El Congreso del Estado de Veracruz ha dado un paso significativo en el ámbito de la justicia y la rendición de cuentas al aprobar una reforma constitucional que elimina el fuero procesal para alcaldes, síndicos y titulares de concejos municipales. Esta modificación permitirá que las autoridades competentes actúen penalmente sin necesidad de obtener una autorización previa del Legislativo.
La reforma al primer párrafo del Artículo 78 de la Constitución Política de Veracruz fue ratificada con un respaldo abrumador de 38 votos a favor, mientras que nueve legisladores se opusieron y hubo una abstención en la sesión de la 67 Legislatura.
Detalles de la reforma y su impacto
La nueva legislación elimina la declaración de procedencia, un proceso que solía ser un formalismo antes de que se pudiera investigar o procesar penalmente a quienes ocupan los mencionados cargos. De acuerdo con la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, el objetivo principal de esta reforma es evitar que la declaración de procedencia obstruya la investigación y el enjuiciamiento de delitos.
Esta modificación es el resultado de una iniciativa presentada por la gobernadora Rocío Nahle García el 17 de septiembre. El dictamen destacó que la declaración de procedencia no se enfoca en determinar la existencia de un delito ni la responsabilidad de una persona, lo que derivaba en situaciones de impunidad.
Alcance limitado de la reforma
Es importante señalar que la modificación se aplica exclusivamente a los cargos municipales especificados y no afecta el régimen existente para otros servidores públicos. La Constitución federal ya establece diferentes regímenes de responsabilidad para las autoridades locales y, de acuerdo con el dictamen, los funcionarios municipales no quedan comprendidos dentro del procedimiento dispuesto en el Artículo 111 para ciertos delitos.
Además, la reforma se inspira en ejemplos de estados como Puebla, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro, donde no se exige una autorización previa del Poder Legislativo para actuar contra los integrantes de los ayuntamientos.
Posturas a favor y en contra de la reforma
Los grupos parlamentarios han manifestado opiniones diversas sobre esta reforma. El diputado de Morena, Alejandro Porras Marín, argumentó que los titulares del poder público no deberían gozar de privilegios ante la ley, subrayando que la reforma no sustituye las funciones de las fiscalías o los tribunales. El coordinador del PVEM, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, también defendió la propuesta, enfatizando que busca prevenir el uso de cargos municipales como un escudo ante las investigaciones penales.
Sin embargo, la oposición ha expresado sus reservas. El coordinador del PAN, Enrique Cambranis Torres, aunque apoyó la eliminación del fuero, cuestionó la limitación de esta reforma a las autoridades municipales. Desde Movimiento Ciudadano, María Elena Córdova Molina criticó que se elimine la protección para algunos cargos mientras se mantiene para otros. Por su parte, la diputada del PRI, Ana Rosa Valdés Salazar, advirtió sobre los peligros de abusos de poder y de la aplicación selectiva de la justicia.
El diputado Héctor Yunes Landa también manifestó su descontento y llamó a los Cabildos a expresar su oposición a la reforma, que ahora deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente para entrar en vigor.
