La relación entre México y Estados Unidos está en uno de sus momentos más tensos en años. Esta semana se sumaron dos elementos que la complican aún más: una nueva amenaza de Trump sobre intervención en territorio mexicano y la publicación de la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, un documento de más de 100 páginas que pone a México en el centro de la política antinarcóticos de Washington.
La amenaza de Trump
Este miércoles, durante un evento en la Casa Blanca relacionado con las conmemoraciones del Día de las Madres, el presidente Donald Trump volvió a amenazar con actuar en México si las autoridades mexicanas no frenan el tráfico de drogas. Presumió que la entrada de drogas por vía marítima hacia Estados Unidos cayó 97 por ciento desde que comenzaron a bombardear embarcaciones en el Caribe, y anunció que la siguiente fase es terrestre.
La frase que circuló en medios de ambos países fue directa: escucharán algunas quejas de personas en México y otros lugares, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros.
No es la primera vez que Trump hace este tipo de declaraciones. Pero esta vez llegan en un contexto muy específico: días después de que el Departamento de Justicia acusara formalmente al gobernador de Sinaloa y a otros funcionarios de ese estado por vínculos con el Cártel de Sinaloa, en medio del escándalo por la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua sin conocimiento del gobierno federal, y horas después de que la Casa Blanca publicara su nueva estrategia antidrogas.
La Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026
El documento fue presentado el 4 de mayo por Sara Carter, directora de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas. Es uno de los textos de política antinarcóticos más agresivos que ha publicado Washington en años y tiene implicaciones directas para México.
Los puntos más relevantes son los siguientes.
México aparece como territorio clave de origen y tránsito de drogas sintéticas, principalmente fentanilo y metanfetamina. El documento identifica la frontera entre ambos países como el principal corredor de entrada de drogas ilícitas a Estados Unidos y describe múltiples laboratorios clandestinos y túneles en territorio mexicano.
Los cárteles mexicanos son tratados por primera vez de forma explícita como organizaciones terroristas extranjeras, no como grupos criminales. Eso cambia el marco legal y político con el que Washington puede justificar sus acciones.
El fentanilo fue designado por Trump como arma de destrucción masiva mediante una orden ejecutiva. La estrategia adopta ese marco y lo convierte en el eje de su política antidrogas.
La cooperación bilateral queda condicionada a resultados. El documento establece que la asistencia de Estados Unidos a México en materia de seguridad estará sujeta a avances concretos y medibles: arrestos, procesamiento y extradición de líderes criminales, desmantelamiento de laboratorios y decomiso de precursores químicos.
El gobierno estadounidense anuncia el uso de acciones encubiertas y ampliación de facultades de inteligencia. Esto incluye intervención de comunicaciones internacionales y operativos de inteligencia complejos contra los cárteles. El caso de los agentes de la CIA en Chihuahua adquiere así un nuevo marco de lectura: no fue una anomalía, sino parte de una política que ahora se formaliza en un documento oficial.
Se crean las Fuerzas de Tarea de Seguridad Nacional, una nueva estructura interagencial que concentra capacidades de inteligencia, investigación y acción contra cárteles desde América Latina hasta los puntos de distribución en ciudades estadounidenses.
Las sanciones se amplían. Podrán aplicarse a cualquier persona, empresa o funcionario, sin importar su nacionalidad, que facilite el tráfico, el lavado de dinero o cualquier actividad vinculada al narcotráfico. Eso incluye laboratorios, transportistas, farmacéuticas y funcionarios públicos.
El contexto en el que llega todo esto
La estrategia y las declaraciones de Trump no caen en el vacío. Llegan en la semana en que la Fiscalía General de la República descartó detener a Rubén Rocha Moya por considerar que Estados Unidos no aportó pruebas suficientes, mientras que Washington mantiene la acusación formal en pie y la considera ampliamente documentada.
Llegan también después de que la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua generara una crisis diplomática, con la Cancillería enviando un extrañamiento formal a la Embajada y el gobierno federal señalando una violación a la Ley de Seguridad Nacional.
Y llegan mientras la presidenta Claudia Sheinbaum endurece su tono. Durante la ceremonia del 5 de mayo por el aniversario de la Batalla de Puebla, Sheinbaum fue directa: ninguna potencia extranjera dirá a los mexicanos cómo se gobiernan. Somos un pueblo que ama la libertad y la soberanía y que está dispuesto a defenderla.
La tensión entre los dos países lleva meses acumulándose. Con la Estrategia Antidrogas 2026, Washington acaba de formalizar en un documento de más de 100 páginas los instrumentos legales, diplomáticos, militares y económicos que está dispuesto a usar. Lo que queda por definirse es hasta dónde está dispuesto a llegar, y cuál será la respuesta de México.
