FGR inspecciona oficinas de Recursos Materiales del INE por contratos bajo investigación
Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron una diligencia en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del Instituto Nacional Electoral (INE), en el contexto de una investigación sobre presuntas irregularidades en contratos de materiales electorales. La inspección comenzó el miércoles 11 de noviembre en la Torre Zafiro II, al sur de Ciudad de México, y continuaba al día siguiente, según información atribuida a fuentes del Instituto.
La intervención ocurre después de que el organismo electoral presentara una denuncia ante la FGR para que se investiguen posibles conductas delictivas y se determinen responsabilidades. Hasta la publicación de la información, la Fiscalía no había respondido a una consulta sobre los detalles de la diligencia.
Qué se sabe del cateo en el INE
El área revisada es la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, encargada de gestionar adquisiciones y servicios del Instituto. La diligencia habría sido realizada por personal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.
La inspección forma parte de las actuaciones relacionadas con señalamientos sobre contratos asignados a empresas proveedoras de insumos electorales. Sin embargo, la existencia de una investigación no implica que se hayan acreditado delitos: corresponde a las autoridades reunir pruebas y establecer si hubo responsabilidades administrativas o penales.
El 6 de noviembre, el INE informó que presentó una denuncia para que se investigaran “posibles conductas constitutivas de delito” y, en su caso, se determinaran las responsabilidades correspondientes.
El origen de las acusaciones por contratos electorales
El caso cobró notoriedad tras la difusión de reportajes y videos en los que aparecen la entonces consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, funcionarios del organismo y José Alfredo Hernández Casillas, empresario relacionado con Cajas Graf, compañía proveedora de materiales electorales.
Las imágenes y revelaciones pusieron bajo escrutinio la relación entre el empresario y servidores públicos, así como las contrataciones otorgadas a empresas vinculadas con él. Entre los montos reportados figura un contrato con un valor máximo de 198.7 millones de pesos para suministrar materiales de la elección judicial de 2025. También se dio cuenta de un contrato por 46.8 millones de pesos, firmado en 2021 con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora.
Los señalamientos sobre posibles conflictos de interés y actos de corrupción deberán ser comprobados por las autoridades competentes.
La investigación también se relaciona con Mario Alfonso Burciaga Esparza, quien encabezaba la Dirección de Recursos Materiales y Servicios hasta hace unas semanas. Su nombre apareció entre los funcionarios que dejaron sus cargos después de que se difundieran las acusaciones, y fue identificado en una grabación de una reunión con Hernández Casillas, Taddei y otras personas.
La denuncia del INE y las declaraciones de Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló el 10 de noviembre que todavía no tenía información sobre los avances de las indagatorias. Explicó que, durante una reunión del gabinete de Seguridad, recibió un reporte según el cual la investigación seguía sin resultados concluyentes.
“Todavía no hay información. Como ustedes saben, ha habido varias denuncias y ellos tienen que hacer sus investigaciones para saber si hay elementos suficientes o qué delito estarían persiguiendo”, dijo la mandataria.
La denuncia del Instituto busca que la Fiscalía determine si las contrataciones y la actuación de servidores públicos o proveedores pudieron constituir delitos. La revisión de la documentación y de las oficinas del área responsable podría aportar elementos para esclarecer cómo se tramitaron los contratos cuestionados.
Renuncias y consecuencias dentro del organismo electoral
La controversia derivó en la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del INE, anunciada el 26 de octubre, y en la renuncia de otros funcionarios relacionados con el área de adquisiciones. La investigación deberá establecer si esas decisiones guardan relación con irregularidades comprobables o si las acusaciones carecen de sustento penal.
Por ahora, la diligencia en la Torre Zafiro II constituye una de las primeras acciones visibles de la FGR en las oficinas del organismo electoral. El avance del caso dependerá de las pruebas que recabe la Fiscalía y de que sus conclusiones permitan determinar si hubo responsabilidades en los contratos de materiales electorales.
