La diputada local del PAN, Laura Álvarez, ha presentado una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México con el objetivo de limitar el uso de teléfonos celulares para estudiantes de primaria y secundaria en las instituciones educativas. Esta propuesta busca salvaguardar el proceso de aprendizaje y el bienestar de los jóvenes estudiantes.
La legisladora argumenta que la presencia constante de estos dispositivos interfiere en el aprendizaje, afecta la interacción presencial y expone a los estudiantes a contenido no adecuado, así como a riesgos relacionados con el ciberacoso y el contacto con desconocidos.
Álvarez destacó que, a diferencia de otros países, en México la regulación de estos dispositivos en el ámbito escolar todavía no ha avanzado. “Mientras en diversas naciones se han tomado medidas concretas, aquí aún no hemos hecho lo suficiente”, enfatizó.
Referencias Internacionales y Opinión Docente
La parlamentaria hizo énfasis en que varios países, incluyendo España, han implementado leyes que prohíben el uso de celulares en las escuelas, mientras que naciones como China y Japón han impuesto restricciones en el uso de estos dispositivos para niños. “La experiencia internacional nos muestra que es posible crear entornos educativos más seguros ¿Por qué no hemos tomado acciones en la Ciudad de México?”, cuestionó.
Además, citó una encuesta realizada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la que el 81% de 565 mil 396 docentes coincidieron en la necesidad de establecer normas claras sobre el uso pedagógico de los teléfonos celulares en el aula.
Los últimos resultados de la prueba PISA refuerzan aún más su postura, ya que indican que solo el 30% de los estudiantes en México tiene conocimientos básicos en matemáticas, y tan solo el 50% presenta una comprensión lectora adecuada.
Normativas y Consecuencias para las Escuelas
La propuesta legislativa no solo busca garantizar un uso responsable de la tecnología, sino que también reconoce el derecho de los menores a interactuar con estas herramientas de forma segura. La iniciativa establece la responsabilidad de las instituciones educativas para promover un entorno digital protegido, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Finalmente, se prevén sanciones para aquellos planteles que no cumplan con las restricciones propuestas. Estas sanciones variarían desde amonestaciones escritas hasta multas que podrían alcanzar 5 mil UMAS, equivalentes a aproximadamente 586 mil 550 pesos mexicanos.
