pedidos o para transporte particular.
El reto del Gobierno será demostrar cómo las nuevas placas y licencias contribuirían a reducir los accidentes y mejorar el cumplimiento de las reglas existentes.
Lo que reclaman los repartidores: más trámites, pero las mismas condiciones de trabajo
Para las organizaciones de repartidores, el principal problema es que la propuesta puede terminar trasladando nuevos costos a quienes ya utilizan sus propios vehículos como herramienta de trabajo.
Los trabajadores argumentan que las plataformas digitales se benefician de las entregas, pero que una parte importante de los gastos cotidianos, como gasolina, mantenimiento, reparaciones y equipo de protección, corre por cuenta de los repartidores.
Por eso cuestionan que una licencia de carga y una placa mercantil deban convertirse en obligaciones adicionales sin establecer previamente quién pagará los trámites y qué responsabilidades asumirán las empresas.
A la discusión se suma la situación laboral del sector.
Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al cierre de octubre de 2026 se habían registrado 1 millón 748 mil 740 personas beneficiadas por la reforma laboral para plataformas digitales. De ellas, 229 mil 249 superaron el umbral de ingreso mensual necesario para ser incorporadas con acceso a todos los seguros del instituto.
El resto no alcanzó ese umbral para obtener la cobertura completa, aunque conserva protección por riesgos de trabajo durante la prestación de servicios mediante las plataformas.
Entre quienes sí fueron registrados con cobertura integral, el salario promedio asociado fue de aproximadamente 420 pesos diarios.
Estas cifras corresponden al conjunto de trabajadores de plataformas digitales, no exclusivamente a repartidores en motocicleta, pero permiten observar las diferencias de ingreso y protección social dentro del sector.
A las preocupaciones económicas se suman los riesgos que enfrentan durante sus jornadas. Los repartidores denuncian robos, agresiones y conflictos con clientes, como el ocurrido esta semana en Xoco, donde un trabajador fue amenazado con una pistola.
Por eso insisten en que cualquier regulación también debe contemplar medidas que mejoren su seguridad y no solamente nuevos requisitos administrativos.
¿Y las aplicaciones? El actor que falta en la discusión
Mientras el Gobierno y las organizaciones de repartidores debaten sobre licencias, placas y costos, hay un tercer actor directamente relacionado con el problema: las plataformas digitales que organizan y cobran por las entregas.
Empresas como Uber Eats, DiDi Food y Rappi forman parte de un mercado que depende de miles de trabajadores que utilizan motocicletas para llevar productos a domicilio.
Sin embargo, hasta el corte de esta nota no se había localizado una postura pública específica de estas compañías sobre la propuesta de placas mercantiles y licencias de carga en la Ciudad de México.
Tampoco se ha informado si las plataformas participarían en el pago de los nuevos requisitos, ofrecerían apoyos para cumplirlos o modificarían sus condiciones de operación.
La discusión no es menor. Si el objetivo consiste en mejorar la seguridad vial, las decisiones pueden afectar tanto a quienes circulan en motocicleta como a las empresas que organizan el servicio y establecen las condiciones económicas de las entregas.
El debate también abre preguntas sobre la presión por cumplir tiempos, los incentivos de las aplicaciones y las condiciones en las que trabajan los repartidores, aunque no se ha demostrado que esos factores expliquen por sí solos los siniestros registrados en la ciudad.
La regulación está suspendida, pero el conflicto sigue abierto
La decisión de Semovi de suspender la prueba piloto evitó que la propuesta avanzara de inmediato, pero no resolvió las diferencias entre autoridades y repartidores.
Las próximas mesas de diálogo deberán definir si se mantienen las licencias de carga y placas especiales, cuáles serían sus costos, qué obligaciones corresponderían a las plataformas y qué medidas podrían mejorar realmente la seguridad en las calles.
La marcha convocada para el viernes 13 de noviembre también pondrá a prueba la capacidad de negociación entre las partes, especialmente por las posibles afectaciones a la movilidad durante el inicio del Buen Fin.
El desafío consiste en atender dos problemas que existen al mismo tiempo. Por un lado, la Ciudad de México enfrenta una creciente mortalidad de motociclistas y necesita hacer cumplir las reglas de tránsito. Por otro, miles de repartidores dependen de estos vehículos para obtener ingresos y enfrentan riesgos laborales y de seguridad.
Las nuevas placas pueden servir para identificar y registrar a quienes realizan entregas, pero su utilidad dependerá de que formen parte de una estrategia más amplia de seguridad vial y protección laboral.
Por ahora, sigue sin resolverse una de las preguntas centrales del conflicto: si es necesario poner orden en el reparto por motocicleta, ¿quién debería pagar el costo de hacerlo, los trabajadores o las aplicaciones para las que trabajan?
¿Cuáles son las nuevas reglas para motos de reparto en CDMX?
Semovi propone que quienes utilizan motocicletas para repartir productos cuenten con una licencia de carga y que sus vehículos tengan placas mercantiles. La prueba piloto fue suspendida y la propuesta sigue en revisión.
¿Ya son obligatorias las placas especiales para repartidores?
No. Al 12 de noviembre de 2026, la prueba piloto de la propuesta estaba suspendida y las autoridades mantenían mesas de diálogo con representantes del sector. Esto no elimina las obligaciones vehiculares ya existentes.
¿Por qué protestan los repartidores en CDMX?
Se oponen a posibles costos adicionales por licencias y placas especiales. También denuncian condiciones laborales precarias y piden medidas de seguridad para quienes trabajan mediante aplicaciones.
¿Cuándo es la próxima marcha de repartidores?
Se convocó para el viernes 13 de noviembre de 2026, a partir de las 12:00 horas, con posibles afectaciones en distintas vialidades. Es una convocatoria, por lo que rutas y cierres pueden cambiar.
¿Cuántos motociclistas mueren en accidentes en CDMX?
Según Semovi, durante el primer semestre de 2026 murieron 106 conductores de motocicleta y 17 acompañantes, para un total de 123 personas fallecidas a bordo de motos.
