Proponen reforma en la Cámara de Diputados para proteger a trabajadores de penalizaciones tras renuncia
Las prácticas laborales han estado en la mira en los últimos años y una nueva iniciativa busca abordar uno de los problemas más recurrentes: las penalizaciones impuestas a trabajadores que deciden renunciar. En la Cámara de Diputados se analiza una reforma que prohibiría dichas medidas por parte de los empleadores.
Iniciativa para fortalecer los derechos laborales
La propuesta, presentada por el diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, tiene como objetivo modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT). La reforma evitaría que cualquier tipo de penalización —como descuentos salariales, retenciones o amenazas— sea aplicada a quienes opten por dejar su empleo.
“Se propone que esta prohibición aplique con independencia del tiempo transcurrido entre que la o el trabajador notifica su renuncia y el momento en que esta surte efectos”, afirmó el legislador.
Cláusulas nulas y protección de derechos
A pesar de que el artículo 107 de la LFT ya prohíbe la imposición de multas por causas laborales, en la práctica, muchas empresas continúan implementando mecanismos abusivos que afectan los derechos de los trabajadores. La reforma busca que incluso los contratos que incluyan cláusulas de penalización sean considerados nulos.
La iniciativa propone dos importantes cambios:
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Prohibición de descuentos y multas: Se añadirá un párrafo al artículo 33 que declare nula cualquier afectación al salario tras la renuncia, incluidas multas y retenciones.
- Obligación de entrega de documentación: Se busca reformar el artículo 132 para exigir que los empleadores entreguen en un plazo de tres días los comprobantes y documentos que acrediten la relación laboral, el salario y el puesto desempeñado.
Penalizaciones y sanciones a empleadores
En un intento por disuadir a los empleadores de aplicar represalias o mantener a los trabajadores de forma forzada, la reforma también propone incluir una nueva fracción en el artículo 133. Esta adición contempla multas que van desde 29,327.50 hasta 2 millones 932,750 pesos, dependiendo de la gravedad de la falta.
Juan Ignacio Zavala Gutiérrez destacó que la legislación actual no aborda adecuadamente las diferentes formas de penalización que pueden presentarse tras una renuncia, lo que deja a los trabajadores vulnerables ante posibles abusos.
Proceso legislativo y adecuaciones
La iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis en las comisiones correspondientes. Si se aprueba, pasará por el pleno y luego al Senado, donde debe seguir el mismo proceso antes de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Los empleadores tendrán un periodo de 180 días para ajustar sus contratos y reglamentos internos a las nuevas disposiciones una vez que la reforma entre en vigor.
La propuesta de reforma busca establecer un marco laboral más robusto y protector, garantizando que los derechos de los trabajadores no sean vulnerados en el delicado momento de la renuncia.
