Sheinbaum exige revisar contratos del INE y cuestiona la gestión de Lorenzo Córdova
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, volvió a cuestionar la gestión del expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, por la contratación de empresas que suministraban materiales electorales. Según la mandataria, el instituto conocía la concentración de proveedores y debió actuar para prevenir posibles irregularidades, asunto que actualmente revisa la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Durante su conferencia matutina del viernes 6 de noviembre, Sheinbaum sostuvo que el organismo debe transparentar sus compras y garantizar que los procesos electorales se desarrollen con limpieza. “El INE sí se tiene que sanear”, afirmó desde Palacio Nacional.
El señalamiento de Sheinbaum sobre los proveedores electorales
La presidenta se refirió a declaraciones recientes de Córdova, quien habría reconocido que conocía la existencia de un grupo reducido de empresas contratado por organismos electorales estatales. Sheinbaum añadió que el propio INE también recurrió a esas compañías durante el periodo en que él encabezó la institución.
“Estuvo nueve años sabiendo que los organismos estatales que organizaban elecciones contrataban solamente a unas cuantas empresas y él también las contrató”, dijo Sheinbaum.
La mandataria rechazó el argumento de que la supervisión de una posible concentración empresarial correspondía exclusivamente a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). A su juicio, el INE tenía responsabilidades relacionadas con la designación de consejeros electorales locales y con los lineamientos que rigen las contrataciones.
Sheinbaum señaló que el instituto participa en el nombramiento de autoridades electorales de las 32 entidades y sostuvo que debía procurar que las compras de los organismos estatales se realizaran con transparencia. La presidenta insistió en que la investigación de la Auditoría Superior de la Federación deberá establecer si hubo irregularidades.
Los puntos centrales de la controversia
- Sheinbaum cuestionó que el INE y organismos electorales locales contrataran a un número limitado de proveedores de material electoral.
- La presidenta afirmó que el instituto también realizó contratos con esas empresas durante la gestión de Córdova.
- La mandataria discrepó con la postura de que el asunto correspondía únicamente a la autoridad de competencia económica.
- La ASF revisa los contratos y, según Sheinbaum, deberá determinar si existieron faltas.
La acusación de una red de empresas y el llamado a sanear el INE
Sheinbaum vinculó el caso con la información que su gobierno había presentado un día antes sobre una presunta red de compañías proveedoras. Mencionó a los hermanos Hernández Casillas y afirmó que el grupo tendría antecedentes en la estructura de organización electoral que operó desde la Secretaría de Gobernación. No ofreció en la conferencia detalles completos sobre todas las personas señaladas.
La presidenta describió la presunta concentración de contratos como un problema que debía investigarse tanto en el Instituto Nacional Electoral como en los organismos estatales. Sin embargo, las responsabilidades y la eventual existencia de delitos o faltas administrativas dependerán de las indagatorias correspondientes.
En ese contexto, Sheinbaum recordó las movilizaciones realizadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra la reforma electoral, bajo la consigna “El INE no se toca”. Según su interpretación, esa defensa del instituto pudo haber contribuido a conservar intereses dentro de la estructura electoral. También sostuvo que la difusión del caso busca perjudicar al movimiento político que llegó al poder en 2018.
“El Instituto Nacional Electoral es una institución que debe garantizar la voluntad popular, que debe garantizar elecciones limpias”, expresó la mandataria, al reclamar también transparencia y austeridad en el funcionamiento del organismo.
Sheinbaum acusó a Córdova de mantener una posición política contraria a la transformación impulsada por su movimiento y afirmó que la posible corrupción en los organismos electorales pudo extenderse durante varios años. Por ahora, sostuvo, corresponde a la auditoría determinar el alcance de las observaciones sobre los contratos; el debate, dijo, deberá resolverse con investigaciones y rendición de cuentas.
