Huachicol eléctrico para minar criptomonedas: proponen penas de hasta 12 años de cárcel

Una iniciativa presentada en el Congreso de la Ciudad de México plantea castigar con cinco a 12 años de prisión a quienes roben o manipulen electricidad para operar instalaciones de minería de criptomonedas. El proyecto también contempla multas, el decomiso de los equipos y sanciones más severas si se comprueba la existencia de agravantes.

La propuesta fue impulsada por el diputado de Morena Alberto Martínez Urincho y busca incorporar un delito específico al Código Penal Federal. Por ahora, se trata de una iniciativa en trámite: no ha sido aprobada ni está vigente.

¿Qué sanciones propone la iniciativa contra el huachicol eléctrico?

El proyecto plantea añadir el artículo 368 Sextus al Código Penal Federal. La disposición se enfocaría en el uso ilícito de electricidad para alimentar equipos de cómputo que procesan grandes volúmenes de datos o resuelven algoritmos criptográficos vinculados con la generación de activos virtuales.

Las conductas que podrían sancionarse incluyen utilizar, aprovechar, comercializar, traficar o alterar sin autorización la energía de las redes nacionales con ese propósito. De aprobarse el texto, las consecuencias incluirían:

• De cinco a 12 años de prisión.
• Multas de mil a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
• El decomiso de los aparatos utilizados para cometer el delito.
• La aplicación de las disposiciones legales correspondientes a los activos virtuales obtenidos mediante esas operaciones.

La propuesta prevé elevar las penas hasta en una mitad si se acreditan circunstancias agravantes. Entre ellas están las conexiones clandestinas a líneas de media o alta tensión, las alteraciones importantes del suministro y la operación de centros informáticos ocultos a las autoridades. En esos casos, la pena máxima de 12 años podría aumentar hasta 18.

El robo de electricidad y las pérdidas para la CFE

Martínez Urincho argumentó que el robo de energía causa daños económicos y puede poner presión sobre la infraestructura eléctrica. Para respaldar su planteamiento, citó cifras según las cuales entre enero y julio de 2024 se reportaron 6 mil 346 gigawatts-hora de pérdidas no técnicas, con un valor comercial estimado en 13 mil 800 millones de pesos.

Esas cifras abarcan diferentes irregularidades en el consumo, como conexiones ilegales y manipulación de medidores; no corresponden únicamente a la minería de criptomonedas. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) enfrenta pérdidas asociadas a diversas formas de robo y uso irregular de electricidad.

Además del impacto económico, una conexión clandestina puede provocar sobrecargas o afectar la distribución, en particular si interviene líneas de mayor tensión. El proyecto busca que el uso de electricidad robada para sostener operaciones tecnológicas de gran escala quede descrito de forma expresa en la legislación penal.

¿Por qué la minería de criptomonedas consume tanta energía?

La minería consiste en utilizar computadoras especializadas para realizar cálculos criptográficos que, en ciertas redes digitales, ayudan a validar transacciones. En sistemas como Bitcoin, quienes participan pueden recibir activos virtuales como recompensa. El proceso exige electricidad tanto para mantener los equipos funcionando como para refrigerarlos.

En la iniciativa se estima que una máquina minera moderna puede demandar alrededor de 3.5 kilowatts de potencia y consumir cerca de 84 kilowatt-hora en un día de operación continua. El legislador también cita una estimación de 121 terawatts-hora anuales para el consumo de la red Bitcoin.

La iniciativa no plantea prohibir la minería de criptomonedas; propone sancionar el uso ilegal de electricidad para llevarla a cabo.

El artículo 368 del Código Penal Federal ya contempla como conducta equiparada al robo el uso o aprovechamiento de energía eléctrica sin derecho ni consentimiento. La reforma propuesta busca establecer un supuesto específico cuando la electricidad se destine a equipos de minería de activos virtuales o a infraestructura de procesamiento masivo de datos.

¿Cuándo podría entrar en vigor la reforma?

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino para su análisis. Si obtiene un dictamen favorable, deberá discutirse y votarse en el Pleno. En caso de avanzar, tendría que enviarse al Congreso de la Unión, pues plantea cambios a una ley federal.

Hasta que concluya ese proceso y la reforma sea aprobada, las penas de cinco a 12 años —y el posible aumento hasta 18 años— son únicamente parte de la propuesta. Mientras tanto, el robo de electricidad continúa sujeto a las disposiciones legales vigentes.