La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este viernes un proyecto de decreto que busca establecer obligaciones para las plataformas digitales en materia de protección de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos violentos o nocivos.
La propuesta surge después del ataque ocurrido el 1 de octubre en una secundaria del ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, donde dos exalumnos de 18 años ingresaron armados al plantel, provocaron la muerte de la subdirectora y dejaron varias personas heridas.
Un día después del ataque, el gobierno federal anunció la creación de un grupo de trabajo coordinado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal e integrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Educación Pública, el Centro Nacional de Inteligencia, la Agencia de Transformación Digital y otras instituciones.
El primer objetivo de ese grupo fue preparar un decreto para que las plataformas digitales asuman mayores responsabilidades frente a contenidos que puedan incentivar violencia, abuso o acoso.
Ahora el proyecto ya fue presentado, aunque todavía falta su publicación formal para que entre en vigor.
¿Qué contenidos busca regular el decreto?
El proyecto define a las plataformas digitales como servicios de internet que permiten la interacción, comunicación, generación, difusión o intercambio de contenidos entre usuarios.
La propuesta plantea que las empresas deberán adoptar medidas específicas para evitar que niñas, niños y adolescentes tengan acceso, exposición o recomendación de determinados contenidos considerados dañinos.
Entre ellos se encuentran materiales relacionados con discursos de odio, abuso, explotación o violencia sexual, suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios, violencia escolar, acoso, ciberacoso, conductas ilícitas, contenido sexual explícito y expresiones de extremismo violento.
El planteamiento no consiste únicamente en eliminar publicaciones.
Las plataformas también tendrían que trabajar sobre sus sistemas de recomendación y clasificación por edades para evitar que ese tipo de materiales sean mostrados a menores de edad.
Las plataformas tendrán que detectar y retirar contenidos
Una de las principales obligaciones propuestas es que las plataformas cuenten con mecanismos para detectar y retirar oportunamente cuentas, publicaciones o contenidos que promuevan o inciten directamente a la violencia.
El gobierno plantea también sistemas de clasificación de contenidos por edad y herramientas que permitan a madres, padres y tutores supervisar con mayor facilidad la actividad digital de menores.
Las configuraciones de privacidad y seguridad destinadas a niñas, niños y adolescentes deberán estar activadas de forma predeterminada, en lugar de depender de que cada usuario modifique manualmente sus opciones.
También deberán existir mecanismos accesibles para denunciar contenidos considerados violentos o perjudiciales.
Sheinbaum ha insistido en que las disposiciones serán obligatorias una vez publicado el instrumento y que no dependerán únicamente de la voluntad de las empresas.
¿Qué deberán hacer las plataformas con las autoridades?
El proyecto contempla además obligaciones de colaboración con las instituciones de seguridad, protección y procuración de justicia.
Las plataformas deberán contar con un punto de contacto disponible las 24 horas del día durante todo el año para atender requerimientos de autoridades investigadoras.
También deberán preservar y, cuando exista un requerimiento legal, entregar información o evidencia vinculada con investigaciones.
El gobierno plantea además que las empresas alerten de manera inmediata cuando identifiquen contenidos que puedan representar un riesgo para la vida de una persona.
Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia que contempla fortalecer el seguimiento de amenazas, comunidades y expresiones de extremismo violento en redes sociales, servicios de mensajería, foros y otros espacios digitales.
La propuesta también alcanzaría videojuegos y otros servicios digitales
Sheinbaum señaló que las nuevas disposiciones no se limitarían únicamente a redes sociales.
La lógica del proyecto alcanza también otros servicios digitales, incluidos videojuegos y plataformas donde menores puedan entrar en contacto con contenidos violentos o con otras personas.
El argumento del gobierno es que las empresas ofrecen productos y servicios y, por lo tanto, también tienen responsabilidad sobre las condiciones de seguridad en las que son utilizados por menores de edad.
Prevención dentro de las escuelas
El decreto forma parte de una estrategia que no se limita al control de contenidos en internet.
El gobierno federal anunció también medidas de prevención dentro de los propios planteles educativos.
Entre ellas se encuentra el fortalecimiento del programa ABC de las Emociones, con actividades enfocadas en salud mental, manejo emocional y uso consciente de redes sociales.
También se contemplan asambleas con madres y padres de familia, mecanismos confidenciales para reportar situaciones de riesgo y mayor orientación para adolescentes y jóvenes.
La estrategia incluye además la difusión de la Línea de la Vida, en el número 800 911 2000, para brindar orientación y apoyo psicológico.
De acuerdo con información presentada por el gobierno, se han realizado decenas de miles de asambleas con madres y padres de familia como parte de estas acciones preventivas.
El decreto todavía no contempla sanciones
Este es uno de los puntos más importantes del proyecto.
Aunque el gobierno busca establecer obligaciones para las plataformas, el decreto presentado inicialmente no incluye un régimen de sanciones económicas o administrativas.
Sheinbaum explicó que, si las empresas no colaboran o las medidas resultan insuficientes, el gobierno podría impulsar posteriormente una reforma legal que permita establecer sanciones.
Esto significa que existe una diferencia importante entre el instrumento que prepara actualmente el Ejecutivo y una eventual ley aprobada por el Congreso.
El decreto puede establecer obligaciones dentro de las facultades del gobierno federal, pero un régimen sancionador más amplio podría requerir modificaciones legales.
¿Puede el gobierno imponer estas obligaciones por decreto?
Ese es precisamente uno de los principales retos jurídicos de la propuesta.
La Consejería Jurídica y la Agencia de Transformación Digital trabajan para que el decreto se mantenga dentro de las atribuciones constitucionales y legales del Poder Ejecutivo.
La propia presidenta ha reconocido que, si se requieren facultades adicionales para sancionar incumplimientos, el gobierno podría presentar posteriormente una iniciativa al Congreso.
Por eso, la publicación del texto definitivo será clave para conocer hasta dónde llegarán las obligaciones de las plataformas y cuáles podrán exigirse únicamente mediante regulación administrativa.
¿Cuándo entraría en vigor?
Por ahora, el documento presentado sigue siendo un proyecto.
El gobierno prevé mantener conversaciones con las empresas digitales antes de publicar el decreto en el Diario Oficial de la Federación.
La intención anunciada es que la publicación ocurra durante la próxima semana.
Hasta entonces será posible conocer el texto definitivo, las obligaciones exactas y los mecanismos mediante los cuales las autoridades pretenden supervisar su cumplimiento.
Qué queda por definir
La propuesta plantea cambios importantes en la responsabilidad de las plataformas digitales frente a menores de edad.
Sin embargo, todavía quedan varias preguntas abiertas.
No se ha definido públicamente cómo funcionarán en la práctica los sistemas para identificar contenidos violentos, qué criterios se utilizarán para distinguir entre información, ficción, denuncia y material que verdaderamente incite a la violencia, ni cómo se evitarán retiros excesivos de contenido.
También queda por definir qué ocurrirá cuando una plataforma incumpla, dado que el primer decreto no contempla sanciones.
El punto central será precisamente ese: el gobierno quiere que las obligaciones sean vinculantes, pero su efectividad dependerá de las facultades que tenga el Ejecutivo, de cómo respondan las plataformas y de si posteriormente se impulsa una ley que incluya mecanismos coercitivos.
La discusión, por tanto, apenas comienza.
